Doble rechazo a la clase política

Mientras los partidos políticos en los últimos años han abandonado la prudencia, abriendo la puerta para que cualquier tipo de actor se eleve a tribuno de la plebe, los resultados de los dos últimos plebiscitos, del 4 de septiembre de 2022 y del 17 de diciembre de 2023, parecen mostrar que la ciudadanía no solo rechaza el auge del voluntarismo de sectores más extremos de la izquierda o la derecha, sino que espera también que la clase política se reencauce y abandone las retroexcavadoras y los desalojos.

El hecho de que ninguna propuesta alternativa a la actual Constitución, una concebida por una mayoría de izquierda en 2022 y otra por una mayoría de derecha en 2023, lograra consensuar el apoyo ciudadano –aunque la ciudadanía votó por cambiar la Carta Magna en 2020–, indica que los chilenos no están dispuestos a cualquier tipo de cambio.

Qué elementos de coincidencia hay entre el rechazo de 2022 y el 2023, entonces, es una pregunta que se hace necesaria, sobre todo, si se considera que ni el “Rechazo” ni el “En contra” fueron totalmente de derecha o totalmente de izquierda. Si se asume que existe un resquemor al extremismo, entonces, ¿cuáles serían los elementos de consenso entre los ciudadanos? Esto es algo que los actores políticos parecen no comprender del todo. Eso refuerza la distancia de la ciudadanía con una clase política que se muestra incapaz de establecer compromisos creíbles y que solo piensa en llevar agua a su propio molino.

A estas alturas, es claro que la ciudadanía no quiere infantilismos revolucionarios ni refundacionales, como tampoco restauraciones conservadoras y, menos, caudillos y asambleas. Lo que la ciudadanía reclama con urgencia a la clase política es el orden propio de una República, donde haya seguridad, crecimiento, libertad económica, libertades personales y políticas, oportunidades educativas, un marco de resguardos y bienestar para todos. La ciudadanía quiere mercados, consumo y también bienestar social. Quiere crecimiento económico, trabajos y bienes públicos accesibles y de calidad. Eso es lo que la clase política no ha logrado compatibilizar, no por culpa de la Constitución, sino porque no tienen la voluntad política de compatibilizar aquello.

El rechazo sucesivo a las propuestas de la izquierda y la derecha en términos constitucionales denota que la ciudadanía ha comprendido lo anterior, es decir, que el problema de fondo no es la Constitución en sentido estricto, sino una clase política que no ha estado a la altura de ese desafío. Es decir, como argumentaba Bobbio, la Constitución no es responsable del tipo de políticos que hoy predominan en nuestra democracia.

El mejor ejemplo de esto es la aún pendiente reforma al sistema de pensiones. Comisiones expertas mediante, los actores políticos han sido incapaces de tomar decisiones adecuadas y mancomunadas para mejorar el sistema. Y, claro, les sale más fácil culpar a la Constitución de todo el embrollo. No es raro que, frente a esa clase política que siempre culpa al empedrado, proliferen entre la ciudadanía la desconfianza y el cansancio.