Opinión
PDI
Desmantelar el tejido social de una sociedad democrática frágil puede ser un proceso relativamente sencillo, pero su reconstrucción es un desafío monumental, esfuerzo que puede extenderse por décadas en el mejor de los escenarios y, en otros, es posible que la recuperación completa nunca se alcance.
Hace algunos años, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un experimentado policía ecuatoriano sobre las emergentes oleadas criminales en el Puerto de Guayaquil, un tema que empezábamos a investigar con gran interés. Su respuesta fue: “La mejor forma de saber cómo enfrentar el crimen es entender claramente qué tipo de crimen estamos enfrentando”. Esta observación resalta uno de los retos más significativos en los esfuerzos latinoamericanos para combatir la amenaza criminal, pues a pesar de su aparente simplicidad, esta idea revela la complejidad de entender los matices a los que nos enfrentamos. No hacerlo puede tener consecuencias graves. En Ecuador, estos eventos iniciales escalaron hasta convertirse en la peor oleada de violencia irracional que ha sacudido al país y que aún se mantiene. Según la Fundación Insight Crime, para el cierre del año 2023, la tasa de homicidios en el país será la más alta de su historia, contrastando con el año 2017, cuando era una de las más bajas de la región junto con Chile.
Actualmente, existe un amplio consenso entre los centros de investigación de la criminalidad y las economías ilícitas: la criminalidad organizada, especialmente en América Latina, está experimentando una reformulación de sus equilibrios y liderazgos, y esto ocurre en paralelo a otras transformaciones sociales, en algunos casos como consecuencia directa de ellas. Una de las principales repercusiones de estas transformaciones es el desdibujamiento de las fronteras tradicionales, acompañado por la aparición de nuevas y complejas alianzas criminales internacionales. Estas alianzas son capaces de implementar nuevos modelos y prácticas o de imponer sus propias estructuras mediante la violencia.
Este fenómeno se ve exacerbado por una gobernanza frágil y una corrupción arraigada, que socavan el Estado de derecho y la estabilidad, facilitando la captura del Estado por estas redes criminales. Esta situación es particularmente grave, ya que desmantelar el tejido social de una sociedad democrática frágil puede ser un proceso relativamente sencillo, pero su reconstrucción representa un desafío monumental, esfuerzo que puede extenderse por décadas en el mejor de los escenarios y, en algunos casos, es posible que la recuperación completa nunca se alcance.
Es común limitar la noción de criminalidad organizada al narcotráfico. Si bien no es un enfoque erróneo, resulta limitado. La criminalidad organizada abarca una diversificación de actividades que incluye nuevos mercados, exigiendo modelos criminales innovadores y complejas economías ilícitas. Ejemplos destacados se encuentran en Perú, donde la falsificación de dinero, particularmente dólares estadounidenses, y documentos oficiales, incluyendo títulos universitarios de cualquier parte del mundo, así como productos de marcas exclusivas, han alcanzado un nivel de perfección que posiciona al país como líder regional en esta área.
Investigaciones de campo recientes revelan que en Lima los productos falsificados ingresan al mercado casi en paralelo con su lanzamiento oficial, disfrutando de una alta demanda. En México, los carteles que tradicionalmente se han enfocado en el narcotráfico, ahora se expanden a la distribución de medicamentos falsificados para tratar el cáncer, la hipertensión y otras enfermedades crónicas. Estos productos no solo se venden en mercados informales, sino también en establecimientos farmacéuticos legítimos, que han surgido exponencialmente en el último tiempo, un fenómeno observado también en otros países y cuyos dueños o controladores finales son difíciles de identificar.
También sorprende el modelo de explotación ilegal de oro en la Amazonia boliviana y peruana, así como en Venezuela y Colombia, actividad que está controlada por redes criminales y organizaciones transnacionales que someten a personas a condiciones de explotación y semiesclavitud, destruyendo además el medio ambiente. Este oro ilícitamente obtenido se blanquea fácilmente en economías formales, sirviendo como una potente divisa de negociación criminal.
Estas y otras manifestaciones del crimen organizado se ven facilitadas por su capacidad de operar de manera invisible, controlando territorios que tradicionalmente han sido zonas ciegas o marginales para el Estado, a menudo con la protección de autoridades o élites políticas corruptas. El crimen organizado no solo fomenta la corrupción, sino que también causa devastación ambiental, genera inestabilidad y obstaculiza el desarrollo económico formal, lo que a su vez contribuye a la ausencia o debilitamiento del Estado.
En el ámbito carcelario, la influencia del crimen organizado se intensifica notablemente. Las cárceles, en muchos casos, se transforman en centros de mando y control para operaciones criminales, en algunos casos con la complicidad de integrantes de los servicios penitenciarios. Un ejemplo destacado es el modelo desarrollado por el Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil. Inicialmente subestimado por las autoridades, este modelo ha demostrado ser exitoso en cooptar y utilizar las estructuras carcelarias para expandir y fortalecer amplias redes criminalizadas, una fuerte advertencia para nuestra realidad, ya que es innegable que todo modelo exitoso, en cualquier ámbito, tiende a replicarse en condiciones similares.
El escenario actual en Chile plantea interrogantes críticas sobre nuestro futuro y la capacidad del país para enfrentar la criminalidad organizada, la que lamentablemente muchas veces está más organizada que el Estado y sus instituciones. En esta nueva realidad, no deberíamos subestimar la capacidad de transformación de nuestra criminalidad local, en Ecuador, por ejemplo, lo que inicialmente se consideraron pandillas intrapenitenciarias fragmentadas, evolucionaron para operar como subcontratistas de poderosas organizaciones criminales extranjeras. Hoy, estas “pandillas” han avanzado hacia la autonomía, extendiendo su presencia y formando alianzas criminales más allá de sus fronteras nacionales.
Es fundamental, también, perfeccionar nuestro entendimiento de los flujos económicos ilícitos. Las estructuras criminales organizadas necesitan blanquear sus ganancias y canalizarlas hacia el mercado formal, un proceso complicado por la diversidad de actores que el crimen necesita involucrar y controlar. En este contexto, la lucha contra la corrupción y la imposición de condena jurídica y social debe ser ejemplarizadora. Sobre todo en una región donde observamos cómo la criminalidad es capaz de potenciar la conflictividad social ante la ausencia del Estado.
Finalmente, el esfuerzo para combatir la criminalidad será insuficiente si no fortalecemos nuestra fuerza penitenciaria, equipándola con herramientas y atribuciones similares a las de nuestras fuerzas policiales. Esto incluye la modernización acorde a los nuevos desafíos, la profesionalización a través de inteligencia mejorada, mayor integración y capacitación, la colaboración con fuerzas penitenciarias internacionales, robustos mecanismos de control interno, y una infraestructura adecuada para prevenir la infiltración criminal.
Una sociedad influenciada por la criminalidad corre el riesgo de convertirse en cómplice, marginando al Estado y sus instituciones. La situación actual requiere un consenso basado en una reflexión profunda sobre cómo enfrentar estos retos en un mundo cada vez más complejo y conectado por una nueva criminalidad organizada.
