Opinión
Agencia Uno
El resultado en estos comicios se ajustó a la tradición: 82% de participación marcaron las rurales, 85% las urbanas y 88% las mixtas. Para ponerlo en otros términos, dos de cada diez habitantes de zonas rurales no expresaron su decisión en las urnas.
Varias voces y análisis posicionaron a la derecha poselecciones como la fuerza política triunfadora en los sectores rurales. Y a propósito de las palabras que se leen de representantes de partidos políticos de Chile Vamos y Republicanos en medios de comunicación, sobre la tesis de la derechización del espacio rural, queda la sensación de cierto nivel de satisfacción de algunos de ellos respecto del desempeño electoral obtenido en las comunas rurales en el pasado plebiscito del 17 de diciembre.
Aunque es innegable que la derecha chilena mantiene históricamente una base electoral fuerte en ciertas comunas rurales, sería oportuno traer algunos matices a la discusión sobre la derechización de la ruralidad en Chile revisando los resultados arrojados en el último plebiscito. Desde Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, hemos realizado un seguimiento sistemático al balance electoral en todo el proceso constitucional, poniendo especial atención al comportamiento democrático-electoral en las comunas rurales del país.
Primero, no se puede olvidar que el historial electoral en las comunas rurales da cuenta de que obtienen en promedio menores porcentajes de participación que sus pares urbanas y mixtas. El resultado en estos comicios se ajustó a la tradición: 82% de participación marcaron las rurales, 85% las urbanas y 88% las mixtas. Para ponerlo en otros términos, dos de cada diez habitantes de zonas rurales no expresaron su decisión en las urnas. Más allá de la identificación ideológica de estos espacios en función de sus preferencias expresadas en apoyo a una u otra fuerza política, los datos debieran preocuparnos a la luz del ausentismo –o, más bien, exclusión– democrático.
La “buena noticia” es que las comunas rurales mantuvieron el porcentaje promedio de participación electoral entre los plebiscitos de 2022 y 2023, mientras que las urbanas y mixtas disminuyeron en promedio dos puntos. Hay un cierto fenómeno de “fidelidad electoral” en la ruralidad chilena interesante de revisar en estos procesos políticos de carácter nacional, que no son tan comunes en nuestra historia democrática, pero que sigue preocupando por los menores niveles de convocatoria en las elecciones.
En segundo lugar, la exclusión electoral en las comunas rurales tiende a reproducir el modelo de “mayor participación en el centro”: el porcentaje promedio de votación es considerablemente crítico en los extremos norte y sur del país. Las tasas de participación rural de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá oscilan entre el 55% y el 67%, mientras que las de Aysén y Magallanes marcan 68% y 60%, respectivamente. Y en paralelo, el desempeño electoral de las comunas rurales tiene una alta convocatoria entre las regiones de Coquimbo y Biobío, con porcentajes de participación que van desde 84% a 91%.
Tercero, y a propósito de la tesis de la derechización del espacio rural chileno, los resultados de estas elecciones nos muestran que no se observa con tanta claridad una fuerza política ganadora. No tan solo porque en el 51% del total de las comunas rurales del país la opción “En contra” (apoyada por la fuerza oficialista de izquierda) se impuso como la ganadora, sino que sobre todo porque las alternativas “En contra” y “A favor” estuvieron muy disputadas en casi todas las comunas rurales del país. Hay salvedades en ambos casos, como en Colchane (82% “A favor”) o Isla de Pascua (69% “En contra”), pero que también coinciden con disminuciones significativas en el nivel de participación (-12% y -16%, respectivamente).
Es cuestionable, desde este punto de vista y observando estas elecciones, que el espacio rural sea el “bastión” de una u otra fuerza política. En esa dirección, no pareciera saludable etiquetar o encasillar la ruralidad chilena bajo un eje o clivaje ideológico determinado, porque se tiende a estigmatizar a las personas y dinámicas propias de los territorios (que van mucho más allá de “las costumbres del campo”).
La menor participación en la vía electoral del espacio rural debiera seguir siendo el foco de preocupación, en el sentido que se mantienen barreras de distinta naturaleza que están excluyendo a un grupo importante de la población (dos de diez personas). El 2024 será otro año electoral, pero con el lente puesto en cargos democráticos de relevancia para el desarrollo regional (gobiernos regionales) y local (municipalidades), es decir, procesos electorales más cercanos al carácter territorial.
Tal vez sea un buen momento para evaluar estrategias de politización del espacio rural que se atrevan en avanzar desde la electoralización política a la territorialización de la política, esto es, poner en diálogo y discusión las tensiones presentes en la diversidad de ruralidades presentes en el país (muchas de ellas relacionadas con los efectos de la crisis climática: el problema hídrico, la seguridad alimentaria y los desastres socioambientales) y convertirlas en proyectos que tengan cabida en programas y planes de gobierno.
Es un desafío para las instituciones democráticas, sin duda, porque invita a las fuerzas políticas a readaptar sus posturas a las nuevas inquietudes y demandas del territorio, pero necesario de asumir si nos importa que nadie del lugar rural se quede fuera de la casa común.
