Opinión
Latinoamérica21
Como es bien sabido, la Abu Dhabi National Oil Company, la compañía dirigida por este sultán, estará invirtiendo al menos 150.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para aumentar la perforación de las reservas de gas y petróleo.
La COP28 tuvo, de manera sorprendente, una suerte de final feliz en la calurosa ciudad de Dubái, a unas cuantas millas de distancia de las mayores reservas de gas del mundo. Con un enérgico golpe de martillo, Sultan Al Jaber, presidente de la COP28, dio por clausurada una conferencia que estuvo al borde del fracaso. “El mundo debe emprender un nuevo camino –dijo Al Jaber–. Siguiendo nuestra Estrella Polar, encontramos este camino”.
Como es bien sabido, la Abu Dhabi National Oil Company, la compañía dirigida por este sultán, estará invirtiendo al menos 150.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para aumentar la perforación de las reservas de gas y petróleo. La euforia reinante en la lujosa sala de Dubái era, también por ello, justificable, si se toma en cuenta que el grupo de países exportadores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita, habían logrado la redacción de un texto en el que no se mencionaban ni la eliminación gradual de los combustibles fósiles ni la ampliación de las energías renovables.
La verdad es que, a pesar de todas las dudas, de por sí justificadas, el resultado del primer balance mundial de la COP28 puede ser considerado un logro sustancial, que servirá de base para las próximas negociaciones climáticas a nivel global. A pesar de que no se acordó, de manera clara, una salida de los combustibles fósiles, se pudo redactar un texto que mantiene en pie “hacer una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, a fin de lograr cero emisiones netas para 2050”. Además de ello, el documento llama a “triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa anual promedio global de mejoras en la eficiencia energética para 2030”. También en el capítulo de la mitigación –que fue el más controvertido este año–, se plantea el objetivo de “acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente la utilización incesante de la energía basada en carbón”.
Aunque parezcan banales, estos tres grandes objetivos de mitigación fueron mucho más controvertidos que los temas de financiamiento, que estuvieron en el centro del debate hace un año en la COP27 de Egipto. Por primera vez la Conferencia Mundial del Clima, que reúne a casi 200 países, se pone de acuerdo en poner fin a los combustibles fósiles.
No es nada trivial llegar a un consenso global en torno a una transición que implica muchos riesgos y enormes costos para sectores fundamentales de la economía de no pocos países. Como ya lo había constatado la Agencia Internacional de Energía (IEA), el consumo mundial de carbón alcanzó un nuevo máximo histórico en 2022 y se mantendrá cerca de ese nivel récord este año, debido al fuerte crecimiento en Asia. En 2021, China y la India ya representaban dos tercios del consumo mundial, lo que significa que los dos países juntos utilizaron el doble de carbón que el resto del mundo combinado. En 2023, su participación se acercará al 70%. Como es de suponer, reducir el carbón en estos países implica costos sociales y económicos enormes.
Como bien se sabe, la región, en su conjunto, no está en la lista de los mayores emisores de CO2, aunque México por separado está en el puesto 14. Sin embargo, la región no queda exenta de las dificultades de eliminar la producción de carbón. Por lo menos tres países deberán tomar decisiones cruciales para abandonar la extracción de carbón: Colombia, México y Chile, entre otros. Aunque no tenga la importancia de China en el consumo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo. “El principal rol del carbón en Colombia no es la generación de energía, sino de divisas”, dice Paola Yanguas-Parra, economista de política y transición energética del Fossil Exit Group de la Universidad Técnica de Berlín.
Chile, por su parte, cuenta con 28 centrales termoeléctricas para la producción de energía en base al carbón. En México, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en 2020 y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. De acuerdo con los expertos, la política energética en México pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Aparte del carbón, la extracción de petróleo continúa siendo un reto para algunos países latinoamericanos. Según la IEA, tres países de la región jugarán un importante papel en el nuevo auge del petróleo en el mundo: Brasil, Guyana y Argentina. Argentina experimenta un crecimiento en su producción de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto en el mundo. Guyana está captando el centro de la atención después de haber sido descubiertas reservas probadas de crudo, que podrían llevar a producir 1,2 millones de barriles diarios para 2028. Esto convertiría a Guyana en el país con mayor producción de barriles per cápita, superando a Kuwait. Ante estas perspectivas, es comprensible que este país pierda el interés por renunciar a la extracción de petróleo. Brasil, el país más grande de América del Sur, ha duplicado su producción de petróleo en los últimos 20 años, alcanzando los 3 millones de barriles por día en 2022. La verdad es que Brasil tuvo poco tacto en la COP28 al anunciar su ingreso en la OPEP+, después de haber prometido alejarse de los combustibles fósiles. Es bien sabido que históricamente Venezuela, México, Ecuador y Colombia han sido líderes de la producción petrolera en la región.
La relación de Lula con el petróleo es complicada y ambivalente. Cuando se descubrieron enormes reservas en las costas brasileñas en 2006, Lula dijo: “Este descubrimiento… demuestra que Dios es brasileño”. No solo en Brasil, sino también en Ecuador y Venezuela, la fase extractivista, estimulada por los aumentos acelerados de los precios de petróleo, ayudó a financiar los programas sociales en beneficio de los pobres. Para lograr una transición justa en Brasil y Colombia será necesario formular una estrategia de largo plazo en la que tanto la tarificación del carbón como el cambio de la matriz energética deberán cumplir un papel importante.
En muchos países de América Latina, África y Asia una transición justa hacia economías con cero emisiones es, bajo las actuales condiciones, prácticamente imposible. La carga de la deuda externa creció exageradamente sobre todo después de la epidemia del COVID-19 y se ha acentuado con la subida de las tasas de intereses en los países acreedores. La estructura de los acreedores de la mayoría de países latinoamericanos ha cambiado en los últimos años. Los tenedores privados se han convertido en los acreedores más importantes.
Como lo indica la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “a pesar de los perfiles relativamente favorables de amortización de la deuda soberana, la considerable necesidad de refinanciar la deuda a corto plazo expone a los países a la volatilidad del mercado, sobre todo cuando suben las tasas de interés”. Bajo estas condiciones, la financiación climática en forma de créditos es bastante cuestionable. Por eso las críticas de muchos líderes de países en desarrollo hacia las naciones ricas como Estados Unidos, Europa y Japón son más que justificadas.
La dinámica y los resultados de la COP28 y del Acuerdo de París parecen contradecir los análisis de las relaciones internacionales basados en el llamado neorrealismo. También en esta recién finalizada conferencia climática se ha podido observar que, con el Acuerdo de París y actores claves como el Grupo Internacional de Cambio Climático (IPCC), ha surgido una institucionalidad internacional que no puede ser cuestionada tan fácilmente. El intento frustrado de Arabia Saudita de boicotear la conferencia es una muestra de ello.
Un enfoque constructivista podría permitirnos obtener un análisis más cercano a la realidad de la cooperación climática. Dicho enfoque podría ofrecer una visión más amplia, especialmente para gobiernos que como el de Brasil debieron afrontar una posición ambivalente al pedir de los países ricos compromisos que ellos mismos no están en condiciones de cumplir. Por su parte, la iniciativa mostrada por el gobierno colombiano podría verse coronada con el éxito si va acompañada de una visión más pragmática de las relaciones internacionales.
Si bien es cierto que el acuerdo logrado no es jurídicamente vinculante, el mensaje para los gobiernos y los líderes empresariales es bastante claro: el abandono de los combustibles fósiles y la promoción de las energías renovables son prácticamente imparables. Esto es así porque el cambio climático es una amenaza para todos por igual. Pensar que por tener ejércitos más poderosos o sistemas financieros más estables se está en mejores condiciones de afrontar el problema es tan ilusorio como pregonar un negacionismo populista del problema. En cualquier escenario los daños y las pérdidas serán tan considerables como el malestar y la protesta ciudadana.
Partiendo de un enfoque constructivista, la única alternativa razonable es la de desarrollar estrategias inteligentes de mitigación y adaptación. Muchos actores deberán cuestionar incluso el concepto Sur Global, que hasta ahora tiene una connotación, si no contradictoria, por lo menos muy difusa y poco operativa a la hora de implementar estrategias razonables contra el cambio climático. Si tanto Arabia Saudita –país negacionista del cambio climático– como China –el más grande emisor de gases– son, entre otros similares, parte del Sur Global, muy difícilmente se podrán compaginar los intereses de los países centroamericanos y los Estados insulares, tan vulnerables al cambio climático, con los de dichos países.
Colombia, Chile o Brasil son países latinoamericanos miembros de la llamada Coalición de Asociaciones Multinivel de Alta Ambición (CHAMP) para la acción climática, establecida con el fin de mejorar la cooperación en la planificación, financiamiento, implementación y monitoreo de estrategias climáticas, incluidas, entre otras, las determinadas a nivel nacional. Tanto Alemania como la Unión Europea son igualmente miembros de dicha coalición. América Latina y el Caribe ofrecen enormes potenciales para desarrollar un liderazgo global por una transformación justa. Por eso es importante estrechar la cooperación climática al interior de la región, buscando puntos de consenso para lograr una alianza contra el negacionismo.
