Opinión
La obstrucción de la derecha no le niega los recursos al Gobierno, le niega los recursos al pueblo de Chile, que demanda del Estado más seguridad, que mejoren las pensiones y se terminen las listas de espera.
El rechazo de la reforma tributaria fue un golpe contundente a las aspiraciones para un país más equitativo y justo en términos tributarios, detrás de las cifras y los números, esta decisión tiene consecuencias concretas en la vida de la ciudadanía, especialmente para aquellos que necesitan de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una atención médica sin interminables listas de espera, seguridad y un sistema de cuidados que realmente funcione.
Las pequeñas y medianas empresas resultaron gravemente perjudicadas en todo ese proceso, ya que la reforma tributaria aumentaba impuestos solo a los superricos y, por el contrario, disminuía la base imponible a las pymes. La derecha demostró una vez más su falta de compromiso con la justicia social y la distribución equitativa de la carga tributaria. En este sentido, esperamos que, de cara a la reapertura de la discusión sobre un pacto fiscal, ahora llamado Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, algunos de los acuerdos históricos que han permitido el crecimiento del país, como el establecimiento de un 27% al impuesto de primera categoría, se mantengan.
Los datos del informe del SII sobre incumplimiento tributario revelaron que la evasión y elusión del impuesto corporativo es de más del 50%. El nivel de incumplimiento tanto en el pago del IVA como de impuesto de Primera Categoría equivale a un 6,5% del PIB para los años 2018 a 2020, lo que equivale a 9,2 veces el dinero para financiar la PGU, 4,3 veces lo que cuesta extender el sistema de cuidados infantil o el costo de 90 hospitales de 100 millones de dólares. Esta realidad es alarmante, impacta negativamente en la recaudación y afecta el principio de la justicia tributaria. La gente común y corriente paga todos sus impuestos, mientras que los grandes empresarios solo pagan la mitad de los tributos que les corresponden, afectando el mejoramiento de la calidad de vida de las chilenas y los chilenos. Es urgente crecer con igualdad, que el trabajo de todos y todas haga crecer nuestro país.
En este contexto, la urgencia de un cambio en la estructura tributaria se vuelve más evidente que antes. Los objetivos de este Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal son mejorar la recaudación para financiar derechos sociales, modernizar el Estado, fortalecer la transparencia del gasto público y, así, llevar a Chile al desarrollo.
El Presidente Boric ha anunciado el envío de proyectos de ley para avanzar con el pacto fiscal. Primero, el que fortalece la institucionalidad tributaria para mejorar sustantivamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias con una potente agenda antievasión y elusión, como el levantamiento del secreto bancario, la creación del “Domicilio electrónico”, la posibilidad de “rehabilitación del contribuyente”, el “Denunciante Anónimo Tributario”, entre otras más. Asimismo, valoramos la propuesta de reformar el impuesto a la renta para subir la carga al ingreso de los superricos, porque de lo que se trata no es solo de recaudar más fondos, sino de garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera justa, para que, quienes ganan más, aporten más. Es un tema de justicia tributaria. Celebramos estas iniciativas y estamos en disposición para avanzar en justicia social y tributaria.
Por otra parte, nos parece impresentable la propuesta de la CPC y sus gremios, que beneficia a las grandes empresas, en detrimento de las necesidades fiscales y sociales de nuestro país. En lugar de abordar las crecientes demandas de nuestra ciudadanía, la propuesta se centra en la reducción del impuesto de primera categoría, proponiendo una reducción del 27% al 23% y una tasa marginal combinada máxima de 35%. Esta medida solo favorece a aquellos que por años se han enriquecido a costa de evadir y eludir impuestos, pagar malos salarios y tener condiciones laborales deplorables para sus trabajadores y trabajadoras. En síntesis, los ricos piden que la cuenta del país les salga más barata y que la terminen pagando las trabajadoras y los trabajadores.
La obstrucción de la derecha no le niega los recursos al Gobierno, le niega los recursos al pueblo de Chile, que demanda del Estado más seguridad, que mejoren las pensiones y se terminen las listas de espera. Sin embargo, son ellos quienes se cierran al diálogo del pacto fiscal, por lo que pedir más capacidades y herramientas sin ofrecer una fuente de financiamiento demuestra una inmensa irresponsabilidad y desinterés en solucionar los problemas reales de la gente. ¿Cómo pretenden abordar las demandas de seguridad sin recursos?
Por eso hoy abogamos por el pacto fiscal, que representará un paso adelante hacia un Chile desarrollado y con justicia social, porque de lo que se trata es de avanzar en garantizar derechos sociales con financiamiento directo y permanente, para financiar la PGU y mejorar las pensiones, terminar con las listas de espera en salud, aumentar la seguridad en poblaciones y políticas públicas que se sostengan en el tiempo.
