Opinión
Diego Martin/AgenciaUno
Lo que un análisis estadístico medianamente responsable debiese hacer es comparar, en una primera instancia, los resultados del año 2022 con los años prepandémicos.
En este escrito me propongo rebatir los argumentos presentados por la senadora RN Paulina Núñez en su columna “El 2024 y la crisis de seguridad: no más excusas”, publicada el 8 de enero en El Mostrador.
Sostengo que la presentación e interpretación de los datos que la senadora realiza son sesgados y profundamente tendenciosos. Pareciera ser que su finalidad no es la de analizar de un modo fehaciente y responsable la denominada “crisis de seguridad” en el Chile actual, sino simplemente fundamentar una posición política que tienda a la conformación de un Estado autoritario, con el fin de apaciguar la crisis de hegemonía experimentada por los sectores gobernantes. En este sentido, la posición de Núñez es solo un ejemplo de la derechización de la derecha transicional, dispuesta a bailar la música puesta por la extrema derecha radical. La táctica, según se observa en las intervenciones tuiteras de su adelantado candidato presidencial, José Antonio Kast, también se nutre de imputar al Presidente Gabriel Boric y su gobierno la responsabilidad sobre cada hecho delictivo ocurrido en el país.
Para afirmar que la crisis de seguridad se ha profundizado, la senadora Núñez presenta como primera evidencia que hubo “un 5,5% de aumento de los delitos de mayor connotación social respecto del 2022, sin contar que el año que recién pasó dichos delitos se incrementaron un 45,3% en relación con 2021”. La estadística presentada es parcial e incompleta, ya que sugiere que, durante los últimos dos años, los delitos de mayor connotación social han aumentado más de un 50%.
Un análisis estadístico con mínimas pretensiones de veracidad debiese transparentar que el extraordinario incremento registrado entre los años 2021 y 2022 (45,3%) se explica en gran medida por el cambio en los “patrones de conducta” que experimentaron las sociedades en el contexto pandémico durante los años 2020-2021. En su condición de parlamentaria, la senadora Núñez debiese ser consciente de que el alza de 45 puntos se explica en gran medida por el Estado de catástrofe que implementó el gobierno de Sebastián Piñera entre marzo de 2020 y octubre de 2021, medida que mantuvo al país bajo estricto toque de queda y excepcionalidad durante 18 meses, todo un récord a nivel mundial en el “combate a la pandemia”, y que entre otras cosas impedía el libre tránsito de la población, reduciendo por estos motivos los índices de criminalidad. Al igual que todo su sector, Núñez ha promovido y votado tanto en la Cámara Baja como en el Senado la prórroga indiscriminada de las más diversas modalidades del Estado de Excepción.
De este modo, lo que un análisis estadístico medianamente responsable debiese hacer es comparar, en una primera instancia, los resultados del año 2022 con los años prepandémicos. Así, lo que realmente se observa en el año 2022 es una disminución de los delitos de mayor connotación social, en comparación con los años que antecedieron al bienio 2020-2021. Así, de acuerdo con el registro entregado por Carabineros de Chile en su Balance Anual Labor Policial (2022), si el 2019 hubo 526.796 delitos de mayor connotación social (entre robos, robos con violencia y robos con fuerza), el año 2022 esa cifra disminuyó a 459.783.
Por supuesto, una lectura interpretativa científicamente veraz y políticamente responsable no significa en absoluto desconocer o matizar el significativo aumento en los índices de criminalidad en el país. Sin embargo, es necesario reconocer también que, a nivel comparativo, Chile se encuentra entre los últimos lugares del índice de criminalidad en América Latina.
Del mismo modo, una lectura ponderada de la denominada crisis de seguridad no significa desconocer la alarmante diversificación de los delitos a través de formas “no tradicionales” como la extorsión y el secuestro. Incluso, una interpretación que desee abordar seriamente este tema debe estar dispuesta a asumir el debate abierto sobre la narcocultura, digerible para la política y el mercado en tanto fenómeno de masas, pero absolutamente discordante con la agenda punitivista impulsada por los más diversos sectores, desde el conservadurismo concertacionista hasta la extrema derecha.
La segunda evidencia estadística presentada por la senadora Núñez refiere a las cifras entregadas por la ENUSC, la que muestra la cifra más alta en la percepción de inseguridad, un 90,6%. Sin detenerse ni ofrecer el más mínimo análisis en torno a los extraordinarios porcentajes de percepción de la violencia que se han disparado durante los últimos años en el país, la senadora Núñez interpela directamente a Gabriel Boric y al gobierno para emplazarlo a actuar con más decisión.
Dejaremos en este escrito una pregunta sociológica básica para la senadora Núñez y su grupo de asesores legislativos. ¿De qué manera explican el hecho de que Chile aparezca en el número uno del ranking mundial en términos de percepción de la violencia y, al mismo tiempo, se encuentre entre los países con los índices más bajos de criminalidad en América Latina y el Caribe? ¿Cómo se explica este “plusvalor”? ¿Tendrá algo que ver la atmósfera mediática reproducida por los medios de comunicación y la denominada “agenda de seguridad”?
Nuevamente, esto no significa desatender los exorbitantes niveles de inseguridad que experimenta la población chilena en la actualidad, sino preguntarse cuáles son las causas que los provocan. Sus causas, por cierto, van más allá de los índices “reales” de criminalidad o la acción particular de un gobierno.
Respecto de esto último, la senadora Núñez también asevera que estamos ante un gobierno ideologizado que “no reacciona”. Una reciente investigación realizada por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia pone en entredicho dicha afirmación, mostrando que en los años 2022-2023, que corresponden a los de la administración Boric, se ha experimentado un frenesí legislativo en materia de seguridad que ha implicado la publicación de 100 leyes: 14 de ellas aumentan las atribuciones de las policías; 10 dedicadas al fortalecimiento de la seguridad en los espacios públicos y regulación de la seguridad privada: y 8 que agravan penas, siendo este frenesí legislativo el más relevante en materia de seguridad durante todo el período de posdictadura.
La columna de la senadora Núñez no es más que la palpable muestra de lo que ella misma dice criticar, ya que “continúa con ideología en su actuar, pero también con una falta de foco completo en las prioridades. Ideología y desconexión son una pésima combinación. Quienes terminan pagando por esos graves errores son, en definitiva, las personas que solo buscan vivir en paz y tranquilidad”.
Senadora Núñez, la dignidad del cargo merece algo más de veracidad científica y responsabilidad política.
No más excusas.
