Opinión
Diego Martin/AgenciaUno
El correcto funcionamiento de la administración del Estado y el respeto a la integridad personal son dos pilares esenciales en los cuales se sustenta el Estado de derecho. Por lo mismo, la lucha para la erradicación de la corrupción y la tortura debe ser un compromiso de todo el aparato público.
Durante los últimos años, más allá de las múltiples contingencias políticas y sociales, los casos de corrupción han venido ocupando un espacio permanente en la agenda pública. Un fuerte eco ha generado el megafraude de oficiales de Carabineros de Chile, el fraude en el Ejército, y distintos casos de funcionarios de Gendarmería por corrupción y tráfico de drogas, investigaciones a funcionarios activos de la PDI por contrabando y corrupción en el Aeropuerto de Santiago, son solo algunos ejemplos de cómo este flagelo cada día se extiende más en los distintos órganos del Estado.
El 2023 no fue la excepción y fuimos testigos de graves prácticas como las reveladas en el caso Convenios, corrupción en los gobiernos locales (municipales y regionales), el caso Audios y el megafraude tributario, que vienen a confirmar la preocupante presencia de la corrupción en distintos órganos públicos.
Si bien mucho se ha destacado el poder corrosivo de la corrupción para la democracia y el Estado de derecho, así como sobre sus efectos devastadores en el desarrollo de los países, además de su capacidad de alterar los mercados y favorecer el surgimiento de crimen organizado nacional y transnacional, terrorismo u otras amenazas para la seguridad humana, muy poco se ha señalado sobre la estrecha vinculación que tiene la corrupción con los derechos humanos y, específicamente, con la lucha para la erradicación de la tortura y los malos tratos.
Distintos instrumentos internacionales –regionales y universales– en el último tiempo han reconocido el efecto catastrófico que tiene la corrupción para la democracia y su impacto negativo para construir instituciones eficaces, transparentes y responsables. Al mismo tiempo, han explicitado cómo este flagelo no solo merma la capacidad de los Estados para prevenir las violaciones a los derechos humanos sino que, por el contrario, crea condiciones propicias para que se produzcan mayores vulneraciones.
En ese sentido, entre corrupción y violación a los derechos humanos existe una estrecha relación, según indicó un informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas el año 2014, toda vez que el debilitamiento de las instituciones públicas va generando las condiciones sociales que propician la violación de los derechos humanos.
En el ámbito de la privación de libertad, custodia o cuidado, la tortura y la corrupción pueden interactuar de distintas maneras. Por lo general, los malos tratos son ejecutados por funcionarios públicos para reafirmarse en su poder. Se manifiestan como ofertas de “condiciones especiales” de privación de libertad (comida, régimen especial de visitas, acceso a medios de comunicación y entretención, destinación a dependencias especiales, etc.) a cambio de dinero u otro tipo de prestaciones por parte de las personas privadas de libertad, sobre todo en aquellos países donde el contexto de privación de libertad está por debajo de las condiciones mínimas de dignidad; principalmente en Estados con inestabilidad política y donde la violencia está naturalizada, los funcionarios públicos solicitan dádivas o favores a cambio de otorgar a las personas seguridad o protección.
Distintos factores podrían favorecer la proliferación de corrupción y tortura en los espacios de privación de libertad, como, por ejemplo, las bajas remuneraciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, situación que los haría más susceptibles a recibir dádivas o privilegios ilícitos, como asimismo el desarrollo de procesos judiciales ineficientes, lo que fomenta una cultura de la impunidad entre funcionarios públicos corruptos, entre otros factores.
Desde una óptica preventiva, se podría decir que la corrupción es un gran factor de riesgo que puede propiciar situaciones de malos tratos y tortura. Para evitar que la corrupción y sus negativos efectos se sigan expandiendo dentro de los órganos públicos es fundamental que, en forma enérgica, pasemos a la acción.
Los informes internacionales mencionados han documentado a nivel global ciertas medidas urgentes que han tenido la capacidad de impedir que el virus de la corrupción y la tortura se siga expandiendo en las instituciones públicas: mecanismos de protección para las personas denunciantes y para operadores de justicia encargados de las investigaciones de ambos fenómenos criminales, el fortalecimiento de la prensa y protección reforzada a la libertad de expresión de medios que denuncian este tipo de casos, el mejoramiento de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los servicios públicos, especialmente aquellos vinculados al sistema de justicia penal, el robustecimiento de los sistemas de monitoreo externo e independientes a instituciones de privación de libertad, la sustanciación de investigaciones penales de acuerdo al principio de debida diligencia y sanciones ejemplificadores a los responsables de casos de tortura y corrupción, son algunos ejemplos de medidas concretas que pueden tener un impacto real en la lucha para la erradicación de ambos flagelos.
El correcto funcionamiento de la administración del Estado y el respeto a la integridad personal son dos pilares esenciales en los cuales se sustenta el Estado de derecho. Por lo mismo, la lucha para la erradicación de la corrupción y la tortura debe ser un compromiso de todo el aparato público. Solo el actuar coordinado y comprometido de las instituciones tiene la capacidad de impedir que las predicciones catastróficas para el futuro de país –a propósito de la situación que atraviesan otros países de la región– se vuelvan realidad. Para ello, es trascendental incluir la perspectiva de derechos humanos en la compleja ecuación de la seguridad.
