Opinión
La Ley de Lobby justamente busca que exista una mayor trazabilidad de las decisiones que toman las autoridades, ya que juntarse con empresarios no es ilegal –de hecho, es necesario en una democracia–, pero el problema reside en no saber cuáles fueron los antecedentes de las reuniones.
Hace poco se revelaron las múltiples reuniones que tuvieron diversos ministros de Estado con el lobbista Pablo Zalaquett, las cuales no fueron ingresadas en el registro que existe actualmente bajo la Ley del Lobby.
Algunos aducen que aquí hubo corrupción (no necesariamente), pero el problema de estas reuniones es la poca transparencia que representa el no registrarlas, pues no solamente se ocultó qué ministros participaron, sino también los empresarios con los que se reunieron, información que la propia ministra Tohá y el ministro Van Klaveren no quisieron transparentar.
La Ley del Lobby justamente busca que exista una mayor trazabilidad de las decisiones que toman las autoridades, ya que juntarse con empresarios no es ilegal –de hecho, es necesario en una democracia–, pero el problema reside en no saber cuáles fueron los antecedentes de las reuniones. Asimismo, necesitamos saber quiénes intentaron influir en decisiones de política pública. Gracias al registro de lobby, aquellos que buscan influir en las decisiones de las autoridades pueden conocer si existen personas con ideas contrarias que están intentando influir en el debate (a través de estas reuniones), pudiendo solicitar la misma instancia sobre la base de eso, generando una mayor igualdad de trato en las oportunidades políticas que se otorgan.
Pero, en este caso, no solamente es un problema a nivel de lucha contra la corrupción, sino que también está involucrada la protección del medio ambiente, pues varios de los grupos económicos que están detrás de estas reuniones (AquaChile, Blumar, Grupo Luksic, entre otros) poseen activos en empresas que afectan el medio ambiente, especialmente en lo relacionado con productos marinos.
La reunión más importante para este análisis (develada por Ciper) fue aquella consumada por los ministros Grau y Rojas, justamente para acercar posturas entre diferentes empresarios de la salmonicultura, entre ellos, Rodrigo Sarquis, dueño de Blumar.
Tres semanas después de la reunión, el Gobierno presentó una nueva Ley de Pesca, sobre la cual es necesario mencionar que quita ciertos beneficios a la industria pesquera y aumenta cuotas para la pesca artesanal. Sin embargo, aquí radica también la importancia de transparentar estas decisiones, pues no hacerlo puede que genere desconfianza en la ciudadanía, especialmente si semanas después de las reuniones se presenta un nuevo proyecto de ley sobre la misma problemática.
El lobby ya está regulado. Sin embargo, se deben generar instancias de mayor fiscalización, ya que si un ministro de Estado puede saltarse la ley, otros lo realizarán también y medioambiente es un área en la que cualquier vacío será llenado con políticas que no necesariamente serán ecológicamente amigables.
