Lobby: un piso sobre el cual trabajar las confianzas

Éramos pocas las organizaciones de la sociedad civil las que hace ya casi 10 años celebramos la promulgación de “la 20.730”, como llamábamos cariñosamente a la Ley de Lobby. Había sido un trabajo en conjunto de muchos años, esfuerzo y acuerdos, que finalmente vería la luz. Fue a partir de ese momento que Chile logra formar parte de un selecto grupo de países en América Latina que contaban con una Ley de Lobby. Y eso no es menor.

En algunos casos, su promulgación dio nacimiento a nuevas organizaciones de la sociedad civil –como la que dirijo, Fundación Multitudes–, ya que se abría un nuevo espacio de incidencia; uno transparente, accountable, participativo, abierto; en resumen, un espacio en donde la sociedad en su conjunto podía ejercer el derecho a incidir en la toma de decisiones, algo innato de la democracia, sin necesidad de que lo invitaran a “la cocina de Zaldívar”.

Y había mucha claridad sobre lo que esta ley era, al menos dentro de la sociedad civil. Sabíamos que la Ley de Lobby no venía a regular la industria del lobby. Y que en cambio lo que hacía (y hace) o que hacía es transparentar las agendas de las autoridades. Nada más. Ese siempre ha sido el espíritu de la ley. Y había otro principio intrínseco, si se le quiere decir de alguna forma. La Ley de Lobby era un piso sobre el cual debíamos construir confianzas; avanzar hacia una ley que trabajara en pos de la igualdad de trato, y que estaba tanto en el sujeto pasivo como en el sujeto activo defender el principio de que la construcción de las confianzas se da bajo la luz de la transparencia.

Somos varios quienes a través de los años hemos trabajado por una reforma, incluyendo nuestra organización, que en los distintos gobiernos utilizamos esta misma ley para solicitar audiencias con las autoridades pertinentes para modificarla. Fue durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet que logramos que Gobierno Digital modificara “Otro” como opción para solicitud de audiencia y solo después de que Fundación Multitudes publicara dos estudios sobre la eficacia con la cual se implementaba a nivel municipal en nuestro país. Estos estudios indican que la ley se aplicaba con una eficacia de un 34%, en su gran mayoría por falta de conocimiento, tanto por aquellos que ejercían el derecho a solicitar audiencia como por aquellos que la dan.

En otras múltiples ocasiones, durante el inicio de este Gobierno, Fundación Multitudes presentó una minuta a Segpres con un análisis exhaustivo de los vacíos de esta ley y sugerencias concretas de una modificación que pudiera subsanar estos vacíos. Por ejemplo, la no ejecución del principio de igualdad de trato, que es muy simple de modificar a través de la publicación en la Plataforma de Lobby de todas las audiencias solicitadas, no solo las que fueron otorgadas. De esa manera, la comunidad tendría la oportunidad de saber si su audiencia fue tratada bajo el principio de igualdad de trato sobre la base de la temática de la solicitud.

También propusimos mejorarla con una definición más ajustada de quién es lobbista y quién gestor de intereses; y de enfatizar el contenido de la reunión por sobre quien solicita la reunión (si es la autoridad o si es el marco de una visita en terreno, entonces la ley no considera esto lobby), y algunas otras como el tema de las sanciones.  Todo esto lo hicimos resaltando la importancia de revisitar la ley y de que pudiéramos encaminarla hacia una que pasara de regular la transparencia de las agendas de las autoridades a una que regule la industria del lobby.

Entonces, me parece importante no salir a rasgar vestiduras.  Primero, y sobre todo, porque la obligación de transparentar recae en ambos sujetos –pasivo y activo–, no solo en la autoridad que participa. Es obligación del sector privado también solicitar que estas reuniones queden en acta, lo que hasta el día de hoy cuestiono si sucede. Pero, por sobre todo, establecer un mecanismo sancionador que hoy solo podría terminar en los tribunales cuando un privado decide tomar acción porque tiene conocimiento sobre otro privado que ejerce lobby sobre una autoridad y que esa reunión no quedó registrada como lobby. En 10 años de la ley no hay un caso en los tribunales que demuestre que efectivamente el mundo privado dejó de hacer cabildeo de pasillos (lobby) y se ciñó a la ley como corresponde.

Y con relación al conocimiento sobre la ley, me gustaría preguntar: ¿cuántos lectores saben que hay un reglamento de la Ley de Lobby para el Ejecutivo y otro diferente para el Legislativo? A través de los años he tenido la ingrata experiencia de escuchar a autoridades dentro del Ejecutivo que se demoran semanas en responder una solicitud por Ley de Lobby porque “no sabían que tenían tres días para hacerlo”. Los miembros del Congreso tienen semanas para responder una solicitud.

Otra pregunta que tengo para los lectores es si saben que la definición de lobbista es la de aquel que recibe remuneración por ejercer lobby. Es decir, en su contrato o términos de referencia, debe decir “ejercer lobby”. Bueno: la labor principal de un gerente general es representar los intereses de sus accionistas y, por tanto, parte de su remuneración está relacionada con este deber.  Sin embargo, a este sujeto lo llamamos “gestor de intereses”, poniéndolo en la misma categoría que un miembro de una junta de vecinos que solicita a la autoridad comunal más luminarias en su calle para proteger a los niños que la usan, o que no se discrimine hacia los adultos mayores, o se trabaje en pos de la igualdad de trato ante la ley, como lo hizo Luis Larraín desde Iguales.

Eso es un gestor de intereses: alguien que trabaja en pos del ejercicio de la incidencia en democracia por el bien común, y no alguien que visita al ministro de Energía, representa a una empresa de energía, conversación que en acta queda como “conversando sobre temas energéticos”, como vimos en una de las miles de audiencias que revisamos y evaluamos para uno de los reportes sobre lobby que realizamos hace algunos años.

Lamentablemente, y a solo meses de su décimo cumpleaños, no existen las garantías suficientes para decir que tenemos una Ley de Lobby que funciona. Y es importante que, después de todos estos años, finalmente podamos modificarla y hacerla realmente un piso sobre el cual podamos construir una más vigorosa, fuerte y por sobre todo una ley que, más que transparentar, sea una que regule la industria. Dejemos de creer que el lobby es oscuro. Son los sujetos, pasivos y activos los que lo hacen opaco.