Sin embargo, no se ha planteado que la responsabilidad de resolver el problema debe recaer en quienes son responsables de haberlo creado: los propietarios de las isapres, que retiraron utilidades debido a los sobreprecios que cobraban.
Sorpresivamente, los senadores integrantes de la Comisión de Salud del Senado rechazaron el artículo de la llamada ley corta de isapres que posibilitaba el incremento anticipado de los precios base que cobran a los afiliados, de manera que los propios afiliados pagaran la deuda que las isapres contrajeron con ellos, al cobrar sobreprecios durante un período que se prolonga por ya más de diez años.
La motivación para votar en contra o abstenerse de aprobar, que tiene el mismo resultado, es diferente: para unos se debe a que ese reajuste de los planes de salud que cobrarán las isapres es muy elevado y afectará el bolsillo de muchas personas; para otros, el voto en contra se debe a que discuten el cálculo de la deuda de las isapres.
Desde que la Corte Suprema falló en contra de las isapres que se sabe que estas no pueden asumir, con sus actuales ingresos y costos de administración, una obligación como la que el dictamen de la Corte estableció, y que la única forma de abordarlo sin que se tenga que recurrir a que los propios afectados deban pagarlo, como se está proponiendo, es que las isapres incrementen su capital. Pero las isapres no tienen capitales para hacerlo, porque sus propietarios han retirado las utilidades no reinvertidas, entonces, ¿cómo será posible resolver el problema?
Como señalo, la solución rechazada por la comisión es que los mismos usuarios las refinancien, un ejercicio de confianza en quienes han cobrado más de lo que corresponde y en instituciones que no tienen por objetivo asegurar la salud de su población afiliada, entre los que me incluyo, ya que los retiros de utilidades demuestran que son simplemente un negocio, muy rentable mientras pudieron cobrar sobreprecios.
Otros, sin mucha publicidad, sostienen que debiera ser el Gobierno el que resuelva el problema, ya que se podría crear una grave situación de salud en la población, al quedar desprotegidos más de dos millones de personas.
Sin embargo, no se ha planteado que la responsabilidad de resolver el problema debe recaer en quienes son responsables de haberlo creado: los propietarios de las isapres, que retiraron utilidades debido a los sobreprecios que cobraban. ¿No sería suficiente que retornaran esas utilidades ilegítimas para cubrir los pagos que deben realizar? Al menos sería lo justo.
En otras oportunidades he planteado que una alternativa sería, también, capitalizar las deudas de manera que los afiliados pasaran a ser los propietarios mayoritarios de las isapres. Eso no requeriría el incremento en los precios que reclaman, pero pondría en riesgo el poder que los actuales propietarios tienen en los directorios, aunque sería lo mínimo que tienen que pagar, si no están dispuestos a devolver lo que obtuvieron indebidamente.