Sebastián Piñera ante la justicia

La investigación del Ministerio Público por las responsabilidades del ex Presidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social continúa, ¡pese a todo y contra tanto! La fiscal Ximena Chong ha solicitado que las indagatorias referidas a estos hechos, iniciadas por la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en 2019 en su contra, junto al exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y el actual director, Ricardo Yáñez, fueran agrupadas debido a su responsabilidad de mando y conducta omisiva. Los mandos de Carabineros y el ex Mandatario deberán probar que hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar las mutilaciones y torturas que se masificaron en todo el país durante ese período. En ellos radica la carga de la prueba.

A nadie podría resultarle extraño que el señor Piñera sea el primer ex Presidente de la historia de Chile en comparecer ante un juez para responder directamente por acusaciones referidas a la violación de los derechos humanos, en el contexto del Estado de Emergencia decretado el 19 de octubre de 2019. Recordemos que el dictador Augusto Pinochet no pudo ser procesado por esta razón, ya que la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo de la defensa en el año 2000, y en 2001 fue sobreseído definitivamente por motivos de salud. Murió en la impunidad, para nuestra perpetua vergüenza.

Pero si alguien ha hecho copioso mérito para llegar a volver a ponernos como país ante este desafío es el ex Presidente Piñera. Nos cabe analizar su responsabilidad en unos sucesos que Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, describió en noviembre de 2019 de la siguiente manera: “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

La investigación de esta causa ha debido enfrentar enormes resistencias políticas, evasiones comunicacionales e intervencionismos descarados. Basta reseñar la reciente intromisión de parlamentarios (Ximena Rincón et al.) pidiendo la inhabilitación de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, situación que contraviene el art. 76 de la actual Constitución, que prohíbe explícitamente a los legisladores intervenir en las causas civiles y criminales.

Al respecto, se suele argumentar como justificación la prevención del efecto político de esta investigación: se sostiene que encausar a un ex Mandatario podría generar un daño al país. Pero este análisis deja fuera de cálculo el daño que la administración Piñera ya ha causado y los efectos que su impunidad podría seguir generando. El proceso de investigación al ex Presidente Piñera debe basarse en la evidencia y en el principio de que la justicia es ciega. Las consideraciones políticas solo sirven para distorsionar el proceso judicial.

Con respecto al impacto público de este proceso judicial, es importante valorar la importancia de sentar como precedente internacional que se pueda ofrecer un juicio ejemplar a un ex Presidente. No existe una razón para evitar este tipo de persecución judicial, enérgica y rápida. Si se impone el temor a llevar adelante un proceso de esta naturaleza, se sienta una amenaza significativa para la sociedad, ya que se da un mensaje que burla la igualdad ante la ley. La falta de castigo de este tipo de delitos es la principal razón por la que tienen lugar nuevos crímenes atroces.

El sistema de justicia debe cursar libre de intervenciones y cálculos políticos, incluso cuando se puedan generar efectos perturbadores. Por ejemplo, ¿podría un eventual procesamiento contra el ex Presidente Piñera causar irritación y malestar en sectores de la sociedad? Absolutamente. Los partidos cercanos al señor Piñera llevan varios años preparando a sus seguidores para deslegitimar este proceso, sosteniendo que cualquier sanción hacia él sería un ataque contra todos ellos. Se trata de una forma de transferencia de sentimientos de persecución y un recurso al victimismo como clásica estratagema psicológica de un líder partidario.

Pero un sistema de justicia penal robusto no puede estar sesgado por estas tácticas. Su legitimidad pende de poder garantizar que todas personas tengan las mismas probabilidades de ser arrestadas, condenadas y encarceladas, sin consideración a su condición económica o a los cargos que han ostentado. Sin duda, la situación de un ex Presidente es bastante particular y, por eso, es necesario que se cumplan ciertos principios procedimentales muy exigentes: que se investiguen todas las aristas en las causas referidas a las eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido, independientemente de quien se trate. Y, a la vez, hay que asegurar que la institucionalidad policial pueda seguir funcionando sin alteraciones, de cara a sus tareas prioritarias de garantizar la seguridad a la ciudadanía.

Formalizar al ex Presidente Piñera no dañaría al país. Por el contrario, sería un paso hacia su fortalecimiento, un respaldo a la endeble promesa de igualdad ante la ley que es necesario reforzar en el actual contexto nacional. Los ojos del país están puestos en este caso, en particular los ojos de más de tres mil personas que interpusieron denuncias en el contexto del estallido de 2019 y que no han tenido acceso adecuado y equitativo a la justicia. No solo ellos están observando, sino también sus seres queridos y sus comunidades. Ellos también son Chile, y dañar aún más su fe en la institucionalidad del país debería importar tanto como dañar la confianza de cualquier otro sector de nuestra comunidad nacional.

El derecho no se puede reducir a un instrumento al servicio del poder. Sus destinatarios son las personas y la satisfacción de sus necesidades, partiendo por la realización de la justicia.

Por eso es necesario que después de esta investigación nadie pueda volver a decir que la violencia policial indiscriminada y masiva en contra de personas vulnerables e indefensas o la tortura y los abusos sexuales en la represión de las protestas constituyen hechos o contingencias justificables. La construcción del futuro exige fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. Para rehabilitar plenamente a la justicia chilena, el señor Piñera debe ser formalizado, con estricto apego a la legalidad más exigente. La razón de humanidad debe prevalecer sobre la razón de Estado. La conciencia jurídica universal lo demanda.