Opinión
Así las cosas, invito a los analistas y especialmente al Gobierno a asumir la crisis de seguridad como un problema de Estado, más allá del color político, e implementar medidas concretas para avanzar decididamente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este 2024, no hay más excusas.
El columnista Andrés Cabrera respondió a mi columna publicada hace unos días sobre la actual crisis de seguridad, calificando al análisis que expuse como “sesgado” y “tendencioso”, contrastándolo con lo que a su juicio sería un examen técnico y científico de su parte, pero que termina solo evidenciando su postura política e ideológica y una lectura sin sustento base, lamentablemente. No me detendré a responder sus expresiones políticas de “conservadurismo concertacionista”, “extrema derecha radical”, ni ningún otro juicio de valor similar porque, reitero, supuestamente hace un examen técnico. Además, a la familia de una persona asesinada, a la mujer violada, al trabajador secuestrado o al adulto mayor asaltado poco o nada le importa la ideología de los análisis, sino que lo que realmente esperan es que las autoridades actúen como corresponde.
Su crítica, la hace en base a tres aspectos. El primero, es que no correspondería, a su juicio, medir el año 2021 porque había pandemia, sino el año prepandémico para analizar la crisis de seguridad. Lo segundo, observa que la mayor percepción de inseguridad sería una responsabilidad de los medios de comunicación, y el tercer argumento, es que el actual Gobierno prácticamente ha hecho todo en materia de seguridad. Los tres aspectos basales de su argumentación los responderé en ese orden.
En relación al primero, son datos objetivos, conforme a Carabineros de Chile, los aumentos de los delitos de mayor connotación social durante los dos años del Gobierno del Presidente Boric. Decir que eso no ocurrió es un error o una mentira simplemente. Otra cosa es que, para zafarse de esa realidad, justificando su posición política, se pretenda acudir al año 2019, eso es distinto. Pero incluso, si se pretende comparar el año 2019 con el 2022. Basta ver también hechos objetivos. El año 2019 se materializaron, según la misma institución policial, 560 homicidios. El año 2022, 832 asesinatos. Un incremento de un 49% objetivo, incluso, con el parámetro que dice que hay que utilizar. 2300 violaciones hubo el 2019, el 2022 hubo 2822, un incremento de un 23%. Más que defender lo indefendible, invito al señor Cabrera a asumir la realidad en esta materia, más allá del gobierno de turno. Los números son claros: el 2022, respecto del 2021, los hechos de mayor connotación social aumentaron un 45,3%, y el 2023, respecto del 2022, se observa un incremento de un 5%. La crisis de seguridad es real.
Por otro lado, en lo que respecta al hecho objetivo, conforme a la última ENUSC, de la mayor percepción de inseguridad de todo el registro histórico de la medición, 90,6%, la alusión que hace a los medios de comunicación como supuestos responsables del aumento de la percepción es francamente incomprensible. Uno de los principales problemas de la actual crisis de seguridad, fue precisamente ese negacionismo sobre la delincuencia, responsabilizando de la sensación de inseguridad a la prensa. No es muy difícil comprender que si el 2022 fue el año con más asesinatos desde el retorno a la democracia, la percepción de inseguridad sea la más alta. Culpar a los medios de comunicación es simplemente desatender la realidad para defender una postura personal.
Por último, argumenta que la cantidad de leyes promulgadas sería un ejemplo de que este Gobierno sí “reacciona”. Lamentablemente, la posición del Presidente Boric ha sido extremadamente condescendiente con la delincuencia. Pensemos que, apenas asumido este, instruyó el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado; su primera urgencia a un proyecto fue para indultar a los presos del estallido social; sus ministros denominaban “presos políticos” a delincuentes de tomo y lomo; retiraron el Estado de Emergencia en la macrozona sur, haciendo ver que supuestamente “no servía”; y caricaturizaban bajo la fórmula “gatillo fácil” a la Ley Naín-Retamal que protegía a las policías.
Hasta hoy, no ha habido avance alguno en materia de Inteligencia, el proyecto se encuentra en el mismo trámite y en la misma comisión desde el 11 de marzo del 2022. De manera incomprensible, con los recursos de todos los chilenos, les dieron pensiones de gracia a delincuentes, sí, delincuentes. El fast track legislativo en seguridad no surge del Gobierno sino del Congreso Nacional. Los 13 indultados por el Presidente Boric, negando su naturaleza delincuencial y provocando incluso un conflicto con el Poder Judicial, hacen ver la extrema confusión del Gobierno y su absoluta inacción. Más cuando uno de los indultados hoy acrecienta la sensación de inseguridad y las acciones delictuales objetivas estando en prisión preventiva por secuestros extorsivo.
El asesinato de una niña de 10 años en el contexto de su cumpleaños nos debe hacer reaccionar. Así las cosas, invito a los analistas y especialmente al Gobierno a asumir la crisis de seguridad como un problema de Estado, más allá del color político, e implementar medidas concretas para avanzar decididamente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este 2024, no hay más excusas.
