Opinión
La ciencia avanza vertiginosamente y, por tanto, existe la necesidad de actuar rápido en pos de esta regulación, finalmente relacionada con el bien común y la dignidad humana, en un contexto legal que no protege adecuada y derechamente lo que, a esta fecha, nuestra Constitución asegura a todos.
Los avances científicos y tecnológicos nos presentan, a la vez, oportunidades y amenazas para las sociedades y la humanidad en su conjunto. Así, por ejemplo, desde las llamadas fake news, que buscan desinformar a su receptor, hasta otras manipulaciones a la voluntad de las personas a través de las redes sociales, se nos presenta el desafío de adoptar regulaciones destinadas a resguardar la capacidad de las personas para decidir de forma libre y autónoma, no solo como forma de cautelar uno de los elementos esenciales de las democracias, sino que, especialmente, para generar esferas, aún mínimas, de protección psíquica y/o mental a las personas, en general, y a las personas en desarrollo o con incapacidades relativas, en particular.
Sobre la base de lo anterior, nuestro país ya tiene camino avanzado con la reforma constitucional implementada mediante la Ley N° 21.383 del año 2021 –que marcó un hito en esta materia–, que complementó el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en cuanto a que “el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.
En este sentido, si bien esta reforma abarcó el ámbito de los derechos fundamentales en el contexto amplio del desarrollo científico y tecnológico del mundo actual, sigue pendiente la tarea de generar una regulación moderna para, al menos, evitar que el uso de las nuevas tecnologías pueda afectar la privacidad o la integridad psíquica y/o mental de las personas.
En nuestro país, el debate acerca de los neuroderechos –definidos por algunos como nuevos derechos humanos que buscan proteger a la ciudadanía de abusos potenciales por la utilización indebida de neurotecnologías– discurre entre quienes los validan como una nueva categoría de derechos humanos, y quienes, por el contrario, afirman que tales neuroderechos serían redundantes, porque ya están contemplados en derechos constitucionales actualmente consagrados, como los derechos a la privacidad, integridad psíquica y física. Mientras tanto, el único proyecto de ley presentado en esta materia (Boletín 13828-19) continúa en una larga tramitación en el Congreso Nacional, con críticas desde la academia.
Sin embargo, la ciencia avanza vertiginosamente y, por tanto, existe la necesidad de actuar rápido en pos de esta regulación, finalmente relacionada con el bien común y la dignidad humana, en un contexto legal que no protege adecuada y derechamente lo que, a esta fecha, nuestra Constitución Política asegura a todas las personas.
