Opinión
AgenciaUno
En países como México, Colombia o Brasil, la participación militar no ha logrado erradicar la criminalidad; en su lugar, ha generado otros problemas, como la corrupción en sus filas.
¿Es beneficioso que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el crimen organizado? En América Latina, su participación ha sido constante, a pesar de que los resultados no han sido alentadores. En Suecia, recientemente, también se ha recurrido a los militares, aunque los impactos aún no son claros.
En Chile, este debate aparece ligado a los Estados de Excepción tanto en La Araucanía como en la protección de infraestructura crítica en el Norte y a los procesos electorales. Ahora se replantea, frente a la crisis de seguridad en la Región Metropolitana y la presencia creciente del crimen organizado. Políticos de la UDI solicitaron la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), mientras que el gobernador Orrego propuso evaluar Estados de Excepción en algunas comunas de la RM. Incluso en el progresismo algunos comienzan a considerar estas medidas con buenos ojos.
Es esencial promover un debate serio en este tema, evitando demagogias y simplificaciones con fines electorales.
Convengamos que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública resulta anómala, ya que esta es una tarea excepcional. No obstante, cuando las policías se ven superadas, es comprensible que se considere recurrir a entidades que tienen un poder de fuego mayor. Sin embargo, es crucial tener ciertos resguardos y examinar minuciosamente en qué ámbitos de la seguridad pública se pretende involucrar a los militares, con el fin de prevenir problemas que se han dado en otros países.
Indudablemente, las Fuerzas Armadas poseen un poder de disuasión y de fuego superior al de las fuerzas policiales. Sin embargo, carecen del entrenamiento adecuado para abordar situaciones complejas en las que los principales involucrados son civiles, y donde se requiere un manejo gradual de la fuerza. Esta falta de preparación puede llevar a ineficacias, resultando en bajas colaterales, abusos y erosionando el prestigio y la legitimidad frente a la ciudadanía. En países como México, Colombia o Brasil, la participación militar no ha logrado erradicar la criminalidad; en su lugar, ha generado otros problemas, como la corrupción en sus filas. El caso de El Salvador bajo el mandato de Bukele, además de excepcional en la región, aún no ha demostrado ser sostenible en el tiempo, siendo un experimento con “pronóstico reservado” para la mayoría de los especialistas. Ecuador tampoco es un modelo aplicable a Chile, ya que su realidad, al igual que la de El Salvador, difiere considerablemente, tanto en las condiciones del país como en el tipo de criminalidad.
Por otra parte, si las policías son las más adecuadas para esa labor por su experiencia, legitimidad y por sus cuerpos especializados para combates de alta intensidad, lo lógico sería pensar primero en dotarlas de mayor capacidad sin tener que recurrir al Ejército. En este sentido, antes de pensar en involucrar a los militares, sería bueno evaluar su pertinencia en el marco del proceso de fortalecimiento, modernización y reforma de las policías.
Con todo, si se llega a establecer con urgencia la participación de los militares en la seguridad pública, debemos también establecer claramente las competencias de cada institución para evitar rivalidades naturales por mostrar efectividad (que ya existen entre las policías) y generar una colaboración efectiva con una correcta división del trabajo por competencias. Si hablamos de operaciones de captura de criminales y control del orden, definitivamente no es recomendable que lo hagan los militares. Está demostrado que las policías bien equipadas y formadas son más eficaces para esta labor y el costo de involucrar a los militares a la larga es más alto que los beneficios posibles.
Las Fuerzas Armadas poseen capacidades complementarias a la seguridad pública, como el control de fronteras terrestres y marítimas, sistemas de inteligencia, capacidad logística destacada y espacios de formación y entrenamiento para efectivos. Estas capacidades podrían coordinarse mejor para el combate contra el crimen organizado, sin desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. En última instancia, recursos de funciones menos cruciales de la Defensa Nacional podrían ser reasignados para fortalecer el presupuesto de las policías.
Finalmente, debemos evitar a toda costa caer en la simplificación de creer que aquellos con el armamento más potente pueden controlar mejor al crimen organizado. Este fenómeno se origina principalmente por la búsqueda de beneficios económicos que superan consideraciones morales y el respeto por las normas. Si el lucro es lo suficientemente atractivo y proporciona un sentido de pertenencia y estatus que el ámbito legal no ofrece, siempre habrá individuos dispuestos a sacrificarse por defenderlo, equiparando su lealtad a la patria, empresa o familia. En lugar de eso, debemos enfocarnos en hacer inviables esos negocios ilícitos y, sobre todo, prevenir la corrupción de nuestras instituciones, ya que ningún ejército podrá salvarnos de tal amenaza.
