Alcaldes procesados: más allá de la anécdota

Primer mes del año 2024 y ya podemos dar cuenta de lo siguiente: la exalcaldesa de Antofagasta en una cárcel en Países Bajos, el alcalde de Algarrobo detenido, el exalcalde de Vitacura en prisión preventiva. Por si esto fuera poco, hace algunas semanas la PDI allanó la casa del alcalde de Coronel y para qué hablar del exalcalde de San Ramón, acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos. La guinda de la torta la vivimos el pasado miércoles, con la formalización de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por fraude al fisco por cerca de 31 mil millones de pesos.

A Barriga se la acusa de (actuando al margen del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal) haber desviado recursos de sus fines legales. Por ejemplo, comprando 30 mil peluches, usando más de 2 millones de dólares para un festival artístico y comprando lujosos collares como regalos para autoridades. Más allá de lo anecdótico, cabe preguntarse: ¿qué está pasando en el ámbito municipal? Sin duda, no existe un único factor que explique la corrupción y el mal uso de recursos públicos, pero es momento de ir más allá de apuntar con el dedo a un partido político o a otro y poner atención a un elemento que sistemáticamente se ha pasado por alto como mecanismo de prevención: los controles internos en las comunas.

En un país con 345 municipios, no se puede poner todo el peso en los controles externos de Contraloría. No hay mejor instancia para levantar alertas tempranas que aquellas que existen al interior de los municipios. Son sus propios órganos internos y sus trabajadores quienes deben transformarse en la primera barrera para impedir el mal uso de recursos municipales.

Sin embargo, esto no va a ocurrir si no existe antes un cambio de paradigma: los funcionarios de los municipios deben ser una planta profesional y estable de servidores públicos, con la experticia y el prestigio que solo entrega el ejercicio prolongado del cargo. Esto hoy no ocurre, ni en los gobiernos comunales ni en buena parte de las demás instituciones del Estado. La llegada de un nuevo alcalde suele implicar la contratación de un séquito de funcionarios nuevos, muchas veces duplicando o triplicando ciertas funciones. Ante esto, los funcionarios antiguos viven con el temor de quedarse sin tareas o funciones a desempeñar o, con menor frecuencia, a perder su trabajo. Todo esto genera incentivos perversos, donde las autoridades saben que pueden operar con libertad, sin temor a que sus trabajadores levanten alertas oportunas.

Es por eso que desde Pivotes hemos venido insistiendo –hasta rayando en la majadería– en la importancia de contar con un nuevo régimen único de empleo público, de carácter profesional y meritocrático, y en hacernos cargo de la crisis de nuestro Estado, que muestra crecientes señales de captura y que hoy se hace evidente a nivel de municipios. Estos cambios son importantes no solo porque permiten contar con mejores instituciones al servicio de sus ciudadanos, sino también porque hacen más probable el cumplimiento de la ley y una mayor probidad.

Si algo bueno se puede sacar de esta nueva moda de ver a alcaldes formalizados es que quizás contribuya a generar una voluntad de cambio, que hasta hoy no ha existido, cambios que permitan que el empleo en el Estado funcione de otra forma, de una que nos beneficie a todos, y no solo a los que gobiernan. Quizás en el Congreso se convencen de que tanto poder en manos de sus alcaldes no los está ayudando, sino que los tiene bajo la lupa de la justicia y que, en el proceso, los escándalos salpican a sus propios partidos y al resto de las instituciones.

Si la oportunidad hace al ladrón, un empleo público meritocrático pone de inmediato varios pares de ojos atentos sobre quien quiera meter la mano donde no debe, para que así los chilenos vivamos un poco más tranquilos y los recursos lleguen a las personas que los necesitan.