Para Chile Vamos la situación tampoco es simple. Al Gobierno de Sebastián Piñera se le acusa de haber facilitado deliberadamente la ola migratoria venezolana a partir del plan de Cúcuta, que más que un simple viaje fue el aval político y financiero al fallido intento de derrocamiento de Maduro.
La larga crisis venezolana se ha convertido en un complicado tema de política interna para la mayoría de los países latinoamericanos. A fines de 2023 se calculó en más de 7.7 millones las personas migrantes venezolanas en el mundo, siendo Chile el quinto país de acogida en América del Sur, con alrededor de 444 mil personas provenientes de ese país. Lo que parece claro es que ningún sector político chileno puede navegar tranquilamente ante esta catastrófica situación humanitaria, que rebalsa todas las aproximaciones ideológicas y las convenciones de los discursos ya establecidos.
En lo inmediato, el régimen de Nicolás Maduro avanza en 2024 hacia unas nuevas elecciones hechas a su medida, avaladas por el control absoluto de todas las instituciones del Estado, partiendo por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Este escenario hace improbable que se pueda desarrollar una elección presidencial competitiva.
Pero lo que le falta a Maduro en legitimidad y solvencia le sobra en astucia y capacidad estratégica. Es poco probable que Estados Unidos pueda reinstalar su política de sanciones, que ha flexibilizado en el último período, necesitado de la provisión petrolera desde la cuenca del Orinoco para suplir la escasez que genera la guerra de Ucrania. Impulsado por ese interés, Washington se involucró en los diálogos que Maduro sostuvo con la oposición y que llevaron a los acuerdos de Barbados, que le permitieron recuperar la iniciativa política y disminuir su aislamiento internacional.
En lo formal, lo que afirma el Gobierno venezolano, en particular ante la exclusión de la candidata opositora María Corina Machado, es sostener que todo se ajusta a lo pactado en Barbados. Obviamente, trata de estirar la letra del acuerdo hasta un límite irrisorio, para impedir que el pacto por elecciones libres, que era lo que realmente se buscaba, pueda llevarse a cabo. Venezuela no saldrá de su sistema autoritario en el corto plazo.
En Chile este escenario tiene consecuencias muy complejas. El Presidente Gabriel Boric ha sido tajante en su rechazo al modelo de Maduro y lo ha condenado de forma explícita. Pero, al mismo tiempo, la crisis de seguridad y migratoria obligan a la Cancillería a reforzar sus relaciones con Caracas. Cualquier política migratoria viable exige un diálogo fluido entre los dos gobiernos y la designación de Jaime Gazmuri en esa embajada ha sido un todo un acierto, dada su vasta experiencia política.
Para los partidos de gobierno el problema venezolano es un laberinto sin fin. En el caso del Partido Comunista, el desafío es articular su lealtad indiscutible con Cuba, aliada estratégica de Venezuela, y marcar un distanciamiento con un régimen que ya no cuenta con el apoyo del Partido Comunista venezolano, que ha pasado a la confrontación abierta contra él.
En el Frente Amplio y el Partido Socialista existe una aparente mayor libertad para asumir la postura del Presidente. Pero en la práctica las tensiones pasan por la dificultad de articular una política migratoria que, sin criminalizar al conjunto de la población venezolana, asuma que existen redes criminales como el Tren de Aragua y otras estructuras similares que se arraigan predominantemente en delincuentes de esta nacionalidad. En tiempos donde la comunicación política es cada vez más simplificadora, hacer una distinción entre la enorme mayoría de la población venezolana y estas redes mafiosas es difícil. La ultraderecha estigmatiza y pide expulsiones masivas, y cualquier guiño a los derechos humanos de los migrantes es acusado de connivencia y complicidad con el régimen venezolano.
Para Chile Vamos la situación tampoco es simple. Al Gobierno de Sebastián Piñera se le acusa de haber facilitado deliberadamente la ola migratoria venezolana a partir del plan de Cúcuta, que más que un simple viaje fue el aval político y financiero al fallido intento de derrocamiento de Maduro por la vía insurreccional. En ese marco, lo que se instaló fue un “efecto llamada”, que contó con un relajamiento selectivo de los criterios migratorios para los nacionales de Venezuela. Ese cuestionamiento le resta al piñerismo parte importante de su ascendiente político en el debate.
Para la derecha radical, en especial para el Partido Republicano, su posición electoral entra en conflicto con su postura ideológica, ya que busca atraer el voto de la población venezolana residente, en teoría orientada hacia ideas de derecha, pero a la vez desarrolla propuestas políticas claramente xenófobas y abiertamente contrarias a los derechos de los migrantes, lo que le aleja de esa misma audiencia potencial.
La situación venezolana siempre supera los intentos predictivos que se han elaborado. Cuando su catastrófica situación económica indicaba el inminente colapso del régimen en 2019 y 2020, una serie de eventos inesperados, como la recuperación del precio del petróleo, la guerra de Ucrania y el cambio en la política exterior norteamericana, han obligado a repensar su ubicación en el sistema internacional. Todo indica que su conflicto político interno no se resolverá ni a corto ni a mediano plazo y el régimen de Maduro se reforzará de manera cada vez más autoritaria. Lo que no resiste análisis es la urgencia de abordar la insostenible situación de más de siete millones y medio de personas venezolanas que han huido de su país y se encuentran desprotegidas en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
