Emilia Schneider, nuestros políticos y sus privilegios

Cathy Barriga, acusada de malversación de fondos públicos por 31 mil millones de pesos, goza de reclusión domiciliaria junto a su piscina y sube videos haciendo gimnasia. Camila Polizzi también está con detención domiciliaria por su participación en el llamado caso “lencerías” y aparece frecuentemente en bikini en las RRSS. Además, ahora tiene un novedoso negocio para pasar el rato en su “detención”: vende contenidos, es decir, sus fotos en ropa interior, en su cuenta de Arsmate, conocido como el “OnlyFans chileno”. Y bueno: ya conocemos los casos de políticos que raspaban la olla y jamás pisaron una cárcel o quienes aportaban cuantiosas sumas de manera ilícita que terminaron yendo a clases de ética. Privilegios incluso a la hora de delinquir.

Nuestros parlamentarios están dentro de los que mayores ingresos y privilegios tienen en el mundo. Por ejemplo, un diputado sueco recibe (en pesos chilenos) un sueldo líquido de 4 millones y medio al mes –en un país con un costo de vida altísimo–, más una tarjeta para transporte público. En el caso de quienes vienen de regiones, se les asigna un viático de $10.800 diarios, que les alcanza para una pizza y un café. Por supuesto, no tienen auto ni chofer –salvo la directiva–, como tampoco asignaciones para asesores. Un diputado chileno, en cambio, recibe más de 7 millones de pesos de sueldo líquido, a los que suma una “asignación” que puede llegar hasta 13 millones de pesos al mes para “asesorías”, “gastos operacionales” y “personal de apoyo”, que suelen ser amigos o parientes. Este monto que reciben es parejo, aunque el parlamentario viva en Punta Arenas o a una cuadra del Congreso. La mayoría tiene auto y chofer, y viajan en avión con muy pocas restricciones. Un detalle: el parlamentario sueco gana 3 veces el sueldo mínimo de su país. Los nuestros: 33 veces el ingreso mínimo. Privilegio internacional.

Entre el 11 y el 22 de diciembre, 52 diputados se sometieron a un test de drogas obligatorio. La moción, iniciada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), fue muy resistida durante años por muchos de sus colegas. Algunos alegaron razones ideológicas (¿?), violación de su privacidad y otros ridículos argumentos.

Hace unos días conocimos los resultados. Solo uno de los 52 sorteados evidenció positivo para la metanfetamina, un psicoestimulante que se clasifica como psicotrópico. Según argumentó Nelson Venegas (PS), la estaba consumiendo, bajo prescripción médica, con el objetivo de bajar de peso. Efectivamente, las “anfetas” –así se conocen– son bloqueadoras de las señales somáticas: sueño, hambre y fatiga, aunque extremadamente peligrosas y adictivas para quien las consume. Es importante reconocer la actitud hidalga del diputado, quien, realmente afectado, pidió disculpas públicas y renunció de inmediato a la presidencia de la Comisión de Ética de la Corporación. Nobleza obliga.

Sin embargo, como si los problemas que ha tenido el Frente Amplio en los últimos meses fueran pocos –incluyendo el caso Convenios, donde Revolución Democrática ha salido gravemente dañado; o la resolución del Servel que pidió la disolución de Comunes, por serias irregularidades–, la diputada del partido del Presidente, Convergencia Social, Emilia Schneider, se negó a realizarse el test –que era obligatorio– en diciembre. Es decir, utilizó un privilegio que no tienen los trabajadores de distintas industrias críticas, quienes deben someterse de manera frecuente a exámenes aleatorios de droga y alcohol. Un conductor que conduce un camión minero o un bus con 40 pasajeros, no puede negarse al test. La razón es más que obvia. Lo mismo debería regir para quien dicta las leyes, incluidas aquellas que imponen conductas obligatorias para el resto. ¿Podría una persona negarse a que le apliquen la alcoholemia? ¿Podría un médico cirujano o un piloto de avión negarse a un test de drogas? Por supuesto que no.

Emilia Schneider señaló, entre las razones para evitar el examen aleatorio, que ya se había hecho ese mismo año el test y que, por lo demás, no estaba dispuesta a “prestarse para el show”. Dos argumentos tan débiles como irritantes para el ciudadano común. Hay que recordarle a la diputada que estaba obligada por ley a cumplir con la prueba, una razón más que suficiente si ella es parlamentaria. Tampoco resulta convincente que alguien no esté dispuesto a tomarse un test por el hecho de habérselo realizado poco antes, ya que se podría especular que ese le salió positivo.

Por supuesto, su negativa solo hace que aumenten las sospechas. Todos los días leemos en la prensa de conductores que han huido del lugar de un accidente para evitar la alcoholemia. Me imagino que a la diputada le importa la percepción que los ciudadanos –electores– se puedan construir de ella, más aún cuando el tema del narcotráfico y la violencia tienen al Presidente citando al Cosena. Le recuerdo también a la diputada que su conducta sería una especie de objeción de conciencia, esa misma que les criticaron tan duramente a los republicanos en el debate constituyente, segunda parte.

El relato de fondo empleado por la diputada Schneider presupone que existen dos categorías de chilenos. Nadie se presta para un show por el hecho de cumplir con la ley. Es más simple: todos estamos obligados a respetar el marco legal, desde el Presidente hasta el último de los chilenos. Y, por supuesto, los parlamentarios deberían predicar con el ejemplo y modelar conductas ante el resto de los ciudadanos, en todo orden de cosas. Además, paradójicamente, la representante de Convergencia Social señaló que, más que estos espectáculos, había que apuntar a temas de fondo –coincido con ella–, como levantar el secreto bancario para aquellos sobre quienes se sospecha de conductas ilícitas ligadas a las drogas, aunque habría que recordar a la parlamentaria que esa es precisamente la “sanción” que considera la Cámara a quienes dan positivo. Touché.

Si nuestra clase política termina por perder la memoria por completo –la amnesia ya parece haberse apropiado de ella–, de seguro olvidará que el Parlamento ocupa el último lugar en confianza entre todas las instituciones del país; que el 2019 la gente repudiaba las banderas de los partidos en las marchas del inicio del estallido social; y que en la primera Convención los partidos políticos fueron duramente castigados. La amnesia no les permite recordar los casos de SQM o Penta y las platas irregulares con que financiaban sus campañas y el efecto que eso desató entre los ciudadanos comunes.

Por supuesto, esta columna de seguro la leerán pocos parlamentarios, porque en estos días gozan de un largo mes de vacaciones. Merecido.