Opinión
Chile puede, en menos de una década, crear una nueva dinámica de esperanza y cambio, y sobre todo dar un gran salto en su calidad y equidad educativa, medida a través de indicadores duros, como los de la prueba PISA de la OCDE.
Reiteradamente escuchamos la legítima queja de que se ha hecho poco para mejorar la calidad en las aulas. Consciente de que hay otras mejoras posibles, creo honestamente que las ocho propuestas aquí descritas son las más urgentes y necesarias para mejorar la calidad, la equidad, es decir, acortar la distancia de resultados entre el quintil más pobre y el más rico de estudiantes, y para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos financieros.
Ellas son: 1) aumentar la subvención preferencial; 2) eliminar lápidas burocráticas generales; 3) eliminar otros problemas burocráticos de diseño, específicos de los Servicios Locales de Educación Pública; 4) hacer más atractiva la Carrera Docente; 5) reforzar las desvalidas Escuelas de Pedagogía; 6) crear una nueva Carrera Directiva y mejorar las atribuciones de los directores; 7) masificar la metodología pedagógica de Redes de Tutoría, que ha demostrado mejoras significativas, baratas y rápidas para la calidad en las aulas; 8) racionalizar el número de escuelas y hacer más eficiente el gasto.
No hay un orden de prioridad en estas propuestas, todas son importantes e interactúan entre sí, por lo que tienen un impacto sistémico. No incluyo aquí la crucial educación inicial, que amerita una columna separada.
Por cierto, otros actores podrán incorporar propuestas adicionales o mejorar estas. Pero lo esencial es que se logre un acuerdo político-técnico multipartidario, de manera que todas las corrientes del Congreso se comprometan con la educación inicial y la escolar por el próximo decenio, con la prioridad política y presupuestal que el tema merece. Esa prioridad requiere una hoja de ruta con metas simples y ambiciosas: que 8 de cada 10 alumnos de 4º Básico y de 4º Medio sepan leer y realizar las operaciones básicas en nivel “adecuado” (hoy la proporción es a la inversa, y en los sectores más vulnerables apenas es 1 de cada 25).
La SEP ha sido sin duda la principal herramienta para mejorar la equidad del sistema educativo. Es un monto que el Estado entrega a los establecimientos subvencionados, por cada alumno que pertenece a un hogar con un ingreso familiar per cápita menor al 40% del promedio del país, y que curse desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el 4° año de Media.
Los establecimientos educacionales deben destinar los recursos de la SEP a los siguientes ámbitos acotados: 1) adquisición de equipamiento, materiales y recursos educativos; 2) contratación de personal especializado en educación especial, educación intercultural bilingüe o educación para personas con discapacidad; 3) desarrollo de proyectos educativos institucionales que promuevan la inclusión, la equidad y la calidad educativa.
Un estudio en 2021, de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, encontró que la SEP ha reducido la brecha de rendimiento académico entre los alumnos prioritarios y los alumnos no prioritarios en un 10%, aunque su impacto ha dependido mucho del liderazgo educativo de cada escuela. Otro estudio, de Perticara, Roman y Selman, mostró similares resultados, más bien moderados. De ahí, entonces, estas dos propuestas:
Sabemos que esta cifra ayuda. ¿Queremos mejorar de veras la equidad y la calidad educativa de los alumnos más pobres y culturalmente desaventajados? En simple… dupliquemos la SEP. Si hay dudas sobre la efectividad de este gasto incremental, perfectamente se puede pilotear en dos regiones del país, evaluar el impacto y luego masificarlo.
Por cierto, si se desea mejorar la equidad, tanto los directivos como los profesores bien evaluados debieran tener un potente incentivo para trabajar en escuelas vulnerables.
Converse el lector con cualquier director de escuela pública o particular subvencionada y le relatará las torturas que les aplica el Mineduc con su brazo armado, la Superintendencia de Educación (… y la Contraloría… y la Dirección Provincial de Educación). Son 2.400 normas que deben cumplir, léalo bien para que me crea… 2.400. Aquí, dos ejemplos mínimos.
En una escuela decidieron, legalmente, comprar cuerdas de esas que los chicos usan para saltar en el patio, con cargo a la SEP. Valen pocas lucas. Luego de un año, una cuerda se rompió y la botaron. Pues bien, el inspector exigió que le mostraran los pedazos de la cuerda rota. La profesora tuvo que ir a la ferretería y comprar otra con su dinero.
Sigamos. Las escuelas tienen que llenar y enviar, en diferentes formatos, una y otra vez la misma información, a diferentes departamentos dentro de Mineduc, a la Super, la Agencia de Calidad, la Provincial, la Contraloría… Otro testimonio textual: “Un establecimiento que al mes de octubre ya contaba 10 visitas de supervisión técnica, 4 visitas de la Superintendencia de Educación, 6 meses de intervención del DAEM y 10 sesiones de redes de mejoramiento; todo esto sin contar las visitas de la Agencia de Calidad”.
Participé en una plural comisión convocada por Piñera II para desburocratizar el sistema. Hicimos 46 propuestas bien detalladas y… casi nada cambió.
En línea con la propuesta anterior, en cuanto a los SLEP… hay otra carga adicional absurda para los directores de estos servicios. Están ahogados por la burocracia de Hacienda, que los trata según la Ley de Presupuesto como si fueran otro servicio público (con la monserga de las partidas presupuestales… si te aprobaron dinero para mantenimiento, no se puede gastar en materiales didácticos y, si lo haces, se considera fraude al fisco). Si no se gasta todo hasta diciembre, hay pérdida de esos recursos, no hay traspaso a enero. Además, están sobrecargados por una marejada de personal innecesario que le traspasaron desde los municipios sin pedirlo, y el diseño de la ley no previó este problema.
Hay un Consejo de Evaluación de estos SLEP, muy plural: lea aquí sus propuestas en detalle, si gusta. En suma, el Estado dice que ayuda a la educación, particular subvencionada o pública, pero en la práctica la estrangula. Hay gente que ya hizo la pega, no costaría nada implementar las recomendaciones de ambas plurales comisiones.
Se ha dicho, escrito y estudiado hasta el cansancio en todo el mundo: el techo de la calidad de la educación escolar y parvularia está definido por la calidad de sus profesores. Si bien los puntajes PAES no lo son todo, el puntaje de corte para ingresar a Pedagogía es sistemáticamente más bajo que los de las carreras mejor remuneradas, como ingeniería, derecho o medicina. En 2023, la remuneración promedio mensual a los 10 años de egresado es la siguiente, en millones de pesos: Educadora de Párvulos, $1.300; Pedagogía $1.400; Ingeniería $2.200; Derecho $2.600; Medicina $3.800. Los postulantes académicamente mejores se dirigen, prosaicamente, a las carreras que ofrecen una perspectiva significativa de incremento de sus ingresos y estatus socioeconómico en el tiempo. El 40% de los profesores abandona la carrera antes de cuatro años, puesto que, además, sus condiciones laborales son crecientemente más complejas y difíciles, especialmente en escuelas de barrios marginales.
La Ley de Carrera Docente aprobada durante Bachelet II representó un gran avance, al ofrecerles a los profesores de nuevo ingreso una remuneración mucho mayor, más un apoyo mentor. Estableció cinco tramos de evaluación, y representa el andamiaje adecuado sobre el cual montar la solución, que es bastante simple. En la Carrera Docente (escolar o parvularia), aquellos profesores con buena o muy buena evaluación debieran recibir $0,5 millones adicionales en el cuarto tramo, y en el quinto tramo $1.0 millón, adicional a sus remuneraciones actuales. Eso incentivará a mejores postulantes para ingresar a Pedagogía, y también ayudará a retener a los mejores en la profesión… siempre que la noticia se difunda adecuadamente, lo que no siempre se hace.
Para que esto suceda, no solo es necesario cambiar estas escalas sino que, además, la subvención escolar regular debe aumentar en todo lo necesario para que las escuelas puedan pagar esas mejores remuneraciones. También es necesario corregir la absurda situación de que los profesores son sometidos a dos evaluaciones docentes; hay que dejar únicamente la asociada a Carrera Docente, corrigiéndola si es el caso.
Harto simple y no tan caro en realidad, pues estamos hablando de financiar una política pública que define el futuro del país. Una minoría de profesores obtiene hoy una evaluación en el cuarto o quinto tramo, por lo que los montos involucrados no son tan altos, pero se le daría una potente señal a los mejores postulantes a la educación superior. Con una buena evaluación, los mejores profesores podrían llegar a ganar tanto como los ingenieros o abogados. A lo largo de su carrera ellos educarán a 2 o 3 mil alumnos. ¿Se justifica ese gasto adicional?
No sacaríamos mucho con mejores remuneraciones docentes, si no logramos que tengan una excelente formación inicial. Estas escuelas suelen ser, dentro de sus propias universidades, las hermanas pobres, precisamente porque los que ingresan lo hacen con puntajes de admisión comparativamente bajos. Es necesario imponer que toda escuela de Pedagogía esté acreditada por 6 o 7 años y, en caso contrario, no ofrecerle créditos ni gratuidad. Es demasiado lo que está en juego. La acreditación de las Pedagogías debiera ser más compleja y profunda, garantizando que se impartan metodologías del siglo XXI y no del siglo XIX como ocurre en algunas.
Sería comparativamente muy barato montar un Fondo Concursable de Fomento a la Educación Pedagógica, que les ofrezca a estas escuelas un financiamiento de largo plazo para contratar los mejores pedagogos nacionales e internacionales, y para transformar radicalmente sus metodologías educativas, asegurando así la innovación futura del sistema. Por arriba de la gratuidad universitaria, todo estudiante de Pedagogía con buen desempeño debiera además recibir a partir de su segundo año un estipendio complementario para sus gastos esenciales.
La experiencia ha demostrado una y otra vez que, ante la contratación de un buen equipo directivo, la escuela mejora sus resultados y su clima interno en plazos breves. A la inversa, cuando aparecen directivos burocráticos o autoritarios, los resultados también decaen en plazos breves. En el uso eficiente de recursos de la SEP, ha sido evidente la diferencia entre buenos y malos directivos. Como lo han escrito Rivero, Yañez y Morandé, “la implementación de una carrera docente sin la creación de una carrera directiva ha generado que los directivos queden en una posición de relativa desventaja en comparación con los cargos docentes, tanto en temas de remuneraciones como de roles y funciones, evaluación y formación, entre otros… Y si bien, a fines del año 2017, el Ministerio de Educación generó un reporte de política con reflexiones y orientaciones para su diseño, esta iniciativa aún no se ha concretado”. También existe una Propuesta de Carrera Directiva elaborada por la Asociación Nacional de Directivos Escolares.
Es imprescindible, para toda la educación subvencionada, que exista para directivos (no solo directores sino también inspectores y jefes de Unidad Técnica) un adecuado proceso de formación, selección, inducción y evaluación de directivos, así como una remuneración superior a la de los mejores docentes, pues en caso contrario (como es ahora) habrá muy poco incentivo para participar de esta esforzada y compleja labor. Dado que numéricamente los directivos son mucho menos que los docentes, el esfuerzo económico adicional relacionado con esta propuesta será correspondientemente más bajo que el de Carrera Docente.
Los futuros directivos son los personajes clave de cualquier reforma o mejora. Es necesario ofrecerles todo tipo de formación y, también, la posibilidad de compartir experiencias. Los directores más jóvenes debieran tener un director tutor durante sus primeros años.
Dejemos claro que son los buenos directores los únicos que pueden controlar la epidemia de violencia, ausentismo e indisciplina que se manifiesta en muchas escuelas. No se sacará nada con leyes contra el bullying, o contra la violencia, o el ausentismo de estudiantes y profesores. Son los dir-rec-to-res y nadie más.
Por la misma razón, es imprescindible mejorar las atribuciones de los directores, especialmente en lo referente a la selección y evaluación de los profesores a su cargo en la educación pública y, ojalá, en la particular subvencionada.
Cualquier lector que haya tenido la experiencia de preparar una clase sobre un tema específico sabe que aprendió mucho más sobre ese tema que si lo escuchó pasivamente en una clase. La metodología, que Educación 2020 importó desde México, y que ahora ha estado diseminando en Chile y otros países, aunque en bajas escalas por la inevitable carencia de recursos, se basa en ese concepto, que resumidamente consiste en: a) el profesor escoge un tema del currículo; b) le provee materiales ad hoc a un alumno entusiasta para que prepare su tutoría uno a uno; c) este se la imparte a un alumno menos aventajado en ese tema, según una serie de pasos cuidadosamente diseñados; d) el alumno se la expone al curso y, si lo hace bien y se entusiasma, también se convierte en tutor.
Así, un alumno tutor se convierte en dos, luego cuatro, ocho, etc. Es por ello que el costo per cápita de implementación y masificación es muy bajo, menos del 5% de la subvención escolar durante un par de años en cada escuela. Los alumnos mejoran en sus conocimientos, y muy importantemente, en sus habilidades para el siglo XXI: comunicación verbal, trabajo en equipo, empatía y, lo más importante, seguridad en sí mismos. Lo he visto con mis propios ojos, por ejemplo, alumnos de La Araucanía tutorando a gerentes y dueños de grandes empresas en un “festival de aprendizaje”, sin arrugarse.
Bastaría un empujón financiero significativo a una o varias fundaciones para hacer despegar esta metodología en todo el país, en todo tipo de escuelas. Complementariamente, se podría establecer un Fondo Concursable de Innovación Escolar que financie esta y otras innovaciones educativas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos, metodología complementaria a las Redes de Tutoría. Este fondo debiera también ofrecerse a las escuelas de Pedagogía, para sus innovaciones curriculares y debiera, además, facilitar la masificación de cualquier buena práctica educativa con resultados demostrados.
Con la reducción demográfica, que continuará agravándose inexorablemente, hemos llegado al absurdo de tener escuelas con un profesor o asistente de la educación cada 10 alumnos, y no solo en medios rurales, donde podría ser necesario. Fuera de las rurales, hay cerca de un 30% de escuelas con entre 100 y 300 alumnos, muchas de ellas susceptibles de racionalización y fusión. Casi todas las propuestas anteriores implican aumentar gastos, pero aquí hay una importante fuente de reducción. En medios urbanos, el Estado no debiera entregar subvención a escuelas o liceos con menos de 15-20 alumnos por cada nivel. Debiera más bien entregar un incentivo temporal para la fusión de escuelas en una misma comuna, que facilite el retiro o reubicación de personal redundante. Escuelas de mayor tamaño permitirían, a la vez, mejorar las remuneraciones y condiciones laborales de sus directivos, docentes y asistentes de la educación.
En la figura anexa puede observarse el carácter sistémico de este conjunto de propuestas. Al abordarse todas simultáneamente puede detonarse un círculo virtuoso de innovación, mejora, y satisfacción docente para todo el sistema educativo.
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Con suficiente decisión política, adecuada comunicación social, y la asignación de los imprescindibles recursos, aunque sea de manera gradual, en un ambicioso Acuerdo Nacional por la Educación, Chile puede, en menos de una década, crear una nueva dinámica de esperanza y cambio y, sobre todo, dar un gran salto en su calidad y equidad educativa, medida a través de indicadores duros, como los de la prueba PISA de la OCDE.
Ya hay avances previos gracias a la SEP, al punto que los dos quintiles más pobres lograron resistir la pandemia mejor que los dos más ricos. Ya tenemos SLEP y Ley de Inclusión, y una importante primera versión de la Ley de Carrera Docente. Está la mesa servida y bastaría reducir un poco los ingentes recursos destinados a gratuidad en educación superior, para aplicarlos a esta gran epopeya educativa.
Agradecimientos: Se agradecen los comentarios y recomendaciones de Adriana Delpiano, Ignacio Briones y Francisco Jeria. La responsabilidad es únicamente del autor.
