Las nuevas condiciones del clima no tienen precedente en la historia humana

Más de 130 personas han perdido la vida, 16 villas han sido afectadas, miles de viviendas consumidas por el fuego. Familias enteras comienzan febrero entre las cenizas, sin una casa donde refugiarse del intenso calor que azota a nuestro país este verano. Cada año la misma historia se repite: enfrentamos devastadores incendios que afectan, como siempre, a las personas más vulnerables. Esta temporada un nuevo incendio nos recuerda cómo puede cambiar el escenario en apenas unas horas. De acuerdo a cifras entregadas por autoridades, las personas más afectadas son un 30% residentes de viviendas sociales y un 70% de loteos y campamentos, generalmente ubicados de forma irregular.

¿Sabíamos que algo así podría ocurrir? Lamentablemente sí, lo sabíamos. Las zonas de alto riesgo de incendio llevan años claramente identificadas. Con el esfuerzo de diversas instituciones se ha diagnosticado previamente esta situación a nivel nacional en relación a diversos riesgos climáticos, por ejemplo con el Atlas de Riesgos Climáticos, y aún con mayor detalle en la Región de Valparaíso con la Plataforma de Riesgos y Adaptación Climática Territorial, desarrollada en conjunto con los mMunicipios de Valparaíso y Viña del Mar.

Si bien los incendios no son una consecuencia directa del cambio climático, las condiciones extremas y la sequía prolongada sí modifican los escenarios, incrementando los agravantes de este tipo de amenazas. Pese a los esfuerzos de investigación y planificación, la acción política no ha logrado priorizar la implementación de medidas que reduzcan estos riesgos de forma efectiva. Y esto, por supuesto, no depende exclusivamente de los gobiernos locales, sino que requiere de un esfuerzo mucho mayor de articulación de acciones políticas, científicas y ciudadanas a diferentes escalas.

¿Qué hace a estos territorios más vulnerables? No solo las condiciones poblacionales, como las condiciones socioeconómicas, etarias o de género que, como bien sabemos, profundizan la desigualdad. También son relevantes las condiciones de infraestructura urbana, asociadas a la falta de servicios urbanos, a la cantidad de asentamientos no planificados y de viviendas construidas con materiales ligeros y a otras condiciones territoriales, asociadas por ejemplo a la presencia de microbasurales, la ausencia de cortafuegos o sitios baldíos o eriazos, que incentivan la especulación inmobiliaria. Por otra parte, nuevos elementos climáticos exacerban las condiciones de propagación del fuego, como las ráfagas de viento que sorprendieron a la población, creando nuevas configuraciones de incendios que desafían las formas en que planificamos la respuesta ante estas emergencias.

¿Quiénes pueden seguir disfrutando del verano en la playa? Personas que saben que no se verán afectadas, o que, de serlo, tendrán los medios económicos y las redes sociales para recuperarse. Mientras tanto, son personas con las condiciones de vulnerabilidad de siempre quiénes más sufren ante la devastadora pérdida de lo que han logrado construir bajo las injusticias de nuestro modelo de desarrollo. La desigualdad, en un país extremadamente desigual como Chile, se expresa también en cómo se reparten las pérdidas y daños no evitados de estos eventos extremos. Situaciones como éstas vuelven aún más evidente por qué el cambio climático es un asunto de justicia: porque los efectos del cambio climático y también los recursos para enfrentar estas catástrofes se distribuyen de forma inequitativa en la población.

¿Y quiénes son las personas más afectadas? Personas con escasos recursos económicos, con altos niveles de segregación social, en situación de hacinamiento, con hogares monoparentales con jefatura de hogar femenina, entre otras. Estas características incrementan la vulnerabilidad, acentuando la condición de alto riesgo. A esto se suma una baja capacidad de respuesta ante estos desastres, tanto de los equipos de rescate y control de la emergencia por las dificultades en las vías de acceso y evacuación de estas zonas; como también de la ciudadanía, que reacciona muchas veces paralizándose o sintiéndose incapaz de contribuir en la respuesta a estos eventos.

Si sabemos hace años que esto puede ocurrir ¿por qué no se toman las medidas y acciones requeridas a tiempo? La respuesta es que nuestros marcos regulatorios no hacen fácil esta tarea: los Planes Reguladores Comunales y los Planes de Acción Climática, entre otros, se enfrentan a una concepción del riesgo en la que se entiende como algo siempre mitigable, es decir, que siempre el ser humano podrá buscar formas de reducirlo. Sin embargo, hoy más que nunca sabemos que hay límites en las posibilidades de gestionar estos riesgos -sino pensemos, por ejemplo, en los edificios de las dunas de Concón.

Sabemos que los eventos extremos son inciertos. Sin embargo, hoy tenemos tres certezas: primero, sabemos quiénes son y serán las personas más afectadas en sus derechos humanos por los efectos del cambio climático y sus eventos extremos asociados, que seguirán ocurriendo en los años venideros; segundo, que la urgencia de la acción climática desborda las posibilidades de los marcos regulatorios actuales; tercero, que necesitamos fortalecer las capacidades de la ciudadanía para enfrentar estos desastres.

Las nuevas condiciones del clima no tienen precedente en la historia humana. Por lo mismo, nuestras acciones institucionales no pueden seguir esperando los ritmos y tiempos administrativos de las regulaciones existentes, diseñadas bajo formas de entender los riesgos profundamente insuficientes para la realidad contemporánea. Este incendio plantea múltiples desafíos para la acción climática y la gestión del riesgo en nuestros territorios. Es necesario asumir que todos y todas debemos aprender cómo enfrentar estas emergencias, preparándonos para responder de forma más efectiva fortaleciendo por ejemplo las organizaciones vecinales, la señalización clara de zonas seguras y vías de evacuación, la definición de canales de comunicación ante posibles cortes de las telecomunicaciones, entre otras acciones. La reducción de riesgos debe centrarse en fortalecer nuestras capacidades para anticiparnos y así, reducir los impactos de estos eventos, evitando la pérdida de vidas humanas.

No nos acostumbremos a la indiferencia ni a ver como espectadores el dolor ajeno. Si seguimos dando la espalda a las condiciones estructurales que están detrás de esta catástrofe encandilados por el sol de verano, seguiremos presenciando una y otra vez el mismo escenario infernal. Hoy más que ayer tenemos la certeza de que la acción climática no solo es necesaria sino urgente.