Opinión
A escala mundial 296 millones de personas en el planeta consumen drogas, lo que en términos relativos se traduce en un 5,8% de la población mundial entre 15 y 64 años, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las drogas y la cultura humana se encuentran vinculadas desde tiempos ancestrales, encontrándose evidencia arqueológica de uso de opio en Europa hacia el 5.700 a. C., de uso intensivo de sustancias psicoactivas desde la revolución neolítica en 10.000 a. C. y de prácticas alucinógenas en la Grecia antigua, entre otros usos en distintas culturas. Sin embargo, con el correr de la historia en Occidente se ideó la prohibición de las droga. Una de las más conocidas prohibiciones fue la que se dictó en 1920 en Estados Unidos en contra del alcohol, por medio de la «ley seca», la cual prohibía la producción, comercialización y consumo a través de la fuerza coactiva del Estado.
El resultado fue catastrófico: los niveles de consumo de bebidas alcohólicas aumentaron exponencialmente, formándose lucrativos mercados negros liderado por bandas criminales y centenares de personas fallecidas. Actualmente seguimos la misma política prohibicionista, pero con las drogas, produciendo los mismos resultados.
A escala mundial 296 millones de personas en el planeta consumen drogas, lo que en términos relativos se traduce en un 5,8% de la población mundial entre 15 y 64 años, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos valores suponen un incremento exponencial de un 23% respecto de los 10 años anteriores. En dicho sentido, Chile es el primer país de toda Latinoamérica en consumo de drogas en la población escolar con un 30,9%, según un informe del año 2019 de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Estos datos entregados denotan una derrota de las políticas «cero drogas». Al legalizar las drogas, el mercado negro del narcotráfico caería al piso, reduciendo los peligros y criminalización ligados a la ilegalidad de las drogas, e inclusive el consumo. A niveles de comparación mundial Portugal es un referente, pues el año 2001 levantó toda restricción en contra de las drogas produciendo los siguientes resultados: el consumo de heroína y cocaína -sustancias problemáticas por su adicción- pasó afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre consumidores han caído a la mitad -en total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015-, y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (APDES).
Como hemos visto, las drogas son parte de la esencia de la humanidad, y es pecar de incredulidad creer que un grupo de burócratas podrá disolver dicho vínculo. Desde un análisis ético, un Estado prohibicionista no posee un sustento moral para prohibir las drogas, porque este mismo permite beber alcohol hasta contraer cirrosis, fumar cigarrillos hasta pudrir nuestros pulmones, realizar apuestas hasta ser ludópatas y pasar cientos de horas frente a aparatos electrónicos que fisiológicamente producen los mismos efectos que el consumo de drogas en nuestro cerebro.
Por ende, el prohibicionismo de las drogas no lo legitima en una especie de superioridad moral estatal. El derroche de recursos, esfuerzos y tiempo son insostenibles -también inútiles-, quedando más que claro que el ser humano no dejará de buscar satisfacer sus ansias, curiosidad o adicción más internas de consumir drogas, aún cuando existan cientos de leyes que les digan «no lo hagas». Es por ello mejor apelar a su racionalidad y decisión sobre sí mismo, que imponerle restricciones sobre su propia libertad personal.
