Opinión
Las autoridades chilenas tienen en sus manos la decisión sobre el futuro de su única industria siderúrgica integrada, orgullo del crecimiento y progreso de su país. De ella dependen miles de empleos y el desarrollo productivo nacional. Es hora de actuar por el bien de su gente y de su industria.
La industria mundial del acero atraviesa desde hace casi dos décadas una profunda transformación desde que China se convirtió en el mayor productor -y luego exportador- gracias a un modelo estatal de desarrollo que impulsó su industria nacional con apoyos gubernamentales y subsidios.
La producción creció en forma exponencial, llegando según worldsteel a 1.019,1 Mt de acero crudo en 2023 (alcanzando 54% de la producción mundial total) para satisfacer la demanda de acero de la transformación manufacturera de China, pero, en simultáneo, el gigante asiático comenzó a inundar el mundo con excedentes de su acero subsidiado por debajo de los precios de mercado. El acero originario de China se volvió, así, un insumo relevante en las cadenas de valor.
Como consecuencia, la participación de las importaciones de China en el consumo de acero creció, afectando la producción doméstica en todo el mundo e impactando con fuerza a Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, México y Brasil, entre otros países.
Este fenómeno se vio agravado en los últimos años por una desaceleración de la demanda de acero, mientras que la oferta seguía creciendo. Ello produjo un problema adicional: el exceso de capacidad, que se tradujo en mayores flujos de exportaciones de origen asiático y a precios bajos con lo cual se vieron afectados los niveles para hacer redituables las inversiones en la industria del acero. En el año 2000, China exportaba a Latinoamérica 80.500 toneladas de acero y hoy exporta más de 7 millones de toneladas anuales.
Chile no ha estado exento de este fenómeno. La Compañía Siderúrgica Huachipato, emblema para toda América Latina, ha acumulado pérdidas por más de US$1.000 millones desde 2009 y casi la mitad de ese total en los últimos dos años, producto de las distorsiones de precios y la competencia desleal del acero chino. Este ritmo de pérdidas es insostenible para cualquier empresa en el mundo.
Si consideramos el primer semestre de 2023, la región tenía 63 acciones antidumping vigentes, 40 de las cuales estaban dirigidas contra China. En el caso de Chile, en el mismo periodo, había una acción vigente y una acción en análisis, ambas contra China.
Por ello, desde Alacero, la Asociación Latinoamericana del Acero, resaltamos que es indispensable adoptar las medidas necesarias para erradicar las distorsiones de precios en el acero que ingresa al país, de manera de asegurar reglas de juego justas, un imperativo para una nación abierta al mundo y estandarte del libre comercio, como Chile.
Existen antecedentes. Desde 2018, Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a aplicar salvaguardas contra el acero chino. América Latina no logró reaccionar con medidas similares como lo hicieron los países desarrollados y hoy está pagando las consecuencias. Ello se puede explicar por diversas razones: una es la dificultad para competir ante los traders que llevan la ventaja de las grandes escalas de comercio y niveles de precio; otra, la tentación a pensar que se trata de acciones proteccionistas.
Mientras tanto, estos flujos comerciales han dañado la generación de empleo de diversas comunidades y amenazan la continuidad de empresas críticas para el desarrollo de los países, como la industria del acero nacional. Nuestra región tiene 1,4 millones de empleos creados (directos e indirectos), con un consumo anual de alrededor de 70 millones de toneladas. Sin embargo, las importaciones representan alrededor del 40% de este consumo, lo que equivaldría a una creación de empleo que podría partir de los 500.000 empleos potencialmente generados si se produjera dentro de América Latina. En el caso de Chile, llama la atención que las importaciones rozan el 70% del consumo, en una industria nacional que genera alrededor de 15 mil empleos, con gran potencial de recaudación tributaria por el desarrollo económico de la industria del acero y de sus trabajadores, y el potencial de gestión estratégica de la tasa impositiva a las importaciones.
Debido a brechas estructurales, los efectos de la pandemia han impactado en la necesidad de revisar las estrategias de comercio, valorando de forma distinta la relevancia de otorgar mayor incidencia a factores económico-sociales y no solo de precio.
