Opinión
Si bien entendemos la objeción de conciencia personal para respetar las creencias religiosas o éticas frente al procedimiento, no concuerda que la universidad como institución deba excluirse de los criterios establecidos como país.
Distintos medios sacaron a relucir una práctica de Universidad Católica que lamentablemente no es novedad: los centros de Salud UC CHRISTUS no realizan procedimientos anticonceptivos de largo plazo y de esterilización como lo son el DIU, el implante subdérmico, y vasectomías, todo esto bajo la justificación del respeto intransigente a su concepción ética de planificación familiar.
Estas prácticas no son nada nuevas. El 2017, luego de años de lucha y discusión en las calles y en espacios legislativos, se promulgó la Ley 21.030 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, un gran paso para quienes creemos en el aborto libre como un derecho. Sin embargo, solo un par de meses después la Red Salud UC CHRISTUS se convirtió en la segunda institución privada en ser objetora de conciencia.
No nos parece congruente la actitud de la institución, ya que uno de los pilares fundamentales de nuestra universidad es su compromiso con el servicio público y la vinculación con el medio. En innumerables ocasiones han declarado la importancia de que la comunidad UC esté inmersa en la realidad que vive Chile y el mundo, pero al momento de hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, que es una discusión urgente para las niñas, adolescentes y mujeres de la sociedad, nos cierran las puertas.
Podríamos especular que esta puerta no se puede abrir, pero sería incorrecto, porque desde el 2004 la Facultad de Medicina UC en representación de nuestra casa de estudios se comprometió a construir y administrar los Centros de Salud Familiar (CESFAM) Áncora, instituciones que han sido reconocidas por la comunidad debido a su labor como centros de atención pública en comunas del sur oriente de Santiago y que, por su sentido público, realizan tratamientos anticonceptivos de largo plazo. Es precisamente este sentido público el que, como Consejería Superior de la Universidad Católica, queremos que se replique en la Red UC CHRISTUS.
Sin embargo, no somos los únicos con este deseo. Somos cientos de compañeras y trabajadoras de la comunidad UC quienes, a través del Petitorio Feminista 2024 para este 8M, le exigimos a la universidad que deje de excluirse de decisiones que hemos acordado como país y que de una vez por todas asuma el rol público que tanto se enorgullece de tener. Declaramos en este: “Si bien entendemos la objeción de conciencia personal para respetar las creencias religiosas o éticas frente al procedimiento, no concuerda que la universidad como institución deba excluirse de los criterios establecidos entre todas las personas como comunidad, pues esto constituye una restricción al acceso de prestaciones legítimas, afectando derechos e intereses de las mujeres y cuerpos gestantes consagrados en nuestra actual legislación”. Punto que junto a otras demandas será votado el próximo 6 y 7 de marzo en la UC.
Hoy, el 63% de mujeres entre 15 y 29 años no proyecta ser madre en el futuro y más de la mitad indica que estarían dispuestas a realizarse o inducirse un aborto (INJUV, 2022). Nuestro sentido público tiene que responder a esa realidad, no a la que queramos imponer, tiene que responder con la entrega de tratamientos que nos permitan elegir nuestro futuro. Pero, lamentablemente, si hoy una estudiante UC quiere utilizar un anticonceptivo de larga duración, sin importar la razón de su decisión, el establecimiento educacional que ella escogió para formarse y fomentó la libertad, le negará su derecho.
Isidora Rodríguez, Consejera Superior de la Universidad Católica
