Opinión
Víctor Huenante/AgenciaUno
La autoridad tiene todas las herramientas para hacer frente a esta situación, manteniendo la continuidad del servicio y cumpliendo con principios fundamentales de la contratación pública, como son la intangibilidad de los contratos y la inmutabilidad de los procesos licitatorios.
Tan solo un año atrás el sistema de transporte de buses públicos en Santiago se encontraba ante una severa crisis que, en ese entonces, se vinculaba con altos niveles de evasión de pasajeros, lo que imponía la necesidad de un subsidio cada vez mayor por parte del Estado.
En esa oportunidad, comenté por este mismo medio que esta evasión se puede observar desde una doble óptica: por una parte, una ciudadana, porque lamentable y vergonzosamente un alto porcentaje de pasajeros evade el pago de su pasaje sin sanción alguna y, por otra, una institucional, dado que empresas de transporte evaden el cumplimiento de indicadores de calidad y regularidad de servicio, afectando con ello gravemente el bienestar de los consumidores.
Es cierto que aunque durante este último período hemos visto esfuerzos de la autoridad del ramo por controlar la primera dimensión de la evasión, la que se puede apreciar ha disminuido, esta sigue siendo tanto grotesca como obscena.
Sin embargo, al parecer, algunos operadores del sistema de transporte público no solo incumplen con determinados índices de cumplimiento sino que, otros, están en riesgo financiero.
Este último aspecto nos lleva a una tercera y nueva dimensión en la evasión: la del (in)cumplimiento financiero de los contratos a que voluntariamente se han obligado las empresas de transporte público para con el Estado. Lo anterior, según da cuenta un artículo publicado por el diario La Tercera en su edición del pasado fin de semana. El puro título es alarmante: “RED, en rojo”.
Según el mismo, al menos tres empresas que ganaron la última licitación de concesión estarían enfrentando un delicado escenario financiero, a pesar de haber iniciado recientemente sus operaciones. Lo anterior se ve agravado por las amenazas de paro de parte de los choferes, para el primer lunes de marzo que se avecina.
Si este fuera un escenario plausible el Estado y, finalmente, los contribuyentes, podrían (in)justamente hacerse cargo y asumir una responsabilidad que no les obliga, toda vez que, eventualmente, podríamos hacernos cargo del costo de suplir deficientes evaluaciones que derivaron en ofertas de alto riesgo para adjudicarse contratos, que hoy no serían capaces de cumplir, según se ha informado.
Bajo esta mirada, la autoridad tiene todas las herramientas para hacer frente a esta situación, manteniendo la continuidad del servicio y cumpliendo con principios fundamentales de la contratación pública, como son la intangibilidad de los contratos y la inmutabilidad de los procesos licitatorios, más aún cuando son objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, pero todo ello debe ser compatible con las reglas de la libre competencia, más en un escenario de monopolio de parte de determinados operadores y eventuales posiciones dominantes respecto de ciertos recorridos.
Esto último no solo debe ser observado en un escenario de licitación 2019, sino que cobra aún mayor importancia frente a licitaciones que vendrán próximamente.
