Opinión
Archivo
De materializarse, y de conseguir la adhesión de otros actores sociales relevantes como el movimiento estudiantil, el paro nacional convocado por la CUT podría transformarse en un llamado de atención importante para el Gobierno de Gabriel Boric.
El resultado del plebiscito de salida del 17 de diciembre de 2023 cerró la posibilidad de aprobar una propuesta constitucional llena de retrocesos para las trabajadoras y los trabajadores chilenos. Sin embargo, como era de esperar, dicho resultado no produjo entusiasmo entre las organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Más bien, produjo alivio y especialmente incertidumbre respecto de cuál será el panorama político en 2024. La minoría del Gobierno en ambas Cámaras y las dificultades que este ha tenido para llevar a cabo reformas claves de su programa (por ejemplo, la reforma de pensiones) no han hecho más que incrementar la incertidumbre. Asimismo, aún impactados por el devenir del proceso constituyente, los movimientos sociales continúan careciendo del ímpetu de movilización observado hasta 2019.
En este contexto, la principal organización sindical del país, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), ha dado pasos concretos para reactivar la movilización social en el país. En el marco de su 13º Congreso, más de 300 dirigentes(as) de sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales de todo el país acordaron convocar un paro general para el 11 de abril de 2024.
Como suele suceder en estos casos, la convocatoria a paro no surgió de la nada. En diversas entrevistas, dirigentes de la CUT han señalado que el Gobierno los “escucha poco” y que “mira en menos” a los sindicatos. Más aún, estos(as) dirigentes han sostenido que, a diferencia de lo que ocurre con otros actores sociales de la sociedad civil, el Gobierno ha mostrado poco interés en integrar a los sindicatos en la formulación de reformas clave para los(as) trabajadores(as), como lo fue la recién aprobada ley de conciliación trabajo-familia. Sumado a esto, los(as) sindicalistas de la CUT han insistido en que el Gobierno debe cumplir su promesa de ingresar al Parlamento un proyecto de ley que fortalezca un sistema de negociación colectiva multinivel.
Existen varias razones por las que el llamado a paro nacional de la CUT debe ser mirado con atención. En primer lugar, la convocatoria es una muestra concreta de la mayor autonomía política de la central sindical. Esto es algo no menor. En décadas pasadas, la CUT fue reticente a convocar a este tipo de manifestaciones debido a la estrecha relación entre parte de sus dirigentes y los gobiernos de centroizquierda. A modo de ejemplo, durante los 20 años de gobiernos de la Concertación, la CUT solo convocó a un paro nacional, que ocurrió el 13 de agosto de 2003 durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
Esto comenzó a cambiar durante el Gobierno de la Nueva Mayoría (2013–2017), cuando la CUT convocó a movilizaciones que, a pesar de que no fueron masivas ni tuvieron los efectos políticos esperados, sí dieron cuenta de un cambio progresivo en la dirigencia de la central. Dicho cambio parece haber tomado más forma luego del 13º Congreso de la CUT. La convocatoria para el paro nacional del 11 de abril de 2024 indica que las afinidades políticas entre partidos de gobierno y dirigencias sindicales ya no parecen incidir directamente en las estrategias de acción de la CUT.
Mirada desde esta perspectiva, la convocatoria a paro podría ser positiva para el sindicalismo. En una investigación que realicé, pude ver que los sindicatos se revitalizan y adquieren poder no solo cuando forman alianzas con partidos políticos de izquierda electoralmente victoriosos, sino que especialmente cuando dichas alianzas no significan la subordinación de los sindicatos a los partidos.
Cuando existen sindicatos no se subordinan a sus aliados políticos en el Gobierno, están menos expuestos a los potenciales efectos divisionistas de los conflictos entre partidos (los cuales son comunes cuando existen coaliciones de gobierno heterogéneas). Asimismo, los(as) dirigentes sindicales están menos expuestos(as) a tener que dar explicaciones ante sus bases por decisiones políticas que los gobiernos de centroizquierda pueden tomar, y que muchas veces se toman sin incidencia de los sindicatos.
Esto se traduce en que, cuando existen alianzas entre sindicatos y partidos en las que se respeta la autonomía sindical, los sindicatos –y particularmente las centrales sindicales– tienen más posibilidades de adquirir fuerza propia (por ejemplo, de crecer numéricamente) y, de ese modo, construir poder colectivo para negociar con empresarios, gobiernos y con los propios partidos políticos. Una conclusión similar ha sido establecida también para los sindicatos europeos, particularmente luego de que los partidos de tradición obrera se desvincularan ideológicamente de los(as) trabajadores(as) organizados(as).
En segundo lugar, la convocatoria a paro de la CUT es importante porque refleja una tendencia de más largo plazo de movilización sindical ascendente, en la cual los paros nacionales (o, más exactamente, las huelgas generales) han ocupado un rol central. Un informe del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL – COES/UAH) muestra que, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo 1990-2010, entre 2011 y 2019 los paros nacionales fueron una táctica de movilización frecuentemente utilizada por los sindicatos. Si entre 1990 y 2010 hubo solo una huelga general (el ya mencionado paro nacional de 2003), entre 2011 y 2019 hubo 11 (5 de las cuales ocurrieron en 2019).
Por último, el llamado a paro nacional de la CUT debe ser mirado con atención porque puede ser el primer paso para la rearticulación de otros movimientos sociales en el país. Aún es temprano para evaluar si esto será así o no. Como cualquier otra forma de acción colectiva, las huelgas generales no solo deben convocarse, sino que también hay que organizarlas. Más aún, los altos niveles de fragmentación del movimiento sindical chileno dificultan este tipo de acciones de gran alcance. Sin embargo, los(as) dirigentes de la CUT han sido enfáticos en señalar que el llamado a paro nacional nació de la demanda de cientos de dirigentes sindicales de base que, a lo largo de todo Chile, sienten que sus demandas por mayor bienestar socioeconómico y laboral no han sido escuchadas por los partidos y el Parlamento.
Contrario a lo que algunos suponen, estos(as) dirigentes de base no son personas aisladas de la sociedad ni militantes políticos con agendas ocultas. Es muy probable que ellos(as) estén simplemente haciendo eco de la demanda de millones de trabajadores y trabajadoras que siguen anhelando mejores condiciones de vida y trabajo.
De materializarse, y de conseguir la adhesión de otros actores sociales relevantes como el movimiento estudiantil, el paro nacional convocado por la CUT podría transformarse en un llamado de atención importante para el Gobierno de Gabriel Boric. Ante esto, la administración de Boric debería reafirmar su compromiso progresista y escuchar con atención las demandas de los movimientos sociales. Junto con eso, debería rectificar las opciones que han llevado al sindicalismo a pensar la necesidad de un paro nacional (particularmente, su decisión de implementar reformas sin la participación activa de los sindicatos).
Esto último se hace aún más necesario si se considera que, durante 2024, el Gobierno planea enviar un proyecto de ley para transformar el sistema de relaciones laborales. Es cierto que el balance de fuerzas en el Parlamento dificulta que la coalición de Gobierno avance en su programa de reformas. Precisamente por eso es que iniciativas de acción como la propuesta por la CUT deberían ser vistas con buenos ojos por el mundo progresista. Como acertadamente lo planteó un dirigente de la CUT, la movilización social puede ayudar a resolver los empates políticos que actualmente existen entre el Gobierno y el Parlamento.
