ANÁLISIS
El empresariado ibérico no solo exhibe un volumen considerable, sino que además el líder del sector, Antonio Garamendi, acompaña al presidente Sánchez. La visita a Chile sabe al respiro antes de la batalla decisiva, debido a los escándalos de corrupción que le esperan a su regreso.
Crispación es el adjetivo del momento para definir la sensación ambiente en España. Se palpa en rotativos y telediarios hispanos, también en la península misma. Al momento de escribir estas líneas, me desplazo entre Galicia y Andalucía y, en cada café con colegas y charla con amistades, se respiran versiones encontradas y polares de los eventos más noticiosos, a saber: el caso Koldo y su trama de corrupción en tiempos pandémicos y, sobre todo, una ley de amnistía acordada entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los nacionalistas periféricos catalanes que ha sido anunciada en estos días. Y en medio de todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una gira internacional acotada y contundente a Brasil y Chile.
El caso brasileño no llama demasiado la atención. El coloso sudamericano es referencia obligada para un país cuyo principal destino de inversiones latinoamericanas es precisamente Brasil, llamando algo más la atención el caso chileno. En otros momentos la visita hubiese sido a Argentina, que al ser timoneada por Milei complejiza la presencia del socialista. Frente aquello podrían citarse los casos de México y Colombia, con gobiernos no demasiados lejanos ideológicamente de Madrid, pero que de tarde en tarde responsabilizan de parte de sus males nacionales a la colonización española. Definitivamente Chile tiene uno de los gobiernos con el que su análogo español posee más sintonía fina de equipos.
Esto no es nuevo, la arquitectura de las dos coaliciones en el poder: desde 2019 en España y desde 2022 en Chile, son casi idénticas. Una combinación de centroizquierda tradicional (socialistas) y de nueva izquierda posmoderna, aunque con diferente orden de factores. Así, si el PSOE evitó por poco la superación electoral de Podemos en 2016, “el sorpasso”, relegando en 2019 a la generación dispuesta a “tomar el cielo por asalto” a un papel de reparto, en el caso nacional el denominado Socialismo Democrático se plegó al frenteamplismo en un escenario de “Guerra Fría” respecto del candidato ultraconservador aglutinador de las derechas, José Antonio Kast. Ha transcurrido mucho tiempo de aquello y el Presidente chileno ha ido cediendo posiciones en el primer anillo de su entorno a figuras provenientes del socialismo criollo y el PPD, sin marginalizar a sus aliados de primera hora.
La visita tiene un innegable croma económico, donde el empresariado ibérico viajando con el jefe de Gobierno español no solo exhibe un volumen considerable, sino que además el líder del sector, Antonio Garamendi, acompaña al presidente Sánchez y, desde luego, la agenda contempla reuniones comerciales y financieras. Lo anterior explica que, en Brasil, no solo Brasilia sino que también São Paulo fuera otra estación de la gira, y que en Chile la mañana de hoy sea reservada a un encuentro para evaluar experiencias económicas, el papel de sectores estratégicos y la posibilidad de inversiones.
Sin embargo, también se trata de guiños políticos y de expresar convergencia política. Con el presidente Lula hay varios puntos en común, así como disensos, como por ejemplo la posición respecto de la guerra de Ucrania, sin contar el escenario desfavorable a la suscripción, en el corto y mediano plazo, de un acuerdo birregional de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, iniciativa que se negocia desde el año 2000 y que, recientemente, fue desinflada por agricultores franceses a los que Macron no estaría dispuesto a desafiar
Frente a ello el Palacio de Santa Cruz y el Edificio Carrera, en cambio, presentan un alto grado de coincidencia en política exterior, particularmente en los dos conflictos más mediáticos, como el rechazo a la invasión de Ucrania por Rusia, así como la denuncia de la campaña militar israelí sobre la población de Gaza. Sin olvidar que recientemente Chile ha procedido a la actualización de su acuerdo marco comercial con la UE, con la especial satisfacción de Madrid, testimonio de la preeminencia socialista en dicho punto sobre visiones doctrinariamente altermundistas.
De igual manera, la presencia del presidente Sánchez en Chile matiza los cálculos de avezados analistas que presagiaban un daño en las relaciones bilaterales a raíz de cuestiones protocolares recientes que, sin desmerecerlas, tienen un alcance más acotado de lo que se imaginan. Más pesan las decisiones estratégicas, los planos comerciales y sobre todo la afinidad política. Por lo anterior es que el titular del Gobierno español opta por pasar uno de los días emblemáticos para el socialismo español, el Día Internacional de la Mujer, en Chile. Esta empatía temática se dejará ver durante la tarde de hoy con el Presidente Boric, sus ministras y quizás con una de las chilenas próximas al líder español, la senadora Paulina Vodanovic. No en vano es quien, además de ser jefe del Gobierno español, ostenta el liderazgo de la Internacional Socialista, acompañado en el cargo por una vicepresidenta que no es otra que la principal dirigente del socialismo chileno.
Lo cierto es que las visitas de Sánchez a Brasil y Chile tienen un sabor al respiro antes de la batalla decisiva que lo afirme, por algún tiempo, en el Gobierno, abriendo la puerta a la aprobación de los Presupuestos.
La ley de amnistía negociada con los nacionalismos periféricos catalanes de Junts y Esquerra Republicana, recientemente aprobada por la Comisión de Justicia, ha radicalizado el antagonismo entre oficialismo y oposición, además de sembrar dudas en parte de un electorado proclive al socialismo en la última elección. En ese cuadro un paso en falso podría ser fatal para un gobernante que ha demostrado un alto nivel de resiliencia para sobrevivir ante un adversario interno, así como respecto a sus socios competidores. Sin embargo, la pugna con la reemergencia de una identidad nacional(ista) española, sensibilizada ante la crisis abierta desde la declaración de emancipación catalana tras el referendo inconstitucional del 1 de octubre de 2017, amenaza con actualizarse por la referida legislación que desborda el caso Puigdemont, ya que beneficiaría a cerca de dos millares de acusados de interrupción de vías públicas o acciones para colapsar el sistema de transporte, entre otras.
Aun cuando por medio de dicha ley se viabiliza la continuidad de un Gobierno que necesita renovar permanentemente la esquiva mayoría parlamentaria, al fondo el dilema es entre quienes defienden la primacía del Estado de Derecho ante todo evento inconstitucional y quienes son partidarios de una política de acuerdos democráticos entre quienes no piensan igual.
