Opinión
AgenciaUno
Este segmento perdió más de 100 mil hectáreas de plantaciones y fue abandonado por los planes de reconstrucción del Estado. Las ayudas solo llegan a agricultores, apicultores, vitivinicultores, fruticultores. A todos, menos a quienes plantan árboles para producir madera.
Cada vez que se presenta una temporada de incendios forestales se levantan críticas sobre las plantaciones forestales y la necesidad de regularlas en la interfaz urbano-rural. Con frecuencia se les atribuye la principal responsabilidad de los siniestros, como en el caso de Valparaíso, en el que una investigación del World Weather Atribution (WWA) concluye que son los monocultivos forestales los que explican la tragedia. La WWA es un organismo de colaboración científica con base en el Imperial College de Londres dedicado a examinar eventos climáticos extremos en todo el mundo.
Resulta curioso constatar que en sus conclusiones los autores del estudio no consideraron el hecho de que el principal tipo de vegetación quemada fue bosque nativo, con un 45% de la superficie afectada, mientras que las plantaciones quemadas ascendieron a un 20%. Por supuesto, hay quienes afirman que ese 20% explica toda la tragedia. Los datos, al fin y al cabo, son interpretables y muchas veces deben “ajustarse” a las conclusiones previas.
Este sistemático discurso acusatorio contra las plantaciones genera dos impactos relevantes. En primer lugar, se levantan de manera exprés propuestas regulatorias sobre la vegetación (solo exótica, por supuesto), que apuntan a perseguir a los propietarios de los terrenos afectados, más que a quienes verdaderamente producen los incendios. La eficacia de estas propuestas es altamente discutible, lo que al parecer ignora la alcaldesa de Viña del Mar.
La segunda consecuencia es que se excluye del apoyo del Gobierno a los propietarios que ven sus terrenos con vegetación arrasados por el fuego. Esto es especialmente crítico hacia los pequeños y medianos propietarios de plantaciones forestales que fueron afectados por los incendios de 2017 y 2023. Entre estos dos episodios, este segmento perdió más de 100 mil hectáreas de plantaciones y fue abandonado por los planes de reconstrucción del Estado. Las ayudas solo llegan a agricultores, apicultores, vitivinicultores, fruticultores. A todos, menos a quienes plantan árboles para producir madera.
La omisión no es inocua. Los terrenos terminan siendo abandonados por sus dueños, desatándose una regeneración agresiva que puede alcanzar varios miles de plantas por hectáreas, que no es manejada y, por lo tanto, genera riesgos potenciales de más incendios, sumado a la pérdida productiva de quien es víctima y no autor del fuego. Nada de esto parece conmover a la autoridad.
Es urgente revisar la actual estrategia del Gobierno, focalizada en sacar adelante un proyecto de ley de prevención de la propagación de incendios forestales basada en la aplicación de nuevas regulaciones a los propietarios de bosques plantados, omitiendo otros aspectos esenciales, como la regulación del establecimiento de poblados en medio de una matriz de vegetación preexistente (lo que ocurre en Valparaíso) y la creación de programas de recuperación productiva de bosques quemados de pequeños y medianos propietarios forestales.
Desde el sector de la madera, insistiremos en revisar el proyecto de ley de incendios forestales en su segundo trámite constitucional en el Senado y buscaremos que se incorporen acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de incendios y no solo la propagación, además de incorporar mecanismos de recuperación de bosques quemados, enfrentando el actual abandono que vive el segmento de pequeños y medianos propietarios y la pyme forestal.
