Opinión
El Registro de Beneficiarios Finales es un proyecto de ley enviado recientemente al Congreso por el gobierno de Gabriel Boric, que busca crear un mecanismo para que las personas jurídicas revelen la identidad de sus titulares reales.
Tal vez el lector recuerde que, entre 2009 y 2014, se produjo una estafa que involucró a varias sociedades anónimas vinculadas a Soquimich, controlada -hasta hoy- por Julio Ponce Lerou. Esta consistió en manipular el precio de las acciones de estas sociedades, conocidas como “Cascadas”, mediante operaciones ficticias o simuladas, con el fin de obtener ganancias ilícitas y evadir impuestos. Además, se usaron fondos de las Cascadas para financiar ilegalmente a políticos y partidos de distintas tendencias.
El nombre “Cascadas” provino de la forma en que se estructuraban las sociedades anónimas vinculadas a SQM. Cada una de ellas tenía una participación accionaria en otra sociedad, de manera que formaban una cascada o verdadera telaraña de propiedades. Así, Ponce Lerou y sus socios podían controlar una gran parte de SQM con una inversión inicial relativamente baja y sin que se supiera.
Además, este esquema también facilitó la manipulación del mercado y el fraude al fisco. “Las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, se embarcaron en intercambios de acciones casi exclusivamente entre sí, con operaciones… intermediadas por Larrain Vial, la que ingresó ofertas para procurar el calce automático, que eran retiradas a los pocos segundos de haberse efectuado el calce … eliminando con ello el riesgo que fueran calzadas por terceros”, decía la resolución exenta 223 (de 2014) de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy remplazada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La estafa de las Cascadas fue una de las mayores operaciones de abuso bursátil y tributario en la historia de Chile, afectando a miles de inversionistas y al erario público. Ponce Lerou y otros ejecutivos de las sociedades involucradas fueron sancionados con multas y la inhabilitación para ejercer cargos directivos o gerenciales en el mercado de valores por diez años. Es decir, a partir de este año 2024 ya pueden volver a hacer sus cochinaditas.
Entre 2009 y 2011 la utilidad estimada para Julio Ponce Lerou con las Sociedades Cascada ascendería aproximadamente a US$ 128 millones, para Roberto Guzmán Lyon US$ 128 millones, para Leonidas Vial US$ 72,3 millones y para Alberto Le Blanc US$ 3,7 millones.
La SVS inició proceso en contra de Julio Ponce y los demás empresarios, y lo multó individualmente en US$ 75 millones. Sin embargo, esta multa fue grotescamente rebajada por el Tribunal Constitucional (y ratificada por la Corte Suprema) a solo US$ 3,3 millones, apenas un rasguño en la enorme fortuna de Ponce Lerou, quien hasta hoy aparece en los medios con su sardónica sonrisa, disfrutando de los beneficios siderales del litio y el salitre.
En USA Ponce Lerou, el exyernísimo de Pinochet, estaría posiblemente preso por este tipo de estafa, pues los norteamericanos detestan que se juegue contra las reglas de su capitalista mercado. Si no me cree, vea la historia reciente.
Combatiendo este tipo de abusos
Este abuso se facilitó por la falta de transparencia en la información tanto pública, como para la Superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos, acerca de los verdaderos dueños de Soquimich y la telaraña de Cascadas que ocultaba a los beneficiarios reales de las utilidades de la empresa. Este tipo de conductas sigue ocurriendo hasta hoy en muchas empresas grandes y medianas del país. En particular, hay grandes conglomerados de cascadas de empresas que además contienen bancos y/o entidades financieras, con lo cual se facilitan préstamos cruzados y otras operaciones de manipulación del mercado.
El Registro de Beneficiarios Finales es un proyecto de ley enviado recientemente al Congreso por el gobierno de Gabriel Boric, que busca crear un mecanismo para que las personas jurídicas revelen la identidad de sus titulares reales; es decir, las personas naturales que controlan o se benefician de una empresa directa o indirectamente a través de Cascadas.
Para ejemplificar: si Pedro Pérez es dueño del 80% de Inversiones Alfa, Inversiones Alfa es dueña del 90% de Inversiones Beta, y esta última es dueña del 10% de la enorme cadena de Supermercados Tochito, entonces esta última debe divulgar en sus balances que Pedro es el dueño y beneficiario final del 7.2% de las utilidades y la propiedad de Supermercados Tochito, y comete delito si no lo hace. De esta forma, se pretende evitar que se utilicen sociedades de fachada o testaferros para ocultar el origen y destino, lícito o ilícito, de sus fondos.
Al transparentar estos datos frente al SII y otras instituciones públicas en Chile, no solo se fortalecería la lucha contra la evasión, sino también, e igualmente importante, se dificultaría la colusión de precios, las operaciones fuera de condiciones de mercado y la corrupción. Muy en particular, los narcos utilizan estas telarañas para blanquear su dinero, escondiendo hábilmente sus participaciones accionarias. Esta es la implicación más importante de este proyecto de ley.
Conclusión
Póngase usted las pilas y apoye este proyecto de ley de todas las formas que pueda y, si conoce parlamentarios, mándeles esta columna.
