ANÁLISIS
Para salir del estancamiento político se requerirá, en primer lugar, configurar otro sistema de partidos, con nuevas colectividades ubicadas en la izquierda, el centro y la derecha, como el que permitió el desarrollo político de Chile desde hace un siglo.
El país atraviesa por una difícil situación política y económica, de estancamiento y hasta de retroceso político, que augura un complejo e incierto futuro. Cuatro factores, estrechamente vinculados entre sí, la explicarían.
En primer lugar, el más importante es el cambio en el sistema de partidos, al desaparecer el centro político que existió desde 1930; el debilitamiento tanto de la izquierda tradicional –Partido Socialista (PS)– como de la derecha y sus defectos estructurales, y la emergencia de una derecha radical que ha logrado en poco tiempo gran apoyo popular. Además, el sistema se fragmentó en 21 colectividades con representación parlamentaria, lo que dificulta llegar a acuerdos entre La Moneda y la oposición.
El segundo factor que explica la difícil situación es la debilidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, porque está en minoría en el electorado y en el Congreso. Esto restringe sus posibilidades de enfrentar con eficacia la compleja agenda pública existente, como ha sido evidente en estos dos años.
El tercer elemento explicativo es el estancamiento de la economía desde hace casi una década, a diferencia de lo que ocurrió en los 20 años de la Concertación (1990-2010), cuando se produjo un ciclo de crecimiento sostenido y políticas sociales que disminuyeron la pobreza y mejoraron las condiciones de vida de los chilenos como nunca antes en la historia del país.
La cuarta causa es el proceso constituyente que se dilató por cuatro años, con dos oportunidades en que fue plebiscitado, sin que los partidos y sus representantes hayan sido capaces de acordar un anteproyecto constitucional que interprete al conjunto de la sociedad, y no solo a una parte de esta. Ambos proyectos de nueva Constitución fueron rechazados por la ciudadanía. Chile conserva la Carta Fundamental impuesta por la dictadura.
A esto se agregan otros ingredientes que explican la difícil situación: la baja confianza en las instituciones políticas y económicas desde el reinicio de la democracia, un apoyo mediocre al sistema democrático, un clima de crispación que prevalece en las élites y su escasa disposición a negociar, así como los problemas políticos, sociales, de gestión y de seguridad que trajo consigo la irrupción en los últimos años de una masiva inmigración, proveniente en especial de Venezuela y Colombia. La migración tensionó los servicios públicos por las nuevas exigencias de vivienda, trabajo y acogida a las familias, muchas de las cuales llegaron de forma irregular, y surgieron problemas de seguridad, como reflejan la mayor violencia en los delitos y las nuevas formas de criminalidad que arribaron, a pesar de que Chile todavía registra las más bajas tasas de homicidios en la región.
El cambio político más importante ha ocurrido en el sistema de partidos, que es hoy muy distinto al del pasado, cuando fue uno de los pilares de la democracia chilena. Hasta hace unos lustros, era un sistema múltiple de partidos, donde predominaban dos en la izquierda –Socialista y Comunista–, dos en el centro –Demócrata Cristiano y Radical– y dos en la derecha –Liberal y Conservador–. Ese sistema sobresalió en América Latina y fue admirado por cientistas políticos de las democracias avanzadas.
Sin embargo, los partidos de la Concertación se desplomaron en democracia. Esta coalición de partidos, cuyos ejes fueron el PDC y PS, que condujo las movilizaciones contra la dictadura y controló los primeros cuatro gobiernos posteriores (entre 1990 y 2010), perdió peso. En particular, el PDC cayó en la irrelevancia política, mientras que el PS ha experimentado un drástico debilitamiento y carece de anclaje en el movimiento estudiantil y sindical.
También se ha debilitado electoralmente Chile Vamos, la coalición de derecha formada por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha estado dos veces en el Gobierno en democracia (en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), con Sebastián Piñera como Presidente, después de haber aportado sus cuadros a la dictadura.
En las elecciones presidenciales de 2021, los candidatos de los dos bloques lograron el 24% de los votos: 12,8% el de derecha y 11,5% la abanderada de la ex Concertación; quedaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, sin llegar a segunda vuelta. La votación de ambas coaliciones fue menor a la alcanzada por Boric en la primera vuelta, 25,8%.
También se desplomaron los partidos de la ex Concertación en las elecciones parlamentarias de ese año, al lograr solo el 15,22% de votos, casi la mitad del porcentaje que tuvieron en los comicios de 2017, cuando obtuvieron casi el 30%.
RN y la UDI también bajaron su votación a un 21,57%, menos de un tercio de lo que lograron en 2017, pero la coalición derechista mantuvo el porcentaje electoral gracias a dos nuevos partidos: Republicanos, fundado por José Antonio Kast, que consiguió un 10,54%, porcentaje similar al de RN y la UDI, y Evópoli, con un 3,5%.
La derecha enfrenta un grave defecto estructural: su estrecha relación con el poder económico, que explica su escasa autonomía ante este. Se acentuó porque su principal figura después de Pinochet, el expresidente Piñera, fue un exitoso hombre de negocios que expandió su fortuna en forma exponencial en democracia. A este sector se le añade tener que resolver el problema sucesorio provocado por el sorpresivo fallecimiento del exmandatario en febrero de 2024, del cual este no se había preocupado.
Como es sabido, el Gobierno de Gabriel Boric se sustenta en dos coaliciones, Apruebo Dignidad –en la que destacan el Frente Amplio y el PC– y el Socialismo Democrático –con los partidos de la ex Concertación, menos el PDC–. Basarse en dos coaliciones dificulta la toma de decisiones, la elección de cargos y la definición de las políticas.
Además, Boric tiene una base política minoritaria, pues su votación fue baja en la primera vuelta, como se dijo. Se impuso en la segunda vuelta con votos de la ex Concertación y por el rechazo que provocó el otro candidato, José Antonio Kast, del Partido Republicano, la derecha radical.
En síntesis, Boric y el FA llegaron principalmente al Gobierno por una confluencia de factores ajenos a su historia.
La trayectoria política de Boric y los partidos del FA es breve en comparación con las de otros partidos. Fue el Presidente más joven de la historia de Chile y en América Latina, hasta la reciente elección de Daniel Noboa en Ecuador. Comenzó con las movilizaciones estudiantiles de 2011, de las que fue uno de sus principales líderes. Fue dos veces diputado (entre 2014 y 2022), sin que alcanzara a adquirir la necesaria experiencia política para ser Presidente. Algo similar ocurrió con los partidos del FA, que tienen escasos dirigentes con destacada trayectoria y cuya organización carece de propuestas programáticas relevantes, y del número crítico de profesionales y políticos con capacidades para participar en un Gobierno (party government).
El estancamiento de la economía es el tercer ingrediente de la compleja situación política. Sus efectos son considerables, por el énfasis que dieron los gobiernos de la Concertación a la economía, pues la estrategia de legitimación del orden político se ancló en el desempeño económico, creyendo que el crecimiento produciría beneficios a la población y generaría mayor apoyo al orden político y al Gobierno.
Esto privilegió políticas de corto plazo, como el aumento del salario mínimo, gasto social y bonos, pero el mayor bienestar hizo surgir nuevas exigencias en materia de calidad de vida y acceso a la vivienda, salud y educación, que no han podido ser satisfechas. Además, la población percibió que la distribución de beneficios se concentró en una minoría, lo que tornó más visibles las desigualdades de ingreso y perjudicó a la centroizquierda.
Estos elementos desencadenaron malestar en la ciudadanía, como lo reflejaron la caída de votación del PDC en las elecciones de 1997 y las protestas de escolares en 2006 por la deficiente calidad de la educación pública, así como las masivas movilizaciones estudiantiles contra la educación superior en 2011 por su privatización, el lucro y los altos costos y, en 2019, por el malestar de la sociedad hacia el sistema de pensiones, la salud y la educación.
El estancamiento puede atribuirse a múltiples causas económicas, pero también a factores políticos derivados del paradigma de neoliberalismo radical impuesto por la dictadura –más extremo incluso que el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990)–, que desmanteló el Estado empresario y de bienestar con las privatizaciones, y con altos componentes de clientelismo usados por sus altos ejecutivos, que se extendieron hasta el sistema de pensiones, y la entrega de la educación y salud al mercado.
No hubo un Estado regulador que promoviera la competencia y combatiera las prácticas monopólicas, algo indispensable después de las privatizaciones para impedir que los monopolios estatales se convirtieran en monopolios privados.
Esas políticas redefinieron las bases del Estado, la economía y la sociedad. Sus efectos perduran hasta hoy, porque la Concertación optó más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin considerar que su arquitectura institucional y legitimidad estuvieron marcadas por la dictadura, con una cultura empresarial formada en un contexto sin sindicatos que exigieran mayores salarios y mejores condiciones de vida, acostumbrándose a actuar sin estos y con prácticas antisindicales.
En otras palabras, la modernización económica comenzó en Chile antes que la democratización, y con una arquitectura institucional que corresponde a un sistema económico de mercado puro, según los conceptos de Juan Linz y Alfred Stepan (1996), la cual es incompatible con la democracia, que se expresa en tensiones y conflictos. Esta requiere de una sociedad económica, definido por estos autores “como conjunto de normas, reglas, políticas e instituciones que median entre el mercado y el Estado”. La Concertación no impulsó reformas estructurales al “modelo” heredado para avanzar hacia otro sistema económico, compatible con la democracia, una economía mixta o una sociedad económica; incluso continuó algunas de sus políticas.
El fracaso de los procesos constituyentes para lograr una nueva Constitución, que reemplazara la de 1980, mostró cuán difícil es redactar una Carta Fundamental con un sistema de partidos debilitado y fragmentado. Sus dirigentes y representantes no tuvieron poder ni voluntad de lograr acuerdos.
A pesar de sus numerosas reformas, la Carta Magna conserva enclaves autoritarios que limitan la autoridad del Congreso y el Presidente. Destacan el poder de veto de la minoría para aprobar reformas constitucionales y cambios en las materias de las 17 leyes orgánicas constitucionales, que impidieron o dificultaron las reformas estructurales de la Concertación.
El primer proceso constituyente fue convocado en noviembre de 2019, tras un acuerdo entre el Gobierno de entonces y la oposición para avanzar a una nueva Constitución, como salida ante el estallido social de octubre de ese año. La ciudadanía eligió una Convención Constitucional con amplia mayoría de izquierda, que redactó un anteproyecto según sus intereses y valores, el que fue rechazado por el 62% en el plebiscito de septiembre de 2022.
Este fracaso condujo a un segundo proceso constituyente, con la elección en mayo de 2023 del Consejo Constitucional con un resultado opuesto, de amplia mayoría de derecha y con el control de Republicanos, que eligió 23 de los 50 consejeros. Este sector también prescindió de la minoría y redactó un anteproyecto tan partisano y divisivo como el anterior, el que fue rechazado por el 55,7% en el plebiscito de diciembre de 2023.
¿Por qué el país se encuentra en una situación de estancamiento, hasta de retroceso político? Tuvo una exitosa transición desde la dictadura de Pinochet, con una política de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, que llegó más lejos en el enjuiciamiento de los responsables que en otras democratizaciones (Brasil y Uruguay) e impulsó políticas económicas que, como se dijo, lograron un fuerte crecimiento durante varios lustros y políticas sociales que tuvieron un efecto fundamental en la reducción de la pobreza que afectaba a la mayoría de las familias. En una perspectiva de largo plazo, ¿por qué Chile no ha llegado al desarrollo, una promesa de los presidentes desde 1990? En pocas palabras, ¿qué le pasó a Chile?
Son preguntas complejas que remiten a diversos factores para buscar respuestas. Podríamos dar una: las élites políticas y económicas se durmieron en sus laureles, descuidaron y maltrataron a los partidos e ignoraron los defectos estructurales del sistema económico, las complejidades del crecimiento sostenido de la economía, que plantea nuevas exigencias de políticas y, muy importante, no erigieron una muralla china entre el dinero y la política, indispensable para prevenir la corrupción.
Durante un cuarto de siglo no hubo financiamiento público a los partidos, con funestas consecuencias en la política. Se introdujo recién en 2015, tras un escándalo de financiamiento ilegal de empresas y grupos económicos a campañas electorales, incluidas las presidenciales de 2009 y 2013. La amigable legislación laboral, tributaria, ambiental y de la industria inmobiliaria que las grandes empresas disfrutan hoy, así como los numerosos casos de corrupción, son consecuencias de este vacío.
En síntesis, para salir del estancamiento político se requerirá, en primer lugar, configurar otro sistema de partidos, con nuevas colectividades ubicadas en la izquierda, el centro y la derecha, como el que permitió el desarrollo político de Chile desde hace un siglo. Es difícil imaginar una competencia política sin un centro político, pues su ausencia empuja a una entre dos bloques: la izquierda y la derecha, cada uno fragmentado en varios partidos y con diferencias significativas, lo que empujaría a coaliciones del miedo que dividirán aún más sociedad.
En segundo lugar, es necesario impulsar reformas institucionales al sistema económico para avanzar hacia el establecimiento de una sociedad económica. Ellas provocarán modificaciones institucionales que afectarán los intereses de los grandes actores económicos y tendrán la oposición de estos. El rechazo común a la reforma de pensiones por parte de los grupos económicos, los gremios patronales y los partidos de derecha demuestra que será difícil conseguir esta modificación. En esa coyuntura se pondrá a prueba, nuevamente, la autonomía de los partidos de derecha, de los “partidos” que ahora se declaran de centro e incluso, también, de la izquierda, pues su alma es complaciente con la economía de mercado puro.
En breve, Chile enfrenta severos desafíos en la política y en la economía.
