Opinión
Sin duda que aquí estamos frente a una situación gravísima, porque el cruce de variables y de nombres que comenzamos a ver parecen sacados de “El Padrino” de Francis Ford Coppola. ¿Quiénes más están involucrados en la red de Hermosilla? ¿A quiénes recurrió para ganar algunos juicios?
De seguro, ahora quedará Bomberos… como la única institución confiable de este país. Una paradoja, considerando que es una organización en que sus miembros “pagan” por servir y sacrificarse por los chilenos. Después del estallido social, lo dos cuerpos policiales que existen en Chile lograron, lentamente, recuperar la confianza de los ciudadanos. En solo un par de años, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile volvieron a instalarse en los dos primeros lugares entre las instituciones más confiables, mientras la clase política –Congreso y partidos políticos– se derrumbaba hacia el último lugar de todos, debajo incluso de una alicaída Iglesia católica –irrelevante en la sociedad después de los casos de pedofilia y abusos sexuales–. Las Fuerzas Armadas, por su parte, también comenzaron a repuntar después de las violaciones a los derechos humanos y su complicidad durante los largos 17 años de dictadura. Sin embargo, a poco andar, fueron desfilando por los tribunales todos los excomandantes en Jefe del Ejército, esta vez por actos de corrupción y malversación de recursos públicos.
De ahí que lo ocurrido el viernes pasado, que le costó el cargo al ahora exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, reviste una gravedad que va más allá de esa institución. Cuando en un país las instituciones policiales tienen a sus dos principales líderes en calidad de imputados y a punto de ser formalizados –lo que significa que existen antecedentes suficientes sobre su responsabilidad penal–, la señal no puede ser más confusa.
¿Qué puede afectar más la confianza de un país que vive una crisis de seguridad que aquellos que están a cargo de darles protección sean sujetos de investigación criminal? Porque la verdad es que, en el país amnésico en que nos hemos convertido, nuestra clase política y nuestra elite no solo no tienen la capacidad de comprender la crisis profunda en que estamos inmersos como sociedad hace rato, sino que, además, sufren una miopía que no les permite ver los fenómenos sociales que acompañan a estas crisis.
De seguro, los delincuentes, así como los integrantes de cuanto cartel extranjero ilegal opera en Chile, deben haber festejado el viernes, cuando se desató la crisis de la PDI. Qué mejor escenario para actuar en la impunidad que cuando las dos instituciones que tienen el rol de perseguirlos deben sufrir la humillación de ver a sus jefes desfilando por los tribunales. Sin duda, ambas instituciones están mucho más debilitadas hoy. Y aunque los casos de Yáñez y Muñoz son totalmente distintos, el daño es tremendo para ambas policías. Y aquí no basta con que Muñoz haya renunciado de inmediato. El manto de dudas que ha dejado el intercambio de WhatsApp entre Hermosilla y el exdirector genera sospechas y conjeturas, ya que también está involucrado su antecesor en el cargo.
Hay que señalar, además, que la extraña y sospechosa desaparición del “caso Hermosilla” en la agenda de la prensa tradicional y la clase política –nunca más alguien se refirió al tema– es tan curiosa como la desaparición en la agenda del episodio Zalaquett. ¿Qué tienen en común ambos? Que involucran a una parte importante de nuestra elite política, social y empresarial. Lo cierto es que esta pura constatación da para un guion de una serie truculenta y de intriga en Netflix sobre el poder político. Qué miedo.
Dije antes que los casos de Yáñez y Muñoz son muy distintos. El general director de Carabineros está siendo investigado –será formalizado recién en mayo– por la responsabilidad del mando que le correspondió durante el estallido social, a diferencia de Muñoz, que no solo ha cometido un delito grave –entregar información reservada al abogado de una de las partes– sino que deja además al descubierto la relación perversa con uno de los abogados, hasta hace unos meses, más reputados y connotados del país, involucrado en causas que abarcan a todo el arco político nacional. Por su estudio jurídico han desfilado desde altos jerarcas de la Iglesia católica acusados de abusos sexuales hasta el expresidente Piñera.
Y si no fuera por la grabación –ilegal, por lo demás– de la abogada Villalobos, no nos habríamos enterado nunca de la red de Hermosilla y de la valiosa agenda telefónica con que el abogado obtenía información por debajo o resolvía exitosamente algunos casos. Recordemos que el profesional se jactaba de ganar casi todos sus juicios, cobrando sumas estratosféricas a sus clientes. Sin duda que aquí estamos frente a una situación gravísima, porque el cruce de variables y de nombres que comenzamos a ver parecen sacados de El Padrino de Francis Ford Coppola. ¿Quiénes más están involucrados en la red de Hermosilla? ¿A quiénes recurrió para ganar algunos juicios?
Todo parece indicar que esto solo es la punta del iceberg, que ya arrastró a un director de la policía y que puede golpear a otras instituciones. De hecho, la misma noche del viernes, Ciper reveló que entre los mensajes de WhatsApp de Hermosilla se constató un encuentro entre la abogada Villalobos –que develó el caso Sauer– y la contralora (s) Dorothy Pérez, en que participaron varios parlamentarios y exparlamentarios, lo que podría incluso afectar su nombramiento definitivo, que es la carta que jugaba Gabriel Boric. Esperemos que “el caso” no desaparezca en la agenda de manera repentina. Qué miedo.
