Opinión
Tenemos un agua potable de baja calidad, con grandes pérdidas de agua no facturadas, con escasa o casi nula inversión de las concesionarias y un régimen tarifario caro, poco transparente y sin ninguna participación de las comunidades.
Me tocó hablar sobre el modelo chileno de gestión hídrica en la Conferencia Mundial del Agua, organizada por Naciones Unidas el 22 de marzo del año 2023, cuya convocatoria no se hacía desde hace casi 50 años, medio siglo sin que los países se reunieran formalmente a dialogar, analizar y proyectar el futuro del agua dulce, sus controversias y desafíos globales. La situación ya no se puede seguir invisibilizando del debate público: los pueblos y las diversas especies se están quedando sin agua.
Sin duda, el agua es y será una de las tensiones más trascendentales de la historia humana del siglo XXI y su disponibilidad, suficiencia, saneamiento y sostenibilidad en el uso –concebida desde 2010 como un derecho humano en todo el globo, y un elemento esencial para la supervivencia de las todas especies, los ecosistemas y la producción económica– traen consigo desafíos que obligan a implementar acciones concretas y no solo meras declaraciones que se diluyen, valga la metáfora hídrica.
A un año de este episodio, y con una mochila de 44 años de un mal modelo de gestión hídrico, Chile sigue siendo uno de los referentes mundiales de lo que no hay que hacer en materia hídrica: se puso explícitamente en la Constitución Política de 1980 la propiedad privada del agua, es decir, pasamos de considerar el agua como un bien de uso y dominio público a concebir el agua como una mercancía; y en el Código de Aguas de 1981 se generaron las condiciones del modelo hídrico chileno, en rigor, se entregó el agua de manera gratuita y a perpetuidad a particulares, separando el dominio del agua del dominio de la tierra, para generar un “mercado del agua”, y cuyos particulares (empresas e individuos) pueden vender, arrendar o acaparar y heredar el agua, sin importar las condiciones climáticas y de disponibilidad futuras.
Ese futuro ya llegó y estamos en medio de una crisis estructural del agua en nuestro país. Chile tiene más de cuatro décadas de experiencia en un modelo privatizado de agua y la situación es insostenible. Esto no resultó más que en ganancias para un puñado de personas, y el derecho humano al agua sigue siendo una gran deuda que se paga con sequía para las comunidades, cierre de faenas productivas de pymes, agricultura familiar campesina destrozada, con consecuencias de empobrecimiento del mundo rural y, cada vez más, pobreza hídrica en el mundo urbano.
Además, si sumamos a todo esto las privatizaciones de las empresas sanitarias públicas de agua potable y saneamiento (entre 1997 y 1998), hoy nos encontramos en una encrucijada sin retorno, porque tenemos un agua potable de baja calidad, con grandes pérdidas de agua no facturadas, con escasa o casi nula inversión de las concesionarias y un régimen tarifario caro, poco transparente y sin ninguna participación de las comunidades. En estos planos pocas autoridades y grupos organizados se han atrevido a entrar, pero más temprano que tarde la crisis climática, la escasez y la pobreza hídrica nos obligarán a ponernos a la altura de las circunstancias, porque este modelo heredado es altamente ineficiente, desigual y no genera mayor productividad. Es un negocio solo para un puñado de personas.
El Chile del futuro necesita cambiar su modelo de gestión hídrica, recuperando la iniciativa pública, la capacidad de tomar decisiones sobre la base de investigaciones científicas y la soberanía de un bien común del que nadie, absolutamente nadie, puede prescindir para vivir.
En este plano, en 2020 el Centro de Producción del Espacio de la UDLA publicó un estudio sobre la desigualdad en la distribución del agua, concluyendo que el 1% de los titulares de agua concentran el 79,02% del agua. Si esto no es acaparamiento, ¿qué es? Hoy, el agua de Chile está en el sector productivo. Sobre el 90% se encuentra en manos de la agroindustria y de la minería, pero esto no se traduce en mejor ni mayor producción, sino en especulación financiera con el agua. Se requiere iniciativa legislativa para intervenir el modelo de gestión hídrica chileno.
Finalmente, somos los Gobiernos Regionales y locales los que hemos puesto la institucionalidad territorial al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, invirtiendo en infraestructura hídrica que las empresas sanitarias privadas no quieren hacer, como alcantarillado y extensión de las redes de agua potable en las zonas urbanas, poniendo especial énfasis en el uso de tecnologías, más investigaciones para tomar decisiones y atender la urgencia en los territorios más afectados por la escasez.
Sin embargo, no podemos solas ni solos. Necesitamos un empuje del Gobierno Central y del Parlamento para cambiar la situación, estableciendo un balance hídrico para la entrega y redistribución de derechos de aprovechamiento, participando en la fijación de tarifas y en los planes de inversión de las empresas sanitarias, resguardando las cuencas, pomponales y acuíferos, o delimitando la caja de los ríos, todas medidas que nuestro país requiere con urgencia, para no seguir adeudando con nuestros pueblos el tan vociferado derecho humano al agua.
