Opinión
Las prioridades, en este momento, deberían ser claramente otras.
Hace unos días, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que la promesa que ha mantenido viva el Presidente de la República, la condonación del CAE, “se va a cumplir”. En repetidas ocasiones, el Gobierno ha recurrido a dicha promesa, especialmente en períodos preelectorales: que las deudas del CAE se condonarán, que se pondrá fin a los créditos estudiantiles y al copago, que se modificará la legislación existente para pasar a un sistema “justo, progresivo y sostenible” de financiamiento de la educación superior.
Pero, transitando desde afirmar que se llevaría a cabo la “condonación universal de las deudas educativas” hasta que ella no sería “universal”, la autoridad se ha ido encontrando, repetidamente, con la realidad: la deuda es demasiado grande, la condonación es injusta y las prioridades deben ser otras en este momento.
La deuda es demasiado grande: 11.829 millones de dólares, para ser exactos, a diciembre de 2023. Esto supera en un 33,7% el gasto anual asignado a las subvenciones de establecimientos escolares, equivale a 9,2 veces los recursos combinados entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Subsecretaría de Educación Parvularia, y es incluso 326 veces mayor que el presupuesto destinado exclusivamente a la reactivación educativa para el año 2024.
La condonación es injusta. Hoy, en Chile, un egresado de una licenciatura o equivalente posee ingresos que en promedio alcanzan a 2,11 veces lo que gana un egresado de media, y de 2,7 veces lo que un individuo que solo terminó básica (¡!) (Education at a Glance 2023). Además, la distribución de ingresos de los deudores CAE no difiere de la del resto de los profesionales. Cabe recordar el informe de la Subsecretaría de Educación Superior en julio de 2022, que trató de instalar la tesis de que un 38% de los deudores del crédito ganaba menos de 250 mil pesos mensuales y cuya metodología presentó deficiencias graves, hasta hoy no corregidas. La presentación del ministro Marcel en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en julio de 2023, mostró que un 53% de los deudores ganaba mensualmente más de 750 mil pesos y que un 15% poseía ingresos por sobre $1,5 millones, a diciembre de 2020. En suma, una parte significativa de los deudores puede pagar la cuota que le corresponde, que, en promedio, alcanza a 1,4 UF (52 mil pesos) 6.
Las prioridades, en este momento, deberían ser claramente otras. La situación de la educación escolar y parvularia exige una atención prácticamente total: la recuperación de aprendizajes no se ha dado más que parcialmente; las tasas de deserción y de ausentismo han ido en aumento durante los últimos años; la convivencia escolar presenta problemas cuyo fin no se vislumbra en el horizonte temporal; los liceos emblemáticos y de la educación pública muestran resultados penosos; el regulador ahoga cada vez más a los establecimientos particulares subvencionados, con resolución tras resolución; ha disminuido la valoración de los apoderados por la educación inicial y otros elementos en una extensa lista de problemas urgentes.
Pero la agenda del ministerio ha permanecido invariablemente fiel a sus grupos de interés: los deudores del CAE y el Colegio de Profesores. Y ello explica la persistencia en mantener promesas imprudentes, como la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica.
La oferta de condonación del Gobierno, por otro lado, ha incluido persistentemente el fin de los créditos estudiantiles y del copago. En otra columna, uno de los autores de esta explicó los problemas asociados a la futura reforma del financiamiento de la educación superior, que busca atender situaciones no prioritarias y expandir mecanismos que truncan el desarrollo de la educación superior. La actual regulación de la gratuidad es un ejemplo paradigmático de esto.
La fijación de precios a través de la regulación de aranceles y las limitaciones al crecimiento de las vacantes institucionales operan como amarres para el sistema, impidiendo su orientación a la calidad y al desarrollo multidimensional de las instituciones. No es prudente expandir este mecanismo, conociendo sus graves problemas, para satisfacer ánimos que no responden a la justicia en la administración de los recursos fiscales.
Queda en evidencia, entonces, que las prioridades del ministerio son ajenas a las necesidades del sistema educativo chileno. La educación ofrece más beneficios a menor edad, es decir, en parvularia, básica y en la enseñanza media. Paradójicamente, estos niveles son los que más se han visto golpeados por la crisis educativa y los que menos apoyo han recibido de parte del Gobierno. No parece sensato continuar prometiendo una condonación de la deuda estudiantil para personas que ya han recibido educación en los niveles fundamentales, mientras se niega oportunidades a otras que aún no han accedido a estas etapas educativas o que, habiéndolo hecho, estudian en condiciones que no aseguran su mínimo desarrollo.
Las promesas de condonación del CAE son irrealizables y desvían el foco de lo que debería ser la prioridad del Ministerio de Educación: recuperar y fortalecer de manera equitativa la base de los aprendizajes.
