Opinión
La Ley Fintech aborda la titularidad y tratamiento de datos de consumidores, así como la regulación de “players” y activos en el sector, entregando una normativa clara a un terreno que ha carecido de esta hasta el presente.
Durante los últimos tres años, Chile ha logrado posicionarse como un actor protagónico en el panorama de la industria fintech latinoamericano, donde se destaca su cuarta ubicación en lo que respecta al levantamiento de capital de riesgo y un crecimiento promedio anual del 30% en la creación de nuevas startups desde 2021, según el Informe Finnovista Fintech Radar Chile 2023.
A pesar de un presente relevante y perspectivas positivas para el futuro de nuestro país en el desarrollo de la industria fintech en la región, no estamos exentos de desafíos. La dualidad de ser competencia y dependencia de los bancos requiere que estas empresas encuentren maneras innovadoras de conectarse con la ciudadanía, superando barreras digitales y construyendo confianza. Uno de los aspectos claves para lograr esta estabilidad es el marco regulatorio que actualmente se está discutiendo y elaborando, destacando la reciente implementación de la Ley N° 21.521, más conocida como Ley Fintech. Esta normativa, si bien representa un avance significativo al brindar una estructura legal clara a un sector en rápido crecimiento, también plantea una serie de retos.
La Ley Fintech aborda la titularidad y tratamiento de datos de consumidores, así como la regulación de “players” y activos en el sector, entregando una normativa clara a un terreno que ha carecido de esta hasta el presente. Su creación busca dar un control en las siguientes seis aristas: asimetrías de información a los clientes/público general; gestión de riesgos asociados al desarrollo del negocio y el gobierno corporativo; garantizar el cumplimiento de las obligaciones; capacidad operacional; patrimonio mínimo exigido; y protección del cliente.
Sin embargo, la implementación de más de 70 normas en un plazo de 18 meses, según lo especificado por la CMF, destaca la complejidad y el tiempo necesario para adaptarse plenamente a este nuevo marco. Clave será diseñar una hoja de ruta que permita maximizar el plazo, entregando la información necesaria a cada uno de los actores de la industria para tener un entendimiento, desde el minuto cero, de cómo este set de normas moldeará el desarrollo de la industria para los próximos años.
Dentro de las aristas antes mencionadas que pueden tener un impacto relevante en el presente de la industria, están la gestión de riesgos y un patrimonio mínimo exigido. Las normas vinculadas a estos dos grandes temas generarán mayores costos transaccionales dentro de la operación de las empresas fintech. Un patrimonio mínimo de UF 5.000, establecido por la ley, puede presentar desafíos considerables para la operatividad de las fintech, especialmente para aquellas que podrían carecer de los recursos iniciales necesarios, pero a su vez lograr darle una mayor seriedad al perfil de empresas que operen resguardando su viabilidad operacional, financiero y social en el mediano-largo plazo.
En este sentido, tomando en consideración el ejemplo anterior como uno de los posibles escenarios que pueden aparecer con la implementación de la norma, es relevante considerar la gradualidad y flexibilidad de su integración (y aplicación) en la industria, para que su adopción no genere un freno al crecimiento que se ha logrado en estos últimos tres años.
En este contexto, la reciente implementación de la Ley Fintech destaca la dualidad de ventajas y desventajas que enfrentamos como líderes en el sector. Aunque representa un paso firme hacia la regulación necesaria, la adaptación y el balance adecuado entre innovación y requisitos regulatorios seguirán siendo áreas clave a abordar en el futuro cercano.
