Opinión
La crisis climática y la pérdida de biodiversidad representan dos de las tres crisis ambientales que está afrontando el planeta y que pueden tener severas consecuencias para la humanidad.
Si bien los medios de comunicación están recurrentemente informando sobre desastres naturales –como incendios forestales, sequías, inundaciones, huracanes, entre otros–, estas situaciones dramáticas y que generan impactos en los ecosistemas no logran traducirse en acciones necesarias para evitar o disminuir el sufrimiento de las personas y otras especies afectadas por estos eventos. Se necesitan acciones urgentes a nivel local, nacional y mundial.
En términos geográficos y climáticos Chile es muy particular, ya que tenemos una amplia variedad de ecosistemas que han permitido la existencia de especies únicas o endémicas, así como aquellas compartidas con nuestros países vecinos. En el caso de la flora, Chile posee una rica biodiversidad de especies arbóreas y arbustivas, además de suculentas únicas en el planeta. Sin embargo, tenemos un grave problema, ya que muchas de ellas están amenazadas por los cambios ambientales en curso, como también por la desidia de las autoridades, que no han implementado adecuadamente la regulación vigente, de tal forma que los proyectos de inversión que se desarrollan no puedan ignorar su existencia.
En efecto, la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal establece, en su artículo 2º, número 13, la definición de especie nativa como “especie arbórea o arbustiva originaria del país que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura”. Pues bien, el año 2009, poco después de promulgada la citada ley, la cartera de Agricultura promulgó el DS N° 68, reconociendo 228 especies arbóreas y arbustivas como especies nativas u originarias del país, lo cual a todas luces era insuficiente.
Desde entonces, algunas organizaciones venimos pidiendo a los distintos gobiernos de turno que actualicen este decreto, pues existe un número considerable de plantas nativas que no fueron incluidas el año 2009. Aunque esto pareciera ser baladí, las implicancias de esta modificación serían significativas, pues al quedar fuera de la nómina –como especies no reconocidas oficialmente–, los titulares de proyectos de inversión no tienen la obligación de identificarlas a la hora de hacer las líneas de base de sus estudios o declaraciones de impacto ambiental; salvo que hayan pasado por el sistema de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente y estén en alguna categoría de conservación.
Es por ello que, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Conaf encargó un estudio con el propósito de determinar el número de especies de plantas que de acuerdo con la ley deberían ser incorporadas o reconocidas en este decreto. Si bien el estudio se hizo, finalmente nada pasó, pues el ministro de Agricultura de la época no promulgó un decreto con la actualización del decreto. Con la llegada de la administración de Boric y sus promesas de Gobierno ecologista, varios de los que hemos estado detrás de este tema pensamos que sería más fácil, pero la verdad no ha sido así.
Primero le explicamos el tema a las autoridades entrantes, tanto al ministro de Agricultura como al director de Conaf. Luego la Contraloría General de la República, el año 2022, emitió un dictamen en que se le ordena al Ministerio de Agricultura el reconocimiento de 704 especies. Posteriormente, durante el 2023, el Consejo de Política Forestal creó una subcomisión, la cual revisó antecedentes y determinó que se debían incorporar 1.208 especies, debiendo quedar reconocidas en un decreto un total de 1.432 especies arbóreas y arbustivas como nativas o autóctonas. Pero del decreto nada se sabe y al parecer no tiene esperanza de salir.
¿Qué hay detrás de todo esto? El reconocer oficialmente una especie como nativa o autóctona hace que la línea de base de vegetación en los procesos de evaluación ambiental sea más exigente para el titular de proyecto y abre la posibilidad de presentar observaciones si estas no son debidamente identificadas.
Pero pareciera que las autoridades no quieren que contemos un listado de más de 1.400 especies arbóreas y arbustivas reconocidas, pues esto dificultaría la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Pero lo más preocupante de esta desidia del Ejecutivo es que la mayoría de las especies que deberían ser incorporadas son de ecosistemas mediterráneos de zonas áridas y semiáridas. Es decir, de ecosistemas donde conservar la vegetación nativa tiene un gran valor, pues permite paliar los efectos del cambio climático, frenar la desertificación, contribuir al ciclo hidrológico y conservar suelo y biodiversidad, por nombrar algunos.
Una vez más el actual Gobierno con su accionar demuestra que de ecológico tiene poco o nada y que lo que importa es promover la inversión con bajos estándares ambientales. La realidad nos muestra que en las zonas donde hay especies que no están reconocidas se están instalando parques fotovoltaicos, eólicos y se pretende construir una megalínea de transmisión como Kimal-Lo Aguirre, que actualmente está en evaluación ambiental.
Me parece que todos entendemos que el país debe desarrollarse, que hay que aprobar proyectos de inversión, sin embargo, lo que no parece sensato, y menos en el escenario de crisis climática y pérdida de biodiversidad, es que esto ocurra a costa de no hacer las cosas bien y reconocer cuáles son nuestras especies nativas.
