Opinión
Por más que la clase política haya generado un acuerdo de carácter transversal para enterrar las consecuencias del financiamiento ilegal, esto no se logró a cabalidad, ya que la ciudadanía no estuvo dispuesta a olvidar la afrenta a la ética pública que la clase política provocó.
El escándalo provocado por el caso “filtración” -que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, exdirector general de Investigaciones- ha evidenciado que el nivel de corrupción que se ha instalado en Chile no sólo es mayúsculo, sino también tiene el potencial de tener una repercusión inimaginable.
Sí bien los niveles de corrupción en Chile han aumentado en los últimos años, los alcances de este caso podrían dejar consecuencias gravísimas a la estabilidad política del país, al afectarse seriamente su gobernabilidad y gobernanza. Esto es algo que sólo se había observado, y en menor escala, en el caso del financiamiento ilegal de la política.
Al respecto, y sin querer desviarme del asunto que amerita este análisis, es importante recordar que por más que la clase política haya generado un acuerdo de carácter transversal para enterrar las consecuencias del financiamiento ilegal, esto no se logró a cabalidad, ya que la ciudadanía no estuvo dispuesta a olvidar la afrenta a la ética pública que la clase política provocó, lo que -en esencia- significó castigar electoralmente a los partidos políticos tradicionales, posicionando en el poder a nuevos conglomerados, quienes -y al poco andar- también perdieron su pureza de origen, convirtiéndose en los principales contribuyentes a los actuales niveles de corrupción, así como también en el subsecuente aumento del desprestigio de la clase política.
Ante esto, y atendiendo a que la sociedad nacional sigue padeciendo las desconfianzas derivadas del caso del financiamiento ilegal de la política, así como también del caso “Fundaciones”, es que el denominado caso “Filtración” resulta de especial relevancia y gravedad, no sólo porque sigue erosionando la ya mermada confianza ciudadana hacia nuestras instituciones, sino porque también tiene el potencial de condicionar la gobernanza y, en consecuencia, nuestra estabilidad democrática.
Esto es así, ya que la incautación de los teléfonos celulares en el caso audios, pertenecientes al influyente abogado Luis Hermosilla, no sólo determinó que él recibía información por parte del exdirector de la PDI, relativa a actividades e indagatorias que fiscalía había ordenado en distintas causas en las que el abogado era una parte interesada, sino también porque abrió la posibilidad de estar en presencia de un sistema en el que el acceso privilegiado a la información le permitía al abogado Hermosilla ostentar una posición de influencia y poder sobre distintos personajes de la clase política, económica y judicial de Chile.
Así entonces, la investigación en el caso audios ha abierto una Caja de Pandora que no puede ni debe cerrarse, a pesar de los riesgos a la gobernabilidad que el conocer la verdad implique.
