Opinión
No es posible llevar a cabo negociaciones climáticas globales ni discutir seriamente sus impactos sobre la movilidad humana sin reconocer los vínculos de este fenómeno con la falta de justicia social y ambiental.
Las migraciones provocadas por inundaciones, incendios forestales y sequías en países como Brasil, Argentina y Chile o la necesidad de reubicar a poblaciones costeras por la subida del nivel del mar, como ocurre en la Costa Atlántica y Pacífica de Panamá, son algunos de los ejemplos de movilidad humana en el contexto del cambio climático en América Latina.
En la región, así como en el resto del mundo, el cambio climático se agrava y provoca importantes daños en todas las esferas, así lo ha alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los mayores niveles de hambre e inseguridad alimentaria, el aumento de diversas enfermedades y la pérdida global de biodiversidad obligan año a año a millones de personas a abandonar sus hogares.
El cambio climático tiene efectos desiguales y afecta con más intensidad a los países del Sur global, más expuestos y vulnerables a sus impactos. Además, la capacidad de estos países para enfrentar y recuperarse de sus efectos adversos es limitada, debido a factores como la pobreza y la desigualdad, la mayor presencia de conflictos, la escasez de recursos económicos y humanos, y la fragilidad institucional.
América Latina representa solo el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero es un territorio altamente vulnerable al cambio climático. En la región, este fenómeno impacta sobre las migraciones y particularmente en los desplazamientos internos. De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), solo en 2022 se registraron 2.1 millones de desplazamientos internos por desastres en las Américas.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia y el Pacífico. En el periodo 2000-2022, más de 190 millones de personas se han visto afectadas por desastres como inundaciones, tormentas, terremotos, derrumbes y sequías. Este es un fenómeno histórico, cuyos efectos se agravan por factores de riesgo como la pobreza, las desigualdades, el hambre, la inseguridad alimentaria, las crisis económicas y la inestabilidad política. Pero a estos factores se suman la creciente degradación ambiental y el cambio climático, así como el alto número de personas que viven en asentamientos informales en las metrópolis del mundo en desarrollo.
De acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, para 2050 el cambio climático podría provocar 216 millones de migrantes internos por motivos climáticos en seis regiones: África al sur del Sahara; Asia oriental y el Pacífico; Asia Meridional; Norte de África; América Latina; y Europa Oriental y Asia Central. Los escenarios más pesimistas para el clima, estiman que 17 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse a consecuencia de los efectos del cambio climático en América Latina hasta 2050.
Las actuales cifras sobre migraciones climáticas y las proyecciones para las próximas décadas llevaron a la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, a afirmar en septiembre de 2023 que “hemos entrado oficialmente en la era de la migración climática”. La OIM define este fenómeno como el “desplazamiento de una persona o grupos de personas que, predominantemente por razones de cambio repentino o progresivo del medio ambiente debido al cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, temporal o permanentemente, dentro de un Estado o a través de una frontera internacional”. La migración climática es, por lo tanto, una subcategoría de la migración ambiental, pero para comprender sus reales características y efectos es necesario superar visiones reduccionistas y alarmistas.
Como muestran los estudios migratorios, la movilidad humana es un proceso complejo e impulsado por diversas causas que el cambio climático puede reforzar, acelerar o agravar. En este sentido, la necesaria atención sobre el cambio climático como factor indirecto y muchas veces directamente asociado a las migraciones –de carácter interno e internacional– no puede ni debe ocultar las fuerzas de naturaleza económica, política y social que están detrás de la movilidad humana.
Al final de cuentas, factores como la pobreza, las desigualdades, la escasez de alimentos y recursos, la urbanización y la falta de empleo continúan siendo grandes propulsores de desplazamiento de población y no es casualidad que sean las poblaciones del Sur Global las principales desplazadas por este fenómeno. Sin embargo, en un mundo en el que la movilidad humana es una estrategia deseada, pero no está al alcance de todos, la inmovilidad forzada y la existencia de poblaciones atrapadas en sus lugares de origen constituyen una mayoría silenciosa.
La necesaria mirada científica sobre las migraciones, el reconocimiento de que existen estrategias de adaptación al cambio climático y que sus efectos muchas veces pueden ser prevenidos y mitigados con políticas adecuadas, no deben evitar que discutamos un tema que merece plena atención. La relación entre medio ambiente, cambio climático y migración está presente en la Agenda 2030, en los Pactos mundiales sobre Migración y Refugio y en instrumentos específicos como la Iniciativa Nansen, el Marco de Acción de Sendai y los Principios de Península sobre el desplazamiento climático dentro de los Estados, por citar solo algunos casos. A nivel global existe también un importante movimiento para obtener una ampliación de la definición de refugio que reconozca las causas ambientales y climáticas que motivan este proceso.
En América Latina, colectivos como la RESAMA (Red Suramericana de Migraciones Ambientales) trabajan desde hace más de una década en visibilizar esta realidad y han permitido la formulación de evidencia científica y recomendaciones de políticas públicas. Existen también iniciativas como los visados humanitarios para personas desplazadas por desastres de Brasil y Argentina, mientras que en Colombia un reciente proyecto de ley (N. 299/2022C) busca reconocer de forma pionera el desplazamiento por causas climáticas. Hay también un significativo esfuerzo regional para que se realice una nueva lectura de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incluya las causas ambientales de este fenómeno.
Sin embargo, a la hora de discutir las migraciones climáticas no se debe olvidar la responsabilidad que tienen los Estados frente al cambio climático ni los desiguales efectos que este fenómeno provoca a nivel mundial, con énfasis en los países del Sur. En otros términos, no es posible llevar a cabo negociaciones climáticas globales ni discutir seriamente sus impactos sobre la movilidad humana sin reconocer los vínculos de este fenómeno con la falta de justicia social y ambiental. En una región como América Latina, caracterizada por enormes desigualdades y crecientes niveles de injusticia multidimensional, este debería ser el punto de partida.
