Opinión
El restablecimiento de la democracia restableció los derechos de los trabajadores, a pesar de que no pudieron recuperar su poder de 1973, no obstante los gobiernos favorables y a que se mantuvo el predominio de la CUT.
En la actual tendencia mundial se observa un decreciente poder sindical. El caso de Chile es complejo.
La primera huelga de importancia ocurrió con la industria salitrera, en la escuela Santa María de Iquique, que terminó con una matanza de los reclamantes. A comienzos del siglo XX, el crecimiento de los sindicatos se centró en las salitreras y otras empresas mineras, en especial del cobre. De esa época es la creación de la Federación Obrera de Chile (FOCH), en 1909, con el liderazgo de Luis Emilio Recabarren, que se traspasó desde el Partido Obrero Socialista al Partido Comunista (PC).
Con el desarrollo de la industria manufacturera hay un crecimiento de los sindicatos, que crean la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), ligada al PC.
En la agricultura la formación de sindicatos fue escasa hasta las presiones que llevaron a la Reforma Agraria.
En febrero de 1953 se funda la CUT, Central Única de Trabajadores, bajo el liderazgo de Clotario Blest, que fue el gran poder en el período 1960-1973. Las tasas de sindicalización aumentaron desde 12% en 1960 a 33,7% en 1973. Esta entidad es la que concentra el mayor número de afiliados y la mantención del liderazgo en la actualidad. En ella los sindicatos de empresas tienen el 63,8%, los sindicatos independientes el 25,7% y los interempresas el 7,4%.
Con la dictadura se reduce significativamente la presencia sindical, incluida la prohibición de crear nuevas entidades, y se introdujeron varias modificaciones al Código del Trabajo, que debilitaron las existentes.
El restablecimiento de la democracia restableció los derechos de los trabajadores, a pesar de que no pudieron recuperar su poder de 1973, no obstante los gobiernos favorables y a que se mantuvo el predominio de la CUT.
En 2013 la tasa de sindicalización llegó al 14,2% y se observan más sindicatos activos, pero menos huelgas. Además, la sindicalización masculina es solo levemente superior a la femenina, en que han asumido liderazgos María Rozas, como vicepresidenta y diputada, y Bárbara Figueroa incluso en la presidencia de la CUT (actualmente es secretaria general del PC).
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en abril de 2013 había 3.290 sindicatos con 1.904.000 trabajadores.
El anuario de la CUT de 2020 indicó que se aprobaron 494 huelgas, con 86.152 trabajadores, es decir, incluyeron a varias de las empresas de mayor tamaño.
Los sectores productivos que tenían la mayor cantidad se afiliados eran la Minería, con el 34,8% y la Intermediación Financiera con el 26,2%.
El reducido crecimiento de la sindicalización ha limitado el poder del PC, que marcaba su poder político a través de la lucha de clases, hasta la dictadura, y quedó desprovisto de un ideario atractivo para su comunicación ciudadana.
En esta materia, el país tiene varios temas pendientes que es necesario resolver:
El primero es la regularización de la situación de los trabajadores del sector público, actualmente representados por la ANEF (Asociación de Empleados Fiscales), que actúa sin tener una clara estructura jurídica y tampoco la posibilidad de tener una negociación colectiva con las autoridades. Esto lleva a numerosas peticiones parciales y desordenadas que crean situaciones muchas veces inconvenientes para el progreso del país. Para ordenar este aspecto, sería conveniente aclarar los derechos de este segmento laboral y tener claridad de su estructura institucional, desde un punto de vista organizacional. Las actuales protestas y negociaciones quedan reducidas a negociaciones políticas.
El segundo es que hay entidades del sector público que debieran quedar al margen de la negociación colectiva. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, que por sus funciones no podrían actuar con los derechos y peticiones antes descritos; para ellos habría que diseñar un trato diferente. Otra situación especial corresponde al sistema judicial, por la independencia que es propia de sus funciones.
El tercer tema es que las empresas públicas de propiedad estatal se rigen básicamente por leyes orgánicas, que a veces tienen diferencias entre ellas en esta materia. En todo caso, sería necesario examinar y establecer si correspondería aplicar la misma normativa que para las privadas o en algunos aspectos establecer diferencias.
La situación anterior refleja que sería necesario una revisión del Código del Trabajo, con una preocupación especial por los derechos laborales y la normativa sobre las huelgas.
