Opinión
EFE
La excusa de Noboa de facilitar la labor judicial no es más que un velo sobre intenciones políticas que desvían la atención de la verdadera solución: el fortalecimiento institucional y el apego al derecho.
El reciente asalto a la embajada de México en Ecuador, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, representa una flagrante violación al derecho internacional. Esta acción, respaldada por el presidente Daniel Noboa, trasciende cualquier justificación que pueda ofrecer Quito. La incursión violenta, que resultó en agresiones al personal diplomático y en la extracción forzada de Glas que, independientemente de su situación, se encontraba bajo la protección de México, contraviene el principio de respeto a la soberanía y la institucionalidad que la comunidad internacional se esfuerza por promover.
Aunque pesan graves acusaciones de corrupción sobre Glas, vinculadas a su gestión durante el Gobierno de Rafael Correa, ello no autoriza a Noboa a infringir normativas internacionales bajo el pretexto de hacer justicia. América Latina debe entender que la corrupción se arraiga en contextos donde predomina el desprecio por el orden legal y las decisiones soberanas de otros Estados. De lo contrario, corremos el riesgo de hallar siempre pretextos para violar leyes y principios.
Las cifras a la vista dan cuenta de que ambos países involucrados en este incidente tienen pobres desempeños en los principales índices que miden temas de altísima relevancia, como corrupción, niveles de violencia, desigualdad o desarrollo. Ecuador está en el lugar 115 del Índice 2023 de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el puesto 97 del Índice Global de Paz Social y 85 en el Ranking de Democracia. México no está mejor: 126 en Corrupción, 126 en Paz Social y 90 en Democracia. México está en el puesto 86 y Ecuador 95 en el ranking de Desarrollo Humano de la ONU.
Estas posiciones desfavorables en las que se encuentran Ecuador y México reflejan las profundas dificultades que enfrentan en materia de desarrollo humano y Estado de Derecho. Tales indicadores subrayan una realidad preocupante: la corrupción florece donde la democracia es frágil, la violencia es rampante, y el respeto por el derecho brilla por su ausencia.
La excusa de Noboa de facilitar la labor judicial no es más que un velo sobre intenciones políticas que desvían la atención de la verdadera solución: el fortalecimiento institucional y el apego al derecho. Por otro lado, la complacencia política hacia la corrupción, independientemente del partido en el poder, solo sirve para perpetuar el ciclo de impunidad.
Los líderes políticos deben entender que la corrupción es indiscriminada; no distingue de colores políticos y busca únicamente el poder y la influencia. Solo mediante un compromiso férreo con la legalidad, la ética, y la resolución de conflictos a través de vías institucionales, podremos enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia de la integridad y el orden. Es momento de demostrar, con acciones concretas, que el crimen organizado y la corrupción no tienen cabida en una América Latina comprometida con el progreso y la justicia para todos.
