Opinión
Un entorno bien cuidado refuerza la autoestima y hace que la gente se sienta orgullosa de vivir allí. Y en comparación con las ayudas a la renta, las inversiones urbanas son menos estigmatizantes porque son más silenciosas a los ojos del individuo.
En este año electoral, es útil examinar la eficacia de las políticas que intentan corregir las desigualdades entre municipios. En Chile, estas políticas pasan en mayoría via el mecanismo del Fondo común municipal. ¿Qué grado de redistribución es capaz de alcanzar?
En primer lugar, hay que notar que las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad suelen centrarse, en la mayoría de los países, en la distribución de prestaciones específicas a las personas más que en ayudas a los municipios o barrios pobres. Varios argumentos tratan de justificar este orden de prioridad. Se dice que las fuerzas económicas ayudan al final a los barrios desfavorecidos a recuperarse: el costo de la mano de obra y del suelo es más bajo allí, lo que atraerá empresas y genera puestos de trabajo. También, la posibilidad de salir de la zona desfavorecida para los que buscan un trabajo reduce su tasa de desempleo. Se dice además que la libertad de elección de las personas se respecta más con ayudas personalizadas, preferiblemente de índole monetaria.
Hay una creciente insatisfacción con este enfoque centrado en los ingresos. Los economistas admiten ahora que el libre juego del mercado no puede corregir estas situaciones de abandono, si es que no las refuerza. Las empresas no pueden atraer a sus empleados a las zonas perjudicadas porque ellos quieren buenas escuelas, barrios seguros, servicios urbanos, etc. La caída del precio del suelo tiene poco efecto. La emigración de la zona es incluso de doble filo, ya que afecta a personas que a menudo son las más jóvenes y las más audaces. En resumen, existe un círculo vicioso que hace que el deterioro sea muy duradero.
La insatisfacción también es de naturaleza ética. Una mayoría de gente ve como contrario a la justicia que personas de una misma comunidad no tengan el mismo acceso a los bienes públicos. El filósofo Thomas Scanlon llama a esto “desigualdad de atención” y lo considera una razón mayor para oponerse a la desigualdad, mucho más que las diferencias en ingresos. ¿Cómo explicar que en una misma ciudad algunos disfrutan de calles limpias, sombreadas, con rondas de seguridad municipal cuando otros padecen de calles sucias, llenas de baches y a veces de basura? Un entorno bien cuidado refuerza la autoestima y hace que la gente se sienta orgullosa de vivir allí. Y en comparación con las ayudas a la renta, las inversiones urbanas son menos estigmatizantes porque son más silenciosas a los ojos del individuo e infunden menos sentimiento de ser parte de quienes viven de la asistencia.
Se considera en general como un objetivo razonable que el gasto en bienes y servicios públicos sea razonablemente igual para todos los ciudadanos de una misma región o ciudad. En Chile, ésta fue la razón por la que se introdujo un sistema de repartición de los ingresos fiscales entre los municipios de todo el país. Una ley aprobada en 1979 y reforzada en 2007 creó el Fondo Común Municipal. Este mecanismo parece muy potente, ya que obliga a cada municipalidad, rica o pobre, a aportar al fondo el 60% de sus ingresos fiscales (IPP u ingresos propios permanente, es decir, impuesto territorial, permisos de conducir y patentes). El Fondo los redistribuye teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de la población, el de los ingresos fiscales o el de la pobreza. Además, existen ayudas más específicas del gobierno central, como el programa de mejora de barrios (PMB) o el programa de mejora urbana y equipamiento comunal (PMU). Pero, ¿es esto suficiente? Vamos a ver.
La historia de dos municipalidades
Imaginemos dos comunas de la Región Metropolitana. Llamémoslas Viconchea y Remaipuen. La primera tiene una población de 564.000 habitantes, la segunda casi el triple, 1.472.000. La primera es rica, la segunda con una tasa de pobreza importante. De hecho, Viconchea tiene unos ingresos fiscales IPP de $615.000 por habitante, frente a los apenas $58.000 de Remaipuen, es decir una brecha de casi 11 a 1.
El mecanismo del FCM corrige en gran medida esta desigualdad, ya que, tras la redistribución, los ingresos fiscales IPP que permanecen son de sólo $286.000 por habitante para Viconchea, mientras de $141.000 para Remaípuen. La brecha se ha reducido a una proporción de 2 a 1.
Pero estas dos municipalidades reciben otros ingresos que los IPP, como ingresos financieros, ventas de activos, etc., y lo que pasa es que son estructuralmente importantes en comunas ricas. Así que mejor ver los gastos de las dos comunas, es decir lo que los habitantes reciben realmente como servicios. Son de $715.000 por habitante en Viconchea y $182.000 en Ramaipuen. Entonces, a pesar del mecanismo del Fondo, regresamos a une la brecha de casi 4 a 1 (véase el cuadro abajo).
Los costos salariales son aproximadamente los mismos, lo que indica que deben tener aproximadamente el mismo número de funcionarios, mientras que la población de la municipalidad pobre es tres veces mayor. El presupuesto de gastos en bienes y servicios, es igual en montos. Pero esto da un gasto per cápita de $83.000 para cada habitante de Viconchea y de $24.000 para los de Remaípuen. La siguiente tabla aísla ciertos gastos per cápita. Muestra, por ejemplo, que los servicios de limpieza urbana per cápita son tres veces más elevados en Viconchea, los de salud 18 veces.
Al final, los unos reciben cuatro veces menos que los otros. Es la desigualdad de atención. El lector ha reconocido por supuesto el nombre de las tres municipalidades que se esconden detrás de de Viconchea y detrás de Remaipuen. Los datos se refieren al año 2022 y se pueden encontrar en la página web del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).
No estoy diciendo que estas diferencias desaparecerían como por milagro si alguna vez pusiéramos todos los ingresos municipales en un fondo común, lo que se hace en muchas metrópolis del mundo. Incluso si los gastos municipales fueran iguales para todos les habitantes de las 52 municipalidades del Gran Santiago. Los factores en juego son extremadamente complejos. Pero sin duda este tema no debe escapar al debate electoral. Hay argumentos para revisar el mecanismo del Fondo común municipal.
