Opinión
De seguir adelante con este proceso de declive de la actividad agrícola, sus consecuencias sociales, laborales y productivas podrían llegar a ser de mayor consideración que la situación de Huachipato, y un país que no se preocupa mucho de lo que sucede en el campo, tendría que empezar a hacerlo.
En el año 2023, el crecimiento total del PIB nacional terminó siendo de un 0.2 %, lo cual –aun siendo una cifra bastante modesta– causó alegría y tranquilidad en los círculos económicos del país, sobre todo en los círculos gubernamentales. Pero en ese contexto, el sector silvoagropecuario destacó como uno de los pocos que presentó un crecimiento negativo de -1.8%. De los 15 sectores en que el Banco Central divide para fines estadísticos a la actividad económica nacional, solo 3 de ellos presentaron tasas negativas de crecimiento, siendo la agricultura una de ellas. En el año 2022, a su vez, en condiciones que el PIB del conjunto del país creció a un 2.4%, la agricultura lo hizo modestamente en un 0.1 %, lo cual es casi una señal de estancamiento. Podríamos mencionar varias hipótesis que se pueden levantar como las más plausibles para explicar esta mala situación de la producción agrícola.
En primer lugar, una situación que afecta en forma sustantiva a toda a la agricultura nacional es el problema de la sequía, que aun cuando no tiene una tendencia sostenida de agravamiento, se mantiene ya desde hace varios años en situaciones de menor disponibilidad de agua que en épocas pasadas y no muy lejanas. La sequía no afecta por igual a todas las regiones del país, pero tiene incidencia directa sobre la producción de las zonas de mayor vocación agrícola.
También cabe destacar, en lo que respecta al factor tierra, que la cantidad de esta que se destina anualmente a uso agrícola ha enfrentado un declive manifiesto a lo largo del año 2023 y también en años anteriores. En la temporada agrícola 2021/2022, el área sembrada fue de 536.474 hectáreas, según los datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa. Al año siguiente, en la temporada 2022/2023, esa área sembrada disminuyó a 505.236 hectáreas, es decir, una caída de 5.8%. De esas cifras, los cereales –que son el principal cultivo nacional, incluyendo trigo y maíz– presentó siembras de 424.504 hectáreas en el 2021/2022, bajando posteriormente, en el 2022/2023, a 392.166 hectáreas, lo cual representa una baja de 7.6%. Si disminuye el uso de un insumo agrícola tan obviamente importante como lo es la tierra, es altamente probable que se reduzca también la producción que se obtiene en esa menor cantidad de tierra.
La reducción de la superficie agrícola tiene relación, a su vez, con las parcelas de agrado, que avanzan en todo el país, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, y que restan tierras a la actividad agrícola para destinarlas a urbanizaciones de uso permanente o eventual, pero ajenas a la actividad agropecuaria. El uso de la tierra para efectos de instalar paneles solares, también se ha convertido en un uso alternativo de la tierra, ajeno a la actividad propiamente agrícola.
La presencia combinada de la carencia de tierra y de agua, llevan a que el empleo en la agricultura asuma cada vez más el carácter de empleo informal, generando una masa laboral que va y viene de una actividad a otra en el propio campo, y también ofrece sus servicios eventuales en oficios urbanos. Según los datos de Odepa, el empleo en el sector disminuyó en un 1.1 % a lo largo del año 2023, y la informalidad alcanzó a 212.483 personas en octubre del mismo año, lo cual representa el 41 % de la población activa en el sector agrícola.
En síntesis, una agricultura en que se reduce la utilización del factor tierra, del factor agua y del factor mano de obra, es un sector que tiene que disminuir su nivel de producción, a menos que estemos en presencia de un salto tecnológico muy fuerte, que haga aumentar la productividad por hombre empleado, por unidad de tierra utilizada y por volumen de agua disponible, a lo largo de todo el país, lo cual no parece ser la situación presente, por lo menos no en forma generalizada a lo largo de la geografía nacional.
De seguir adelante con este proceso de declive de la actividad agrícola, sus consecuencias sociales, laborales y productivas podrían llegar a ser de mayor consideración que la situación de Huachipato, y un país que no se preocupa mucho de lo que sucede en el campo, tendría que empezar a hacerlo.
