Opinión
Aún estamos a tiempo de evitar que las comunas rurales se conviertan en un “Estado híbrido” o, en otras palabras, que la negociación con la criminalidad sea pan de cada día y se incruste como una nueva gobernanza local.
Desde un tiempo hasta ahora, el crimen organizado se ha trasladado –en la Región Metropolitana– a las comunas distantes del centro capitalino, para evitar la acción de los organismos de persecución penal.
En concreto, estas agrupaciones delictivas están aprovechando las zonas rurales, captando así la desconocida geografía del agro, entre muchas otras, Melipilla, La Granja, Padre Hurtado, Colina y Pirque, pero también abarcan otras comunas de distintas partes del país, como La Ligua, Los Andes, Los Vilos, Salamanca, Hualqui, Santa Juana, Los Ángeles, Victoria, Máfil, Los Lagos y Osorno.
Sin embargo, su poder ilícito y la comisión de una pluralidad de delitos que van desde el narco hasta el tráfico de armas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la extorsión y el sicariato, podría estar marcando un nuevo peligro: las municipalidades.
El historiador británico John Dickie, autor del libro Cosa Nostra: Historia de la Mafia Siciliana, da cuenta de cómo este tipo de grupos disputa desde siempre el poder al Estado sin éxito: “Cuando el Estado moderno sustituyó al feudalismo, se suponía que establecería un monopolio sobre la violencia, sobre el poder de hacer la guerra y castigar a los criminales”, destaca el texto.
Y a renglón seguido, reflexiona –tomando como ejemplo a la mafia siciliana– y sostiene que el Estado fracasó en su labor, porque “el poder de los jefes sicilianos en el terreno” se convirtió en violencia democratizada.
Para nadie es un misterio que la falta de presencia policial y la dificultad para acceder a zonas de irregular geografía crean un vacío de autoridad –ya sea por falta de efectivos o bien de voluntad política–, contribuyendo a que estos grupos avancen y comiencen a controlar territorios lejos de las capitales regionales.
A ello debemos sumar la ausencia de servicios públicos básicos como el agua potable, electricidad, educación y salud. Esta tríada provoca que esos ciudadanos, que antes vivían lejos de las realidades de la criminalidad organizada, hoy se sumen a la creciente desconfianza en las instituciones.
Dicho de otro modo, la ruralidad se está transformando en terreno fértil para que dichos vacíos y carencias puedan ser llenados con dinero proveniente de actividades ilícitas que permitan satisfacer las necesidades y, con ello, comprar lealtades y silencio frente a las labores de persecución penal.
Adicionalmente, hay que recordar que la economía rural es principalmente informal, por lo tanto, aún estamos a tiempo para evitar la infiltración de este flagelo con los delitos ya mencionados.
Toda la reflexión anterior es solo la antonomasia de palabras por todos conocidas: exclusión, falta de oportunidades laborales y marginación.
Por esta razón, es de vital importancia que el Estado y los privados (léase grandes empresas e industrias) generen mecanismos de colaboración con miras a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y evitar que este llegue a las municipalidades. Solo a modo de ejemplo, hace algunos años fue descubierto un narcoconcejal a quien apodaban el “Rey del norte”.
Por eso es importante reiterar la idea: desde el mundo público al privado, se deben buscar mecanismos de fortalecimiento institucional hacia los municipios rurales, lo que no es solo mayor equipamiento policial, sino también consolidar mayores y mejores bienes públicos tan necesarios, como salud, educación y agua potable.
Pues bien, hasta ahora las organizaciones ilícitas no se han convertido en la bestia negra de las municipalidades; sin embargo es momento de verificar el alcance del fenómeno en las sedes edilicias nacionales, que son las que poseen el conocimiento profundo de su comunidad y de las dinámicas locales. Es decir, el momento es ahora, para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de la industria criminal.
Lo anterior implica que la falta de incentivos y recursos –que debilitan a las municipalidades– es caldo de cultivo para la delincuencia, que solo espera la oportunidad para girar los diales de la cerradura en su favor.
Dicho eso, la reducción de las brechas sociales, representadas en servicios públicos e infraestructura, se instala –al menos– como el eje rector de la guerra contra la criminalidad organizada.
De esta manera, aún estamos a tiempo de evitar que las comunas rurales se conviertan en un “Estado híbrido” o, en otras palabras, que la negociación con la criminalidad sea pan de cada día y se incruste como una nueva gobernanza local.
En este sentido, esperemos no tener que pronunciar lo que dice John Dickie, en el texto ya citado, cuando señala que el “Estado fracasó”.
