Opinión
Solo un tercio de los habitantes del Gran Santiago accede a plazas que estén a menos de 400 metros de sus viviendas. Además, apenas el 5,7% de la población accede a 10 m² de áreas verdes por habitante.
El próximo 22 de abril celebramos el Día de la Tierra, una fecha que nos llama a la acción para proteger nuestro planeta y repensar la forma en que habitamos nuestras ciudades. En este contexto, es crucial abordar uno de los principales desafíos de la sostenibilidad urbana: la necesidad urgente de aumentar las áreas verdes en nuestros entornos urbanos para contrarrestar el fenómeno de las “islas de calor urbano”, que se manifiesta en zonas con escasa vegetación y alta densidad de construcción. La falta de áreas verdes puede elevar en dos a tres grados las temperaturas en las ciudades.
La relación entre la salud y el medio ambiente es innegable, y la creación de parques urbanos y áreas verdes sustentables emerge como una solución vital. Estudios a nivel global han demostrado la estrecha conexión entre el acceso a la naturaleza y el bienestar físico y mental de las personas. Es en los entornos naturales donde encontramos la calidad de vida que tanto anhelamos.
Los parques, plazas, jardines y otras zonas verdes no solo tienen un valor estético y embellecen nuestras ciudades, sino que también desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima urbano, la mejora de la calidad del aire y la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, es preocupante constatar la brecha y desigualdad verde que tenemos.
Las cifras son elocuentes. En base a datos del estudio “Desafíos en la accesibilidad a áreas verdes en la ciudad y vías de solución, en el marco de la Ley de Aportes al Espacio Público”, del Centro de Políticas Públicas UC, se estableció que solo un tercio de los habitantes del Gran Santiago accede a plazas que estén a menos de 400 metros de sus viviendas. Además, apenas el 5,7% de la población accede a 10 m² de áreas verdes por habitante. De acuerdo con el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), en promedio las personas que habitan en áreas urbanas tienen acceso a 6,4 m² de plazas por habitante.
Las “islas de calor” reflejan esta inequidad territorial, proliferando en sectores más vulnerables con alta densidad poblacional, pero carentes de espacios naturales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un estándar mínimo de 9 m² de áreas verdes por habitante, una meta que estamos lejos de alcanzar. El promedio en el Gran Santiago es de 3,8 m² por habitante (Fundación Mi Parque), por debajo de la media nacional de 4,5 m².
Según el Catastro de Parques Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cada ciudadano de la Región Metropolitana cuenta con 3,6 m2 promedio de parque. Por su parte, la OCDE afirma que quienes viven en áreas urbanas en Chile tienen un acceso menor a las áreas verdes que los estándares internacionales. Este déficit adquiere importancia cuando se considera que las plazas aportan con espacios de sociabilidad e interacción entre vecinos, lo cual fomenta la sensación de pertenencia y cohesión social en los barrios.
La desigualdad de áreas verdes por comunas en el Gran Santiago es gigantesca, tanto en metros cuadrados, calidad y cantidad, con una disparidad aún más marcada entre las comunas de altos y bajos recursos. Aquellas con mayores ingresos alcanzan un promedio de 15 m² de áreas verdes por habitante. En algunos casos, como Vitacura, llega a 19 m² /hab. En contraste, Quilicura, La Cisterna, Independencia, Calera de Tango, San Miguel y El Bosque tienen una disponibilidad inferior a 2 m²/habitante (Censo 2017). Según el Observatorio de Ciudades UC, mientras Las Condes y Providencia tienen más del 70% de su superficie con vegetación, en Lo Espejo, Renca y El Bosque no supera el 27%.
No cabe duda, es hora de actuar con determinación. Necesitamos políticas públicas integrales que prioricen la inversión en infraestructura verde urbana y garanticen que todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a entornos naturales y saludables. Las áreas verdes son fundamentales para mejorar la calidad de vida de un barrio, pero también cumplen un rol social. Son lugares de encuentro familiar, de vida al aire libre, descanso y recreación. Lugares de conexión comunitaria.
La implementación de la Ley de Aporte al Espacio Público es una gran ayuda para las municipalidades, otorgándoles la capacidad de planificar y financiar proyectos de parques comunales. Un alivio para los municipios, que muchas veces hacen malabares para construir o mejorar sus áreas verdes, enfrentando diariamente, además, la necesidad de su mantenimiento. La posibilidad de contar con recursos dedicados específicamente a la creación y cuidado de estos espacios ofrece nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover un entorno urbano más saludable y sostenible.
El desafío es claro: repensar nuestras ciudades con un enfoque integral de renovación urbana, que promueva la creación de espacios verdes desde el diseño urbano inicial. Es momento de construir ciudades más inclusivas y sostenibles, donde cada barrio refleje una armónica integración entre la urbanización y la naturaleza. Debemos atrevernos a adoptar una mirada arquitectónica que considere el desarrollo en altura como barrios verticales con plazas elevadas abiertas, ofreciendo una solución tanto para las necesidades de las personas como para la escasez de áreas verdes en nuestros centros urbanos. Tenemos una deuda pendiente.
