Opinión
En resumen, la convocatoria a una junta de accionistas no solo es una necesidad para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, sino que se ha vuelto una medida inevitable para preservar la integridad y la viabilidad futura del sector del litio en Chile
A estas alturas, con sesiones del congreso pendientes, oficios parlamentarios a todos los organismos públicos involucrados, cuestionamientos por parte de consumidores y analistas y grandes dudas desde las administradoras de fondos de pensión, dueñas del 14% de SQM, no hay duda de que el acuerdo entre SQM y Codelco pasa por su peor momento en términos de incertidumbre jurídica, económica y de legitimidad social.
El acuerdo propuesto, que combina la experiencia en litio de SQM con la capacidad productiva de Codelco, es potencialmente un hito en la estrategia nacional para el desarrollo del litio. Sin embargo, este no solo debe adherirse a rigurosos requisitos legales, sino que también debe garantizar niveles de transparencia y aceptación social de la más alta calidad. De no ser así, la política del litio, vista por algunos como la mayor apuesta del país para su desarrollo futuro, podría nacer ya socavada por cuestionamientos sociales y fragilidades jurídicas.
La reciente decisión de no convocar a una junta de accionistas, optando en cambio por una respuesta específica y aparentemente elaborada a una consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha sido especialmente controvertida. Tal disposición ha levantado críticas de parlamentarios que sugieren que un cambio en el orden de las empresas que se fusionan podría desplomar la interpretación favorable de la CMF. Además, organizaciones de consumidores y representantes de los pensionados han manifestado su preocupación, recurriendo a la superintendencia para defender los intereses de los afiliados a las AFP.
Desde una mirada económica, este cuestionamiento es particularmente grave para un país que, como Chile, ha invertido décadas de esfuerzos para intentar instalarse en un lugar destacado en el contexto mundial de seriedad institucional y de reglas del juego claras para los inversionistas nacionales e internacionales. El que se trate de un acuerdo entre el Estado de Chile representado por Codelco y una empresa de la envergadura de SQM exige particular atención en hacer las cosas bien, por lo que no es entendible que el Gobierno intente desentenderse de los cuestionamientos que pesan sobre su eventual nuevo socio.
Si SQM insiste en que la aprobación del directorio es suficiente, tal decisión podría ser vista no solo como inadecuada, sino como jurídicamente arriesgada y políticamente imprudente. Apostar el futuro de la política nacional del litio a un acuerdo que podría estar sujeto a nulidades futuras y cuestionamientos prolongados, plantea un riesgo demasiado grande, amenazando la estabilidad y la credibilidad de los mercados de capitales chilenos.
Por lo tanto, se hace inevitable que se convoque a una junta de accionistas para que sean ellos, incluidos los representantes de los pensionados del país, quienes otorguen legitimidad legal, social y política al acuerdo. Esta medida no solo fortalecería la posición de Codelco y SQM en el mercado, sino que también aseguraría que el desarrollo del sector del litio chileno se realice de manera sostenible y beneficiosa para todas las partes involucradas, resguardando el futuro económico de Chile.
En resumen, la convocatoria a una junta de accionistas no solo es una necesidad para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, sino que se ha vuelto una medida inevitable para preservar la integridad y la viabilidad futura del sector del litio en Chile y el lugar ganado por el país como una alterativa seria y atractiva para la inversión. En un contexto de desafíos legales y preocupaciones sociales, la junta es un paso crítico y necesario para alinear los intereses de todos los actores y garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. La junta es inevitable.
