Opinión
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a una profunda meditación sobre la segregación social de las escuelas, con su grave impacto en el tejido social y cultural de la nación, y sobre la imperiosa necesidad de mantener esta Ley de Inclusión.
Nuestro propósito al escribir esta columna es proveer información fidedigna sobre las principales reformas educativas de la última década, aportando así a lo que esperamos sea un sano debate, desprovisto de sesgos ideológicos, tanto innecesarios como dañinos.
Las reformas del período 2014-2018 abordaron integralmente la educación inicial y escolar del país: a) la calidad, en términos del mejoramiento de los educadores; b) la educación pública, en términos de su indispensable desmunicipalización; y c) la disminución de la segregación, por medio de la Ley de Inclusión, ya que con los recursos del Estado se había establecido por décadas una verdadera estructura de castas educativas. Las tres reformas fueron largamente discutidas y luego aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.
Sin embargo, en las últimas semanas se han visto numerosas publicaciones de prensa, una verdadera campaña política, criticando algún aspecto de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, promulgada en 2015, que prohibió la selección, eliminó el financiamiento compartido y prohibió el lucro en los colegios particulares subvencionados.
Es ampliamente reconocido que el techo de la calidad de la educación en cualquier país está dado por la calidad de sus profesores. Por esto mismo, en dicho período de gobierno se aprobó la Ley de Carrera Docente de 2017, que mejoró significativamente a) la acreditación de la calidad de la formación docente, b) las exigencias para estudiar pedagogía y educación de párvulos, c) una prueba de conocimientos para todos los egresados de pedagogía, d) un tutor para los profesores novatos en su primer año, e) mejoras importantes a las remuneraciones y f) mejores condiciones laborales de los profesores al disminuir su pesada carga de horas-aula. Con esto se buscó hacer más atractiva esta profesión para los futuros postulantes a carreras de pedagogía… aunque todavía falta, ya que aún hay alta deserción de profesores una vez contratados, dadas las duras condiciones para el ejercicio de su labor. Por cierto, un aspecto muy positivo de la Ley de Carrera Docente fue que, por primera vez, sus cinco tramos de evaluación quedaron fuertemente ligados a mejoras salariales, siendo obligatorio aprobar los tres primeros.
También se aprobó en esa misma época la ley que creó el Sistema de Educación Pública, conocida comúnmente como de “desmunicipalización”, para liberar gradualmente a las escuelas de la tutela de los municipios, de reconocidas falencias en materia de gestión, si bien no en todos, sí en una franca mayoría. Se creó para ello la Dirección Nacional de Educación Pública, y 70 SLEP o Servicios Locales de Educación Pública, dirigidos por profesionales concursados por ADP. Cabe destacar que la participación de la comunidad escolar quedó establecida a través de los Comités Directivos y los Consejos de cada SLEP. Asimismo, se creó un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, plural en su composición, que ha recomendado varias mejoras a este sistema, que no quedaron bien previstas en dicha ley. Ahora está en trámite una nueva versión de la misma, para materializar estas recomendaciones.
Dejaremos hasta aquí la discusión de ambas reformas, pues en lo fundamental no son las que están sometidas hoy a una embestida ideológica. Abordaremos ahora los tres componentes básicos de la Ley de Inclusión.
La Ley de Inclusión persigue la disminución de la segregación académica y social en las escuelas y liceos de Chile que reciben subvención del Estado. Debe destacarse que las fuertes diferencias académicas entre alumnos y entre escuelas están fuertemente asociadas al origen social, como lo prueban los promedios Simce de cada establecimiento, que se pueden predecir con bastante exactitud dependiendo del nivel socioeconómico de sus alumnos y de la comuna donde se ubica. Esta segregación social y geográfica era y es de las peores del mundo, y hacia fines de la década de 2010 venía en aumento, lo cual ha estado destruyendo progresivamente el tejido social y cultural de la nación. Es una herida que tomará varias décadas en sanar… si es que no se retrocede en esta legislación, como pretenden algunos.
También es preciso aclarar que, en lo fundamental, si bien el foco de esta ley es disminuir la segregación, también mejora la calidad en su dimensión cultural, ya que alumnos expuestos a una variedad de compañeros de distintos orígenes sociales sabrán posteriormente convivir en sociedad de mejor manera. Esto debiera considerarse parte de una educación de calidad. Por primera vez, alumnos de los segmentos más pobres pueden ahora aspirar a ser aceptados en escuelas con buenos resultados, sin “pitutos” y en todas las regiones. Veremos ahora los tres componentes de la ley.
En el caso de la Ley de Inclusión, el lucro se definió como la utilidad que distribuían las escuelas a sus dueños, tal como lo hacen las empresas con sus accionistas. A raíz de esta ley, ahora solo se permiten corporaciones sin fines de lucro. Hay quienes dicen que este lucro sería bueno, porque estimula la competencia entre escuelas, lo cual mejoraría la calidad. Nuestra respuesta sería, en primer lugar, que no conocemos países del mundo industrializado, por cierto que muy capitalistas, que permitan el lucro en escuelas subvencionadas por el Estado. La excepción es Suecia, aunque desde 2022 ellas están bajo fuerte crítica, por los desastres que se han evidenciado en grandes cadenas de escuelas con fines de lucro.
¿Por qué esos países, que permiten el lucro en todo tipo de empresas –con lo cual estamos de acuerdo–, no lo hacen en la educación? Dicho en simple, porque los alumnos y apoderados de las escuelas suelen tener una capacidad muy reducida para detectar las distorsiones del proveedor para enriquecerse en exceso. Los economistas llaman a este fenómeno “asimetría de mercado”. Se necesitaría un inspector de la superintendencia instalado a tiempo completo en cada una de las miles de escuelas para evitar estas distorsiones, y ni aun así.
Además, la competencia entre escuelas se basaba absurdamente en esgrimir públicamente los resultados del Simce para quitarse unas a otras los alumnos y ganarse así su subvención escolar per cápita. Lo que hacían de facto muchos dueños de escuelas era segregar (descremar) a los mejores alumnos, expulsando a los de peor resultado, que para eso estaban las escuelas públicas para recibirlos. Eso condujo a que la mayoría de las escuelas públicas del país se convirtieran en “guetos de desesperanza aprendida”, en que se conjuntaban los alumnos más pobres, los de menor rendimiento y los de mayores dificultades socioemocionales. Tomará mucho tiempo devolver la educación pública al estatus que merece y que alguna vez tuvo. Cuando se critica “la baja calidad” de las escuelas públicas, no se toma para nada en consideración la composición de su alumnado ni el origen histórico de esta situación.
Dos tercios de los colegios particulares subvencionados del país solicitaban un copago, es decir, un cobro a los apoderados adicional a la subvención per cápita del Estado. Este iba de $10.000 hasta cerca de $84.000 mensuales, dependiendo del barrio y del estrato social al que dicha escuela estaba apuntando. No se necesita dar muchas explicaciones en este caso, pues el copago constituye una segregación socioeconómica por definición, que llevó a una estratificación casi perfecta: escuelas para los más ricos, para los de clase media alta, media baja y así sucesivamente, hasta desembocar en las escuelas públicas para los más pobres.
Hay quienes defienden el copago diciendo que es bueno que los padres aporten para la educación de sus hijos, como muestra de su compromiso con la educación. Bienvenidos sean… siempre que sean aportes voluntarios, y que no se excluya a un alumno porque sus padres no pudieron copagar algunos gastos indispensables. Por cierto, la exigencia de copago tampoco es permitida en los países OCDE, salvo en educación parvularia y universitaria.
Este ha sido el tema más polémico. La campaña ideológica se refiere virulenta y despectivamente a “la tómbola”, como si se tratara de un casino o una kermesse. En la franja electoral de la campaña presidencial de 2017 se llegó al extremo de burdas caricaturas, al punto que el Presidente Sebastián Piñera se desligó públicamente de ellas, habiendo estudiado en Harvard y conocido un sistema muy similar aplicado en las escuelas del condado de Cambridge. Aquella fue una verdadera campaña del terror escolar, que podría fácilmente reeditarse en la próxima elección presidencial, dadas las intenciones ya declaradas formalmente por los partidos de derecha, que están llamando a la “contrarreforma educativa”, con el apoyo de todos sus centros de estudio.
Esta ley significó el fin de la selección académica por parte de las escuelas y liceos, la que muchas veces implicaba elementos adicionales de segregación social y cultural por medio de entrevistas a los apoderados. Ahora, son estos apoderados los que escogen escuela, y no la escuela a sus alumnos. Es preciso aclarar que esta NO es una “tómbola” al azar. Los apoderados marcan su primera preferencia (por razones de calidad, cercanía, religión o cualquier otro elemento que les parezca atractivo), luego una segunda, tercera, cuarta, etc. Si esa primera escuela tuvo cupos suficientes, el alumno queda admitido. Si no, hay un sorteo. Si no quedó por falta de cupos, pasa automáticamente a postular a la segunda prioridad, y así sucesivamente. Este proceso se administra por medio de un excelente algoritmo desarrollado por la Universidad de Chile, que ha recibido reconocimientos internacionales, y que es similar al de varios países avanzados, lo que pocos mencionan, siendo que es un orgullo nacional. Cabe también destacar que el fin de la selección se implementó con mucho cuidado, por etapas, partiendo en Magallanes, donde por cierto no hubo ningún problema.
Las estadísticas señalan que un elevado porcentaje de los alumnos queda seleccionado en alguna de sus primeras prioridades. Hay, eso sí, algunas comunas, especialmente en el Norte, con franco déficit de cupos, donde se ha producido algún problema, aunque los alumnos que han quedado lamentablemente sin admisión en aquellas comunas son menos del 1% del total. Esta falencia NO es atribuible al Sistema de Admisión Escolar, sino a la realidad de la infraestructura escolar del país. Sin SAE, esos alumnos igualmente quedarían sin cupo, luego de una angustiosa peregrinación entre enero y marzo por diversas escuelas, como solía ocurrir. Ahora postulan desde su casa.
Otros detractores atribuyen al SAE el deterioro de los liceos emblemáticos de Santiago. Eso es completamente falso. Este deterioro comenzó a lo menos una década antes de promulgada la Ley de Inclusión, cuando grupos anarquistas estudiantiles los tomaron como su campo de batalla… y aún no los sueltan. Hoy, estos liceos ni siquiera alcanzan a llenar sus cupos, con o sin selección de sus postulantes, por lo cual el SAE no les hace ninguna diferencia. Muchos buenos postulantes han podido también encontrar en cerca de mil Liceos Bicentenario un lugar adecuado para estudiar –con la conveniencia de que están repartidos en todas las regiones–, con lo cual el daño no es tal, aunque por cierto sería una gran pena perder la que fue cuna de muchos Presidentes de la República.
Hay una queja respecto a la Ley de Inclusión que es menester corregir. Esta hace más difícil y lento de lo razonable abrir nuevas escuelas en zonas con alta demanda y baja oferta. Es una norma que sería bueno corregir pronto, por medio de un ajuste de pocas líneas en la Ley de Inclusión, estableciendo, por ejemplo, un plazo máximo de silencio administrativo, luego del cual se dé por aprobada la solicitud.
Cabe preguntarse ¿por qué hay tanto ataque destemplado a la Ley de Inclusión, que lo que hizo en realidad fue llevar el sistema escolar a los estándares de la OCDE en materia de lucro, copago y selección de los alumnos? No nos corresponde a nosotros contestar en nombre de los autores de estas campañas del terror, pero podemos aventurar algunas hipótesis.
Una primera es de franco utilitarismo político. Como ya se logró introducir el concepto pecaminoso de la “tómbola” en una buena proporción de la población, una nueva campaña tendría francos beneficios electorales.
La segunda hipótesis, mucho más triste, es que a muchos apoderados en definitiva les gusta la segregación social, el “descreme”. Así sus hijos pueden tejer redes sociales futuras con sus pares, en las empresas y universidades, perpetuando, por ende, la reproducción de todos los estratos sociales en Chile. Esto probablemente no se dice, pero muchos lo piensan y es la consecuencia de décadas de segregación económica, social y geográfica.
En suma, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a una profunda meditación sobre la segregación social de las escuelas, con su grave impacto en el tejido social y cultural de la nación, y sobre la imperiosa necesidad de mantener esta Ley de Inclusión, que solo ahora comienza a mellar en algo dicha segregación. Por favor, no más ataques destemplados y engañosos a una falsa “tómbola”. Sobre todo, no juguemos políticamente con la educación de los niños, y concentrémonos en mejorar la calidad de todas las escuelas del país, disminuyendo progresivamente la inequidad de sus resultados.
