Opinión
Lo más grave de todo es que sabemos que existe una tremenda cifra negra en estas materias. Las personas diversas tienen miedo a denunciar actos de violencia o acoso por el mismo temor a la discriminación.
En enero pasado, el Presidente Gabriel Boric dio discusión inmediata al proyecto de reforma a la Ley Antidiscriminación que, tras su presentación en julio de 2019, durmió casi cuatro años en el Congreso hasta que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados lo aprobó y despachó a Sala. Su votación se esperaba para marzo de este año, pero se ha ido postergando.
Estamos a comienzos de mayo y no tenemos noticia alguna sobre la votación de tan sentido proyecto para la comunidad LGTBIQA+. Su importancia radica en que la ley, tal cual está ahora, no solo no contempla ninguna herramienta para prevenir que se produzcan actos discriminatorios –como sí lo considera la reforma–, sino que tampoco cumple con reparar de manera efectiva a quienes han sido violentados, ya que la persona afectada, tras un largo, costoso y lento proceso en que debe demostrar que fue discriminada, no recibe compensación alguna, puesto que la sanción es a beneficio fiscal.
El año pasado tuvimos noticia de la trágica muerte de Ever en Los Ángeles, joven transmasculino que fue asesinado y descuartizado. A este se suma el asesinato de Ariel Millar ocurrido en marzo de este año en Valdivia, entre otros muchos casos. Y mientras los crímenes de odio no se detienen, según cifras del primer estudio sobre violencia homofóbica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 89,3% de la población en Chile que forma parte de la comunidad LGTBIQ+ afirmó haber sido víctima de discriminación, pero solo un 4,3% de las personas discriminadas denunció o reportó estos hechos.
Lo más grave de todo es que sabemos que existe una tremenda cifra negra en estas materias. Las personas diversas tienen miedo a denunciar actos de violencia o acoso por el mismo temor a la discriminación.
Desde el Programa Regional contra la Discriminación que levanta Fundación Iguales y que represento en la Región del Biobío, nos aflige la situación de retroceso actual, y hacemos el llamado a la denuncia, pero entendemos que el panorama no cambiará si la ley no contempla mecanismos eficaces para prevenir, sancionar y reparar los actos de discriminación. Las vidas y dignidad de las personas de la comunidad LGTBIQA+ no pueden esperar más, urge levantar las barreras para avanzar en materia antidiscriminatoria.
