Opinión
Imagen: www.uchile.cl
Se han dado pasos efectivos para avanzar en una política pública que tiende ahora a la creación de condiciones para el desarrollo de una cultura de la calidad y de la mejora continua, en las distintas instituciones, lo que protege a los estudiantes chilenos.
En nuestro país y en América Latina y el Caribe en general, se ha verificado en este último cuarto de siglo un crecimiento expansivo de la matrícula en la educación superior, que no es otra cosa que el reflejo de los profundos cambios que ha experimentado nuestra sociedad.
Como consecuencia, se ha producido un incremento significativo de la oferta educativa, con la creación de nuevas instituciones de Educación Superior, principalmente de naturaleza privada.
Parece relevante destacar que en América Latina y el Caribe un 50% de la matrícula se verifica en instituciones privadas, superando en algunos países el 60%, como es el caso de Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Honduras, Nicaragua, entre otros.
Chile ha avanzado sustancialmente en su legislación, donde explícita o implícitamente se da la consideración de que, satisfecha ya la demanda por educación superior, tanto en el nivel técnico como profesional; es decir, los aspectos cuantitativos de la oferta, corresponde ahora atender aquellos aspectos vinculados a su calidad.
Asistimos a un cambio de la política pública, enfocada durante años a satisfacer el financiamiento de esa nueva matrícula, a atender ahora materias vinculadas al aseguramiento de la calidad.
A cinco años de promulgada la Ley de Educación Superior en Chile, que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, cabe preguntarse cuál es el panorama actual de la acreditación en Chile y cómo se garantiza a los estudiantes una educación de calidad. Chile es un país que, en el concierto latinoamericano, inició muy tempranamente -ya a fines del siglo pasado- la elaboración de un marco legal y reglamentario orientado al aseguramiento de la calidad en su sistema de educación superior.
La creación del Consejo Superior de Educación (CSE), en 1990, marca el inicio de un sistema que con los años se ha ido perfeccionando. El CSE operó por casi dos décadas, siendo sustituidas sus principales funciones por el Consejo Nacional de Educación (CNED), creado por la Ley 20.370 (2009).
Por su parte, la Ley 20.129, promulgada el año 2006, estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, que constituyó un sistema de acreditación institucional de carreras y programas, creando para tal efecto la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Posteriormente, la Ley 21.091, promulgada el 2018, entre otras materias, creó una Subsecretaria de Educación Superior, que estableció un nuevo sistema de acceso, creando además la Superintendencia de Educación Superior, un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la E.S. y estableciendo el sistema para la gratuidad, entre otros.
Este conjunto de cambios legales ha ido regulando el sistema de educación superior, orientado al aseguramiento de la calidad, incorporando normas y regulaciones, que responden a la complejidad que ha adquirido el sistema nacional.
Se han dado pasos efectivos para avanzar en una política pública que tiende ahora a la creación de condiciones para el desarrollo de una cultura de la calidad y de la mejora continua, en las distintas instituciones, lo que protege a los estudiantes chilenos y les permite acceder a instituciones de calidad, que pueden respaldar títulos verdaderos con los cuales enfrentar el mercado laboral actual, en toda su diversidad y complejidad.
