Opinión
Resulta evidente que enviar conscriptos en instrucción a zonas de alta montaña sin una preparación cuidadosa es un despropósito. Hacerlo repetidamente y no tomar conciencia de ello, es una irresponsabilidad criminal.
La triste situación ocurrida con un grupo de conscriptos en la frontera norte del país golpeó tanto los valores humanos de una profesión noble como la militar, así como el prestigio y eficiencia profesional del Ejército de Chile.
Guiadas, las Fuerzas Armadas, esencialmente por principios de honor y verdad, no resulta gratificante para el país ni menos para el Ejército que graves hechos de descontrol de procedimientos internos se conozcan por filtraciones a la prensa, o sean tardíamente atendidos por el mando. Peor, si están referidos a la cultura organizacional interna o a malos diseños de instrucción primaria, bases esenciales en la formación de sus recursos humanos.
Si bien lo ocurrido atañe directamente a la responsabilidad militar, sería incorrecto e injusto decir que solo involucra al mando castrense, pues este no se da en el vacío político del Estado y, cuando ocurren situaciones como la descrita, queda en evidencia también la existencia de una débil conciencia y formación civil en los temas militares y de defensa de las autoridades civiles del sector, empezando por la Presidencia de la República.
El país está consciente de que el poder político ha usado los cargos superiores de ministros y subsecretarios como una variable de ajuste de maniobras políticas, tanto de izquierdas como de derechas. Desde la recuperación de la democracia en 1990, los gobiernos nunca han enfrentado de manera abierta la tarea de superar el cerrojo corporativo que las FF.AA. cultivaron durante la dictadura frente al poder civil. Tampoco ha existido una política militar profesional de parte de la sociedad civil, con fuertes componentes técnicos, que ayudara a superar la lógica del “diálogo civil-militar”.
Lo ocurrido en el norte no es diferente a lo sucedido en mayo de 2005 en Antuco, donde perdieron la vida 44 conscriptos y un suboficial en una marcha de montaña hecha de manera absolutamente irresponsable. Y pese a tres Libros de la Defensa Nacional publicados, que reconocen la complejidad estratégica del país (hoy geográfica, geofísica, social y cultural), la tensión técnica y profesional permanece anclada a aspectos financieros y temas relativos a los derechos humanos.
Chile tiene una geografía difícil, que hace que parte de su componente militar terrestre tenga una vocación natural a formar contingente de alta montaña. Experimentar situaciones como Antuco, la de la Brigada Huamachuco o las pérdidas de contingente en la Antártica, todos ámbitos críticos para el país, dejan su imagen militar en el campo de la indefensión ante cualquier amenaza o riesgo. Peor, si no hubo lecciones aprendidas en casi 20 años desde lo ocurrido en Antuco, o un debate nacional generalizado acerca de las amenazas críticas de seguridad en la frontera norte, dejando en evidencia la contradicción entre lo que se dice, lo que se hace y lo que realmente ocurre en materia militar en esa zona. La brecha entre doctrina y realidad resulta en un ridículo internacional.
En los campos aéreo y marítimo también existen brechas, aunque de menor notoriedad. La complejidad geoestratégica longitudinal de Chile supone la necesidad de atender el mar como “la carretera” de mayor volumen y velocidad promedio para movilizar recursos de todo tipo, y atender la logística de sobrevivencia que requiere su núcleo vital. Chile, un país de escasas bahías profundas, requiere de un redespliegue marítimo hacia sistemas que pongan la atención oceánica que desde hace décadas pide la Armada, particularmente por la profundidad y alcance del vértice de Rapa Nui con los extremos continentales. Pero necesita de manera urgente usos adecuados de borde costero, tanto en equipamiento como en sistemas de puertos y vialidad interior que, como infraestructura crítica, vuelve a poner la atención sobre corredores bioceánicos, generando un enlace natural de interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas. Nuestro hinterland es continental sur y no solo nacional.
Algo similar pasa en lo aéreo con extremos críticos, Antártica y desierto minero, que requieren de una intervención profunda, sobre todo como capacidad de alta velocidad a zonas de crisis. Demanda cara, dada nuestra extensión, donde el transporte debe acompañar la capacidad disuasiva de primer golpe aéreo y facilitar la interfase de interoperabilidad. La política satelital usada de manera inconsistente hasta ahora es esencial, por el domo geográfico de nuestra ubicación en el planeta. Y requiere satélites estacionarios de comunicación y radáricos, mientras los de imagen, en los que el país ha invertido sin resultados eficientes, son sustituibles por la compra de imágenes en el abundante mercado actual.
Si se sigue esta u otra lógica de necesidades estratégicas, como lo señalado en los párrafos anteriores, resulta evidente que enviar conscriptos en instrucción a zonas de alta montaña sin una preparación cuidadosa es un despropósito. Hacerlo repetidamente y no tomar conciencia de ello, es una irresponsabilidad criminal. Que las autoridades encargadas de tener control de gestión sobre el tema, y que autorizan compra de balas o calcetines, lo hagan descuidadamente, es igualmente omisión criminal en sus funciones.
Como en cualquier profesión, los militares profesionales tienen modos de instrucción y diseños operativos con momentos de extrema tensión, cuya expresión mayor es la guerra. Pero esta, como prueba de vida o muerte, va precedida de la llanura de la instrucción, la cual es el reflejo doctrinario real de lo militar que se predica sobre la defensa de la patria.
Ergo, ni los militares pueden excusarse de no estar informados, pues la responsabilidad del mando no se delega, algo que olvidó Ricardo Lagos con Luis Emilio Cheyre en el caso de Antuco. Tampoco las autoridades civiles pueden escudarse en la intangibilidad de los derechos humanos, en lo que todos estamos de acuerdo, para limpiarse de responsabilidad política y administrativa de no gestionar adecuadamente su sector. Porque eso lleva a la doctrina del “yo no fui” o “yo no estuve informado”, y los errores, omisiones e ineficiencias terminan siendo pagados por un cartero que trajo misivas con malas noticias, o lesiones de derechos esenciales de los inferiores de rango.
Responsables en el caso del norte son tanto el mando militar como el gabinete completo del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de la autocrítica de La Moneda en todo el tema.
