Opinión
Chile no es ajeno a este contexto y también ha debido enfrentar las consecuencias negativas de estas crisis globales y sus implicancias en términos de crecimiento y desarrollo.
La relación entre medio ambiente y desarrollo, qué duda cabe, se encuentra altamente tensionada en la actualidad. La emergencia planetaria asociada a la triple crisis ambiental –cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación–, las consecuencias de la pandemia del COVID-19, las crisis internacionales de carácter político, de seguridad, económicas y los conflictos armados, han cambiado las prioridades de los países e incidido fuertemente en el panorama global del desarrollo, afectando en gran medida las agendas nacionales y los compromisos para conseguir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Chile no es ajeno a este contexto y también ha debido enfrentar las consecuencias negativas de estas crisis globales y sus implicancias en términos de crecimiento y desarrollo. Aunque logró demostrar una importante capacidad de recuperación y resiliencia a los impactos de la pandemia (la tasa de pobreza por ingresos en Chile cayó a 6.5% en 2022), persiste una fuerte preocupación en nuestra sociedad de que los impactos de las crisis ambientales en el país puedan generar un aumento de la pobreza y desigualdad, además de la vulneración de derechos humanos fundamentales, como la salud, alimentación, trabajo, educación, entre otros.
En efecto, las reflexiones contenidas en el reporte Miradas Sostenibles: la visión de los chilenos y chilenas sobre medio ambiente y cambio climático (PNUD, 2024), muestran que el principal desafío es replantear el modelo y las condiciones de desarrollo actual del país, con el objetivo de equilibrar la importancia de las dimensiones económica, social y ambiental. Lo anterior, implicaría disminuir la primacía de la dimensión económica del desarrollo por sobre las otras dimensiones (social, ambiental), primacía que es vista como causa de la degradación ambiental, los problemas e injusticias socioambientales nacionales, así como de la desatención y subvaloración de otras formas de concebir el desarrollo y la relación sociedad-medio ambiente.
Este anhelado equilibrio entre el crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente, se plantea como algo posible si se adoptan medidas que permitan cambiar los modos de producción y consumo hacia una economía circular; promover prácticas laborales inclusivas y empleos verdes; mejorar las condiciones de acceso y uso del agua; avanzar en una política de descentralización y aumentar la innovación social y tecnológica, entre muchas otras soluciones que se identificaron como prioritarias. Además, se propone fortalecer la educación ambiental como herramienta de empoderamiento y transformación, profundizar en ámbitos como la participación y democracia socioambiental, asegurando la inclusión de voces que habitualmente no son o no se sienten escuchadas y promover una mayor equidad territorial y asignación de recursos financieros a nivel local.
Aunque a nivel nacional existen múltiples logros en varios de los ámbitos antes mencionados, la percepción es que la crisis ambiental, al ser un fenómeno multidimensional y complejo, requiere ser abordada de manera más integrada y transversal por parte de las instituciones públicas, generando mayores incentivos para inversiones sustentables al sector privado, y fortalecer la gobernanza ambiental a través del aumento de mecanismos de participación ciudadana continua de carácter vinculante y con la extensión del consentimiento informado a todos los actores de las comunidades, lo que permitiría profundizar la democracia en la toma de decisiones en la materia y que dichas medidas tengan pertinencia territorial.
Es importante destacar que materializar estos derechos y esfuerzos no solo es tarea de los gobiernos y así lo han planteado los diversos grupos que participaron en estos diálogos. Cada uno de nosotros y nosotras desempeñamos un papel fundamental en el cumplimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, para las generaciones presentes y futuras. Ello, tanto de forma individual, a partir de nuestros propios hábitos y comportamientos, pero también de forma colectiva, a través de mayores exigencias a nuestros(as) líderes(as) sobre un cambio de paradigma en la relación entre las personas y su entorno natural.
Entendemos la envergadura y complejidad de los desafíos, los miramos con preocupación, pero somos también conscientes de nuestra responsabilidad, y de que el enorme potencial transformador de la sociedad actual puede ser utilizado también con propósitos que mejoren las condiciones de vida de nuestro país, en especial de quienes poseen mayor necesidad. Que la urgencia de las crisis no nos impida ver más allá, y sigamos definiendo senderos bien marcados de transformación, justicia y sostenibilidad, que no dejen a nadie atrás.
