Opinión
La administración actual ha impulsado una agenda de reformas ambiciosa, destinada a abordar la desigualdad y fortalecer el sistema de protección social, pero ha enfrentado resistencias injustificables que solo pueden explicarse en términos de bloqueo político.
A la derecha chilena le está fallando un componente clave en su estrategia. Las noticias que nos llegan de la economía no logran cuadrar con lo vaticinado. El cataclismo no llega. Por más que se publiquen las cifras económicas, la derecha y sus opinólogos económicos intentan tergiversar la evidencia planteando un escenario apocalíptico que nunca arribó. No les importa que los desmienta la realidad. Una y otra vez tratan de crear una atmósfera depresiva y embustera con una intención antidemocrática. Su tesis es: o gobernamos nosotros o la economía del país se hundirá.
Pero si se evalúa el desarrollo de la economía bajo el mandato de Gabriel Boric, las políticas implementadas, los desafíos enfrentados y los resultados obtenidos desde marzo de 2022, el cuadro es diametralmente distinto.
Este Gobierno asumió en un contexto complejo, marcado por los efectos de una mala gestión de la pandemia de COVID-19, además de la crisis económica global, la incertidumbre política interna y grandes demandas sociales por mayor equidad y justicia social. El Gobierno ha debido equilibrar con cuidado la recuperación del crecimiento económico con el impulso a una agenda de reformas sociales profundas, aún por implementar.
Durante los dos primeros años de la actual administración, la economía chilena ha mostrado una clara recuperación marcada por factores internos y externos. Las proyecciones de crecimiento económico han sido revisadas al alza en varias ocasiones, a pesar de los desafíos macroeconómicos y las tensiones sociales. Chile, como muchos otros países, experimentó hasta 2022 un aumento en la inflación debido a la crisis global de suministros y los efectos residuales de la pandemia.
A pesar de los agoreros, la disminución del ciclo inflacionario fue más rápido y sustancial que lo que el mercado esperaba, y hoy se proyecta sin inconvenientes la meta de un 3%. Luego de la aplicación de una política monetaria restrictiva para controlar la inflación, que implicó un aumento en la tasa de interés, ahora se han generado condiciones para su reducción.
La inversión privada internacional ha mostrado señales de aceleración, mientras el Gobierno ha buscado incentivar la inversión pública en infraestructura y proyectos sociales. Las grandes instituciones inversoras internacionales se han visto conquistadas por la economía chilena, pese a la inestabilidad política. El país ha mostrado una gran resistencia en un contexto de menor crecimiento mundial y en condiciones financieras globales muy restrictivas.
La tasa de desempleo ha mostrado cierta mejora pospandemia, aunque persisten desafíos en la creación de empleos de calidad y la reducción de la informalidad laboral. Pese a eso, se ha logrado el aumento del salario mínimo, la ley de las 40 horas, la regulación del trabajo a distancia, y la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva. El valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), mostró en marzo su reducción mensual más relevante desde que se inició la medición de la serie actual en noviembre de 2013. De esa forma se ha logrado retomar la senda de reducción de la pobreza anterior a la pandemia.
Si algo ha conspirado frontalmente contra la recuperación del país ha sido la dificultad de lograr apertura en el Congreso, lo que ha afectado la implementación de políticas clave. En el actual momento de nuestro desarrollo, el mayor lastre al crecimiento es la resistencia de la derecha, y de los sectores empresariales menos innovadores, a los esfuerzos por reducir la desigualdad, que persiste como problema estructural que imposibilita mejoras sustanciales en el corto y mediano plazo.
En este ámbito, la resistencia a aumentar la recaudación fiscal para financiar programas sociales y fortalecer el sistema de protección social es el principal obstáculo a la sostenibilidad financiera del Estado. La introducción de nuevos impuestos y modificación de los existentes, la lucha contra la evasión y elusión fiscales, y el aumento de la progresividad del sistema tributario, son medidas indispensables de cara al futuro inmediato.
Otra medida que ha sido resistida ha sido la reforma de pensiones, que busca mejorar en lo inmediato las pensiones de los jubilados y reducir la desigualdad en los ingresos de los pensionados. Las propuestas que se debaten ya habían sido concordadas con la derecha en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet: aumentar las cotizaciones obligatorias, crear un sistema de pensiones más solidario y fortalecer el pilar contributivo. Pero la irresponsable resistencia de los sectores que defienden el sistema de AFP está bloqueando una política que contribuiría a superar la mayor crisis social que lastra al país y que afecta a la inmensa mayoría de los pensionados y sus familias.
Seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina. En la actualidad el ingreso nacional promedio anualizado es de $14.083.780. Mientras que el 50% más pobre gana en promedio $2.866.570 al año, el 10% de mayores ingresos gana casi 30 veces más, lo que equivale a $82.966.190 anualizados. La riqueza promedio del 50% de menores ingresos es negativa, producto del endeudamiento. Por otra parte, el 10% más rico posee el 80% de la riqueza y el 1% superior el 50% del total nacional. Estos datos se mantienen relativamente estables desde 1995.
La desigualdad no solo es un escándalo ético incalificable. Aunque lo traten de negar, es el factor determinante de nuestra “inferioridad económica”, ya que produce enormes efectos negativos en términos de bienestar social, e impide construir un sistema económico favorable a la innovación, al aumento de la productividad y la protección social y ambiental de la población. Sin un marco básico más igualitario es imposible incentivar un ciclo económico más virtuoso, que redunde en calidad de vida. En definitiva, el anhelado crecimiento de los años 90 no volverá mientras no se logre mayor eficiencia institucional del Estado y las empresas, lo que es inviable sin una estructura fiscal distinta.
La administración actual ha impulsado una agenda de reformas ambiciosa, destinada a abordar la desigualdad y fortalecer el sistema de protección social, pero ha enfrentado resistencias injustificables que solo pueden explicarse en términos de bloqueo político. Y aunque la economía chilena haya mostrado signos de recuperación, lo que ha quedado en evidencia es que la tremenda mezquindad política de la oposición no puede tolerar el éxito a largo plazo del actual Gobierno.
Lo que ocurra a futuro dependerá en gran medida de la evaluación que realice la ciudadanía de esta falta de generosidad de un sector político que se ha negado a construir consensos y colaborar a unas reformas que no benefician a nadie más que a las personas.
