Opinión
Chile no está ajeno a la realidad regional, pues no obstante se han alcanzado diversas reformas legales que reconocen y protegen los derechos de las personas LGBTIQA+, la violencia persiste.
A comienzos de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre las violentas muertes que afectan a personas LGBTIQA+ en Latinoamérica, llamando a los Estados a tomar medidas para prevenir la discriminación y violencia hacia quienes conforman estos colectivos. Paradójicamente, en el mes de la conmemoración del Día Internacional Contra el Odio hacia las personas LGBTIQA+ (Idahot, por sus siglas en inglés), observamos con especial preocupación el panorama regional relativo a la efectiva protección de los derechos humanos de las diversidades sexogenéricas.
Hace 34 años, un 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, constituyendo un hito en la lucha por la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad. Este mes, rondando esta fecha conmemorativa, el Ministerio de Salud peruano emitió un decreto actualizando el Plan Esencial de Aseguramiento en la Salud, el cual categoriza a las personas transgénero como “personas con problemas de salud mental”.
El referido decreto resulta alarmante, pues supone la estigmatización y discriminación hacia identidades de género diversas, reproduciendo narrativas patologizantes que han sido superadas por instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia. Este reciente decreto constituye una de las arremetidas más manifiestas –ciertamente no la única– en contra de los derechos de las personas LGBTIQA+ en Perú.
Sumado a lo anterior, y también durante este mes, la región se conmocionó ante el brutal ataque perpetrado hacia cuatro mujeres lesbianas en Barracas, Buenos Aires. Estos hechos produjeron la muerte de tres de las cuatro mujeres atacadas, permaneciendo una sobreviviente a la fecha. Cabe destacar que la tragedia ocurrió tras meses de constantes hostigamientos del atacante hacia este grupo de mujeres producto de su orientación sexual, lo que culminó con el lanzamiento de una bomba molotov a la habitación en que ellas dormían el pasado 6 de mayo.
Voy a ser clara: lo anterior constituye un crimen de odio, pues la motivación del perpetrador nace a partir de su desprecio hacia estas mujeres debido a su orientación sexual, y supone una vulneración al derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad y no discriminación de las víctimas. Sin perjuicio de la magnitud de lo ocurrido, el Gobierno argentino ha invisibilizado la situación, avalando y reproduciendo a su vez discursos de odio hacia colectivos LGBTIQA+.
Estas gravísimas situaciones no obedecen a hechos aislados, sino que devienen de actos sistemáticos de discriminación. Cabe detenernos en esto último, pues tolerar y normalizar este tipo de conductas por parte de las sociedades democráticas culmina en calamidades como las descritas precedentemente.
Chile no está ajeno a la realidad regional, pues no obstante se han alcanzado diversas reformas legales que reconocen y protegen los derechos de las personas LGBTIQA+, la violencia persiste. Basta recordar el crimen de odio cometido en contra de Ariel Millar a comienzos de este año. A su vez, durante el último año se ha constatado que los casos de discriminación hacia personas LGBTIQA+ han aumentado, contrastando con el escaso número de denuncias presentadas al respecto.
Esto nos lleva a reconocer la falta de respuestas institucionales eficaces en contra de la discriminación y a reflexionar acerca de las falencias de nuestra actual norma antidiscriminatoria, a 12 años de su promulgación. En este contexto, resulta fundamental destacar la falta de perspectiva preventiva en sus disposiciones, pues el Estado no puede limitarse a reaccionar exclusivamente tras la ocurrencia de hechos que vulneran los derechos fundamentales de grupos históricamente marginados. De esta forma, el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la imperativa necesidad de implementar políticas públicas preventivas y medidas concretas ante este tipo de conductas, es del todo atingente.
A pocos días de que en la Cámara de Diputadas y Diputados se vote la reforma a la Ley Antidiscriminación, enfatizamos la importancia de consolidar una institucionalidad antidiscriminatoria que se haga cargo de las causas subyacentes a la discriminación y violencia. Solo así, mediante la prevención, podremos avanzar en erradicar la discriminación, garantizando que toda persona pueda desarrollarse en espacios libres de violencia, sin distinciones, lo que constituye un desafío para profundizar nuestra democracia.
