Opinión
El monopolio legítimo de la violencia debe seguir siendo del Estado, abordando todo su territorio. Un territorio que supera la convención de los mapas, que supera la interpretación clásica de terrorismo y violencia paramilitar.
La primera vez que los seres humanos conocimos una fotografía del planeta Tierra, fue gracias a la imagen captada por el cosmonauta ruso Guerman Titov desde el espacio en 1961. Podría decirse entonces que el mapa definitivo nunca más se borró en nosotros, y se fue sofisticando con las nuevas tecnologías.
Hay mapas políticos y geográficos y ambos permiten orientarse: el primero para determinar la soberanía y el segundo donde se evidencia nuestra accidentada geografía. Sin embargo, cuando hablamos del territorio no es representación, sino más bien un sentido de pertenencia, es percepción y realidad. Allí donde ocurren sucesos: los explicables y los no tanto. Alianzas y disputas, que van más allá de las lógicas tradicionales. Así, los vínculos y asociaciones superan las clásicas matrices de riesgo.
Las categorías descritas, permiten adentrarse en los sucesos recientes, ocurridos en la Región del Biobío, donde fueron asesinados tres carabineros y luego quemados junto a la camioneta blindada en que viajaban y sus armamentos robados por los autores del crimen.
Pues bien, la muerte de los uniformados que vigilaban la zona, asolada por delincuentes que roban madera, también por las autodenominadas organizaciones de resistencia territorial, robo de autos, tráfico de armas e incluso drogas, nos hace pensar que el control que debiera tener el Estado va mucho más allá de las convenciones jurídico administrativas.
Dicho de otra manera, y al menos por ahora, la única claridad es que el poder del Estado no ha llegado a ese territorio o, bien, lo ha hecho a medias. Primero, porque el imperio de la ley carece de una cobertura que se inserte en un control exhaustivo de la cultura de Arauco, reduciéndose exclusivamente a los medios formales que entrega la Constitución y las leyes. Segundo, existe una reducida oferta de políticas y programas públicos, que permitan la apropiación cultural del concepto Estado-nación.
La zona, que lleva más de dos años en Estado de Excepción Constitucional –el más largo desde la vuelta a la democracia–, arrojó recientemente resultados positivos para el Gobierno, dados a conocer por la Subsecretaría de Prevención del Delito: los ataques y tomas de terrenos, robo de madera y otros, habían disminuido de forma considerable, algo que los inquilinos de Palacio celebraron con fruición. Pudo ser un triunfo estadístico, pero la realidad es que la muerte de los policías demostró que el suma y resta es insuficiente ante la desgracia.
La teoría política y la del poder establecen que el Estado debe tener el control territorial y el orden público. De allí que, al día siguiente de ocurrido el homicidio que hoy investiga la Fiscalía, el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario Manuel Monsalve, el titular del Ministerio Público, Ángel Valencia, miembros del Parlamento, entre otros, viajaron a la zona. El símbolo era evidente: el Estado y el Gobierno no permitirán bajo ningún motivo una criminalidad de esas características.
Podría decirse que hubo una suerte de copamiento político-institucional en la zona, sobre todo porque el crimen de los tres carabineros ocurrió el 27 de abril, el mismo día en que la institución celebraba su nacimiento. Acto seguido, intimidó a una sociedad entera, dando un tipo de señal como las acaecidas en México y Colombia.
Como haya sido, ese territorio y sus características geográficas hacen difícil el trabajo del Ministerio Público para encontrar a los responsables. En ese territorio la naturaleza es silente, convive con el ruido de los animales que lo habitan y comparten los ángulos rectos de casas y carreteras. Pero ese territorio varía a diario en lomas y cerros, entre otros, que lo hacen difícil de memorizar, porque además sufre modificaciones a diario en las distintas épocas del año.
Por todo lo anterior, el monopolio legítimo de la violencia debe seguir siendo del Estado, abordando todo su territorio. Un territorio que supera la convención de los mapas, que supera la interpretación clásica de terrorismo y violencia paramilitar.
